SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0098/2023-S1

El accionante considera lesionado su derecho a la libertad personal; toda vez que, dentro del proceso de resolución inmediata de asistencia familiar que le sigue Sonia Blanca Durán Vargas, el 10 de noviembre de 2021, la autoridad demandada expidió en su contra un Mandamiento de Apremio, que posteriormente se ejecutó, sin que el Auto Interlocutorio de 5 del mismo mes y año, a través del cual fueron resueltos y rechazados los incidentes de nulidad que planteó, haya quedado ejecutoriado, en vista de que interpuso un recurso de reposición bajo alternativa de apelación en su contra, el cual, a la fecha -se entiende a la presentación de esta acción de defensa- no fue resuelto.

Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se tomarán en cuenta el siguiente eje temático: i) El cumplimiento de la asistencia familiar a razón del principio del interés superior del menor; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. El cumplimiento de la determinación judicial de pago de asistencia familiar y el principio del interés superior del menor.

La Constitución Política del Estado ha desarrollado un amplio catálogo de derechos en favor de las niñas, niños y adolescentes, es así que en su        art. 60 estableció lo siguiente: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. Sobre el particular, la SCP 0186/2018-S2 de 14 de mayo, describió al régimen de protección especial diseñado por el Estado Plurinacional de Bolivia para la protección de los mismos, señalando lo siguiente:

“Conforme a lo anotado, en el régimen constitucional de protección especial de las niñas, niños y adolescentes, se resalta sus derechos a su desarrollo integral, a la preeminencia de sus derechos y a la primacía para recibir protección; así como el principio de interés superior de la niña, niño y adolescente. En mérito a ello, la jurisprudencia constitucional incluyó a las niñas, niños y adolescentes al grupo de personas vulnerables, a cuyo favor, el Estado tiene el deber de realizar acciones afirmativas para materializar la igualdad y la equidad, a través de políticas públicas que favorezcan su calidad de vida, sin perjuicio de la obligación de los cónyuges o convivientes de atender en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos, con la finalidad de lograr su desarrollo integral físico y psicológico”        (el resaltado es añadido).

Ahora bien, en cuanto al principio de interés superior del menor, que rige al régimen de protección especial diseñado para la protección de los derechos de aquel sector de los denominados grupos vulnerables, la SCP 1591/2012         de 24 de septiembre señaló:

“Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño” (el resaltado es añadido).

En cuanto a la corresponsabilidad que tiene el Estado, la sociedad y la familia en el régimen de protección especial, estructurado en la Constitución Política del Estado y en el Sistema Internacional de Protección de los Humanos de los Menores de Edad, que se rigen por el principio de interés superior del menor, la SCP 0781/2019-S3 de 21 de octubre señaló lo siguiente:

“El interés superior de las niñas, niños y adolescentes implica adoptar toda situación que favorezca el desarrollo integral de los mismos en el goce de sus derechos y garantías, afirmación que lleva consigo una obligación para el Estado, la sociedad y las familias. Al respecto la Opinión Consultiva OC-17/02. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"62. La adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece. Sobre este punto, el artículo 16 del Protocolo de San Salvador manifiesta que todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho de crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo"                     (el resaltado es añadido).

Entre aquellas medidas necesarias que se adoptaron por parte del Estado Plurinacional de Bolivia para con las niñas, niños y adolescentes, se encuentra el establecimiento, a través de la Ley 603 de procesos exentos de formalismos innecesarias con el objeto de materializar el derecho que estos tienen a la asistencia familiar. Derecho sobre el cual, la                             SCP 0683/2020-S1 de 4 de noviembre ha señalado:

“La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 64.I el deber de los cónyuges de aportar, en igualdad de condiciones, a la formación integral de los hijos, expresando textualmente que: "Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad".

En correspondencia con esta norma, el art. 108 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece, entre los deberes de los bolivianos y bolivianas, el de "9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos" (las negrillas son nuestras); deber cuyo cumplimiento tiene que ser garantizado por el Estado, de acuerdo al art. 9.4 de la CPE. En sintonía con la citada Ley Fundamental, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en su art. 109 establece el contenido de la asistencia familiar, expresando: