SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0666/2023-S4

El impetrante de tutela, denunció la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y defensa, vinculados con los principios de celeridad, legalidad, verdad material y tipicidad, en razón a que, las autoridades policiales demandadas desestimaron su recurso de apelación, confirmando con ello la resolución de primera instancia que dispuso su baja definitiva de la Policía Boliviana; empero, sin observar que fue restituido en su cargo en mérito al sobreseimiento emitido a su favor en el proceso penal, iniciado en base a los mismos hechos investigados en el sumario administrativo sancionatorio tramitado en su contra.  

En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional: Subreglas para el cómputo del plazo de inmediatez

           La Constitución Política del Estado, en su Título IV “Garantías jurisdiccionales y acciones de defensa”, Capítulo Segundo “Acciones de defensa”, Sección II, contempla a la Acción de Amparo Constitucional, señalando que: “…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley” (art. 128 de la CPE). Cuyo procedimiento, establecido en el art. 129 de la Norma Suprema, dispone:

           “I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.