SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0198/2024-S2

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1.  Por memorial presentado el 26 de abril de 2022, ante Tania Roxana Peralta Uriona, Jueza Pública de Familia Octava de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora accionada- con la suma “Presenta Nueva Liquidación de Asistencia Familiar” (sic), Rocío Maldonado Pérez, solicitó se rechace la objeción de la liquidación presentada el 30 de marzo de igual año, efectuada por el obligado Jaime Simón Colque López -hoy accionante-, toda vez que el comprobante acompañado por el mismo por la suma de Bs1 800.- data de 12 de abril de ese año; es decir, es posterior a la referida liquidación que comprende solo hasta el mes de marzo del indicado año.

         Escrito que mereció el Auto de 29 de abril de 2022, que declaró improbada la observación planteada por el impetrante de tutela y aprobó la liquidación de 30 de marzo de igual año, ordenándose el pago de Bs16 300.- por concepto de asistencia familiar devengada en el plazo de tres días a partir de su notificación, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio (fs. 20 a 21).

II.2.  Mediante memorial presentado el 10 de mayo de 2022, el peticionante de tutela observó la “nueva” liquidación, señalando que conforme el depósito de Bs1 800.- acreditó el cumplimiento parcial de la obligación, correspondiendo por ello se actualice la liquidación. Ante lo cual, la Jueza accionada por providencia de 16 del indicado mes y año, rechazó la misma por su presentación extemporánea fuera del plazo previsto por el art. 415.I del CFPF (fs. 25 y vta.).  

II.3.  A través de escrito presentado el 12 de mayo de 2022, la demandante en el proceso de asistencia familiar en cuestión, solicitó se expida mandamiento de apremio contra el impetrante de tutela, emitiendo la autoridad accionada a tal efecto decreto de 16 de mayo del señalado año, por el cual estableció que el obligado no canceló la suma adeudada por concepto de asistencia familiar; sin embargo, hubiera realizado dos depósitos bancarios el 12 de abril y 11 de mayo, ambos de 2022, por la suma de Bs1 800.- que son abonados al importe adeudado, ordenándose en consecuencia se expida mandamiento de apremio contra el prenombrado en la suma restante de Bs12 700.- (fs. 30 vta. a 31).

II.4.  Por memorial presentado el 26 de mayo de 2022, el accionante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el “auto” de 16 de igual mes y año, por no haberse considerado los depósitos de Bs1 800.- de fechas 10 de enero, 12 de abril y 11 de mayo, todos del citado año; y, de Bs900.- de 26 de mayo del mismo año, que sumados dan el monto de Bs6 300.- que debieron ser descontados “…de la suma de 14.400 dando como resultado el monto de Bs. 8.100 (…) al 19 de marzo de 2022…” (sic), solicitando además se ordene al Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) expida un extracto bancario; que mereció decreto de 27 de mayo de ese año, por el cual se corrió traslado a la parte contraria, señalando además la autoridad accionada al “OTROSI 1.- No existiendo ningún incidente pendiente que tramitar dentro la presente causa (Observación a la Liquidación), sin lugar a lo solicitado, debiendo el impetrante estarse a lo principal…” (sic [fs. 36 a 37 vta.]).

II.5.  Cursa mandamiento de apremio de 31 de mayo de 2022, expedido por la Jueza accionada, ordenando se proceda con el apremio del impetrante de tutela y sea conducido al Centro Penitenciario San Antonio del departamrnto de Cochabamba, hasta que cancele la suma de Bs12 700.- en cumplimiento del decreto de 16 del mismo mes y año (fs. 9).

II.6.  Consta fotocopia simple de “NOTA DE CREDITO (…) SEGÚN SOLICITUD DE LA CLIENTE…” (sic) correspondiente al Banco Mercantil Santa Cruz Sociedad Anónima (S.A.) -con demás datos ilegibles- (fs. 10 vta.).