SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0335/2023-S2

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la vida, a la vivienda, a la dignidad, a la inviolabilidad de su domicilio, a los servicios básicos y a la prohibición de justicia por mano propia, así como, del principio de vivir bien; alegando que, el 16 de abril de 2021 suscribió un contrato de anticresis de una vivienda con Delia Álvarez Fernández, con una vigencia de un año a partir del 12 del mismo mes y año; sin embargo, el 11 de marzo de 2022, la demandada -como garante para la devolución de su dinero- junto a otra persona no le dejó ingresar al domicilio donde habitaba, habiendo cambiado el candado de la puerta de calle; tampoco le permitieron sacar sus documentos personales como su cédula de identidad, dinero y ropa, advirtiendo inclusive que habían entrado a su habitación, despojándole de todos sus enseres y muebles, con la intención de no devolverle el dinero producto de la relación contractual, privándole de sus derechos constitucionales.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  Sobre las medidas o vías de hecho en las acciones de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, definió a las medidas de hecho como: “…el acto o los actos cometidos por los particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho” (las negrillas nos corresponden).

La citada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló las finalidades de la justicia constitucional frente a las denuncias de acciones vinculadas a vías de hecho indicando que: “…es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia…” (el resaltado es agregado).

En cuanto a los presupuestos de activación, el mismo fallo constitucional determinó que: “…es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiariedad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas…” (énfasis propio).