SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0356/2023-S2

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la impugnación o doble instancia, a la defensa, al trabajo y a una justa remuneración; toda vez que, Vladimir Ticona Paredez, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa -demandado-, a través de Oficio MD - DGAJ – UGJ - 0094/2022 de 19 de enero, omitió y restringió realizar el trámite previsto para el recurso jerárquico que interpuso, impidiendo que sea revisado por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del citado Ministerio.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  El principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

Al respecto la SCP 0314/2021-S2 de 16 de julio, reiterando el entendimiento de la SCP 0047/2017-S2 de 6 de febrero, sostuvo que: «“…la regulación efectuada por el constituyente respecto al amparo constitucional, estructura esta acción sobre la base de los principios de sumatoriedad, inmediatez, eficacia, idoneidad y oportunidad, a partir de los cuales se consagra la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronta y oportuna, para el resguardo de derechos fundamentales y garantías constitucionales contra actos u omisiones lesivos provocados por servidores públicos o particulares.

(…)

Ahora bien, este mecanismo de máxima protección se rige al mismo tiempo por dos principios configuradores que hacen a su naturaleza: la subsidiariedad y la inmediatez; el primero, entendido como el agotamiento previo o la constatación de la inexistencia de otras vías o recursos legales para la protección inmediata de los derechos denunciados como conculcados, por cuanto, no sustituye o remplaza a los recursos o instancias ordinarias prestablecidas en el ordenamiento jurídico. El segundo, instituye al amparo constitucional como un mecanismo inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite percibir que este mecanismo de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de sumariedad, celeridad y eficacia.