SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0209/2024-S2

La accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a una vida libre de violencia, al interés superior de la niña, niño y adolescente, al acceso a la justicia, a la verdad de las víctimas de violencia sexual y al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia interna y externa de las resoluciones; arguyendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su profesor por el delito de violación, la Jueza demandada no hubo observado una administración de justicia con perspectiva de género y enfoque interseccional; debido a que: a) En audiencia de medidas cautelares procedió a cambiar el tipo penal de violación por estupro, concluyendo que existiría una relación de pareja con su agresor, con base en chats mediante WhatsApp, pese a ser evidente la intimidación y violencia psicológica y la consistencia de su relato sobre los hechos, que goza de presunción de verdad según el art. 193.c del CNNA, determinando la detención preventiva del prenombrado a través del Auto Interlocutorio 238 de 7 de octubre de 2023, por concurrir los riesgos procesales de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; y, b) Dispuso la cesación de la medida cautelar impuesta a su agresor por Auto Interlocutorio 516/23 de 29 de noviembre de 2023, sin valoración alguna de la desventaja, subordinación, superioridad y asimetría en razón de su minoridad respecto del mencionado quien se encontraba como responsable de su educación, apartándose de una interpretación favorable respecto de la víctima como establece el art. 47 de la Ley 348, así como, del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional en relación a su protección, no pudiendo los riesgos procesales ser limitados a parámetros que no siempre se ajustan a supuestos preestablecidos, provocando un sentimiento de impunidad y revictimización al permitir que el denunciado pueda eludir su responsabilidad.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres

Vinculado con el tratamiento de niñas, niños y adolescentes, es fundamental traer a consideración lo previsto por el art. 60 de la CPE, que sostiene: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

Sobre la base de dicha normativa, la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, a tiempo de abordar el enfoque interseccional en casos donde se analiza, actos de violencia generados contra niñas, niños y adolescentes mujeres, sostuvo lo siguiente:

“…el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros.

Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito.

Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.

Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: ‘Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño’.

En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección.

A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 48 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas.

Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes.

Así, el art. 15 de la CPE, señala: