SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0359/2023-S3

Los peticionantes de tutela consideran lesionados sus derechos al agua, al trabajo en su vertiente de ejercer una actividad lícita, “…al regular ejercicio de la concesión de servicios de agua potable mediante el ejercicio del derecho cooperativo…” (sic), al debido proceso en su vertiente del principio de legalidad, vinculado con la seguridad jurídica, el “derecho a la jurisdicción” y acceso a la justicia; toda vez que, el accionado con un grupo de alrededor de cuarenta personas, una vez apersonados en las oficinas de COSEPA R.L., supuestamente dando cumplimiento a lo determinado por la autoridad administrativa a través de la RA 028/2022 que revocó su ampliación de mandato, procedieron a cerrar la oficina de administración de la citada Cooperativa colocando una aldaba y candado cuya llave quedó en poder del accionado, ejerciendo de este modo justicia por mano propia, y usurpando funciones de la autoridad competente que no se encontraba a fin de respaldar tal actuación, no habiéndose observado el debido proceso, por cuanto contra la citada Resolución Administrativa se interpuso el correspondiente recurso jerárquico que aún se encontraba pendiente de resolución.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  La acción de amparo constitucional y su resguardo ante vías de hecho

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional con relación a la definición de vías de hecho, los presupuestos para su activación y la finalidad de la tutela constitucional, mediante la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “…en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas ‘vías de hecho’, a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho.

Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas…”.