SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2024-S2

La parte accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso, a la vida, a la integridad física, a la salud y a la protección e interés superior del niño; alegando que, dentro del proceso de divorcio seguido por su excónyuge         -quien tiene la guarda de sus tres hijos menores de edad-, la Jueza demandada por Auto de 27 de julio de 2022, de manera indebida dispuso se libre mandamiento de apremio en su contra por concepto de asistencia familiar devengada; orden expedida sin considerar que su persona no fue notificada con esa liquidación tampoco que es madre de un infante de diez meses de edad, quien padece problemas de salud, podrían ocasionar otras enfermedades al acompañarla en su traslado al Centro Penitenciario C.O.F. Obrajes de La Paz.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  Procedimiento ante el incumplimiento de la asistencia familiar determinada judicialmente

La SCP 0794/2018-S4 de 26 de noviembre, sostuvo que: “De acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la asistencia familiar constituye, por un lado, un instituto jurídico de orden público e interés social, en mérito de lo cual el Estado, a través de sus órganos e instituciones, tiene el deber de garantizar su cumplimiento, conforme a los fines y funciones asignados al mismo en el art. 9.2 y 4 de la Norma Fundamental; por otro lado, es un derecho, exigible por su titular (beneficiario) por intermedio de los recursos –entendiéndose por estos las acciones judiciales, extrajudiciales o extraordinarias previstas por ley– y medios que tenga a su alcance, todo ello con el fin de garantizar su subsistencia.

En ese ámbito, el art. 109.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar, posibilita la exigencia judicial de la asistencia familiar cuando no se la presta voluntariamente, por cuanto la referida obligación ‘…no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial’ (art. 127.I del indicado Código); en consecuencia, cuando ‘…la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado’ (parágrafo II del artículo citado), para establecer a continuación la misma norma, la forma en la que cesa la referida privación de libertad.

Específicamente en lo que se refiere al incumplimiento de la asistencia familiar determinada judicialmente y el mecanismo coercitivo para su materialización (ejecución de la asistencia familiar), el art. 415 del mencionado Código en los primeros parágrafos, establece:

‘I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días.

[II.] Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día.