SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0916/2023-S1

La parte accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente del derecho a un proceso justo, a la proporcionalidad en las resoluciones judiciales, al pago preferente y al derecho a la defensa; toda vez que, los Vocales demandados que emitieron el Auto de Vista 230/2021, no han respetado el derecho preferente que la normativa civil reconoce a los acreedores con garantía de primera hipoteca y por ende preferente al pago; realizando una ilegal y arbitraria interpretación al establecer erróneamente que el segundo acreedor tiene preferencia frente al primero, por el hecho de ser ejecutante-adjudicatario en segundo remate, y que no existe norma legal que obligue al acreedor ejecutante que se adjudicó el bien en segundo remate a depositar el precio de la subasta para el pago al tercerista de derecho preferente, puesto que la compensación de derechos y obligaciones se dio entre la acreedora y deudores; por lo que, solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 230/2021, emitido por la Sala Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, ordenando la emisión de un nuevo Auto de Vista en el que se realice una correcta valoración e interpretación de las disposiciones jurídicas aplicables a la hipoteca, el derecho preferente de pago y la tercería de pago preferente y disponga el empoce del precio del remate por parte de la adjudicataria ejecutante o en su caso, se resuelva el derecho retroactivamente hasta el momento de la adjudicación por incumplimiento de pago al tercerista.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 2) La revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales; 3) Sobre la inscripción de la hipoteca y de la ejecución forzosa de los bienes del deudor; 4) Sobre las tercerías en el Código Procesal Civil. La tercería de pago preferente; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1.  La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre^[1]; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio^[2], se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,            b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,             c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio^[3], precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre^[4], se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre^[5], la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-^[6].