SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1096/2022-S3

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia y el principio de seguridad jurídica; puesto que, en el fenecido proceso laboral de reincorporación interpuesto por su persona en etapa de ejecución de sentencia, solicitó el pago de sueldos devengados, aguinaldos, asignaciones familiares y el retroactivo salarial; es así que, el Juez de primera instancia emitió el Auto Interlocutorio 2/2021 de 15 de febrero, disponiendo el pago de sueldos devengados, en un determinado porcentaje y denegando el pago de aguinaldos, multas, asignaciones familiares y el retroactivo salarial; dicho Auto Interlocutorio fue objeto de recurso de apelación por las partes; por lo que, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 396/2021 de 7 de septiembre; por el cual, anularon el citado Auto Interlocutorio y la “…aclaración de fecha 14 de abril de 2021 (…) del testimonio…” (sic); sin una debida fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto: a) De los antecedentes refiere que el recurso de apelación no fue contestado por ninguna de las partes, aspecto que resulta ser falso; ya que su persona presentó memorial contestando el recurso de apelación; b) No precisa en qué supuesto agravio expresa “…la falta de juramento previo al pago de los sueldos devengados…” (sic), menos se identificó norma alguna o precedente jurídico, que establezca que se deba presentar dicho juramento previo a la determinación de los sueldos o salarios devengados, para la procedencia de la nulidad del acto procesal; y, c) Los Vocales ahora accionados, no cumplieron con los principios que regulan la procedencia de la nulidad.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

         La SCP 0358/2019-S2 de 5 de junio, estableció que: “Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, señaló que: ‘El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre[1], la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio [2], se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

         En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

     … a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

     En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio [3], precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

     Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre[4] se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre[5] la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero[6]-.