SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0242/2024-S4

El accionante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, a la libertad personal, dignidad e inviolabilidad de domicilio; toda vez que: i) La Jueza demandada, de forma arbitraría y de oficio, mediante Auto Interlocutorio de 7 de octubre de 2021, ordenó se libre un mandamiento de apremio en su contra, para el cumplimiento de una asistencia familiar devengada (Bs4 200.-), diferente a la acordada (Bs2 800.-) en el Acta de Audiencia de Conciliación; además, sin tomar en cuenta, que ya había realizado dos depósitos a favor de la beneficiaria; y, ii) El funcionario policial codemandado, junto con otros efectivos, ejecutaron el Mandamiento de Apremio 53/22 de 23 de mayo de 2022, en su contra, fuera del plazo de la noventa y seis horas, y en horario inhábil; puesto que, ingresaron y allanaron su domicilio, el 4 de junio de 2022, a las 06:30; por lo que, antes dichas actuaciones de ilegales, se encontraría privado de libertad, de forma injusta.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El deber de asistencia familiar y el procedimiento judicial por incumplimiento en su otorgación

Al respecto la SCP 0881/2022-S4 de 22 de julio, señaló que: “El art. 62 de la CPE, dispone que: “El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades”; a su vez, el art. 63 de la misma Ley Fundamental, estatuye que: “I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges”; finalmente, por disposición del art. 64 de la misma Norma Suprema, se dispone que: “I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad”

Entre algunas de las obligaciones que tienen los cónyuges o convivientes, aun cuando estos ya no tengan vida en común, se encuentra la asistencia familiar a favor de los hijos menores de edad o cuando estos tengan alguna discapacidad, la cual debe ser prestada por quien corresponda, voluntaria o judicialmente determinada, de manera regular y oportuna, considerando que la misma tiene por objeto la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiario (alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta), conforme establece el art. 109.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF). Al respecto la SCP 0140/2018-S3 de 20 de abril, señaló que: “La obligación constitucional e internacional de cuidado y atención a los hijos menores de edad, debe ser efectivizada en igualdad de condiciones por los progenitores (madre y padre), ya que ambos tienen el mismo deber y responsabilidad de cubrir las necesidades de sus hijos, con la finalidad de otorgarles una vida digna y formación integral.

Tomando en cuenta que la asistencia familiar constituye un derecho de relevancia, corresponde en el presente superar el argumento que algunas veces demostraban los progenitores que no tienen la guarda, al señalar que al no contar con suficientes ingresos económicos no podían cubrir en igualdad de condiciones las necesidades de sus hijos, desentendiéndose así del total o parte de sus obligaciones, y afectando flagrantemente la vida misma de éstos; sin tomar en cuenta que cuando proceden de esa manera, lo único que buscan es que el otro progenitor (que tiene la guarda), se haga cargo de una gran parte o de la totalidad de los requerimientos básicos de sus descendientes, evadiendo así su responsabilidad el progenitor obligado” .

A su vez, la SCP 0530/2021-S3 de 18 de agosto, refiriéndose a la asistencia familiar, señaló que: “El art. 109.I del CFPF señala que la asistencia familiar es un derecho y a la vez una obligación y surge ante el ‘…el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes’.

Así, la asistencia familiar es exigible judicialmente, más aún cuando el art. 127.I del CFPF indica que: ‘Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial’.

(…)

De lo señalado se puede concluir que, la asistencia familiar se constituye tanto en una obligación para quien debe prestarla como en un derecho para el beneficiario, la misma que debe ser cumplida de manera regular y oportuna, dado que tiene por objeto garantizar el sustento necesario del beneficiario en cuanto a salud, alimentación, educación, vivienda y recreación, cuya exigencia en tratándose de menores de edad, debe ser analizada y resuelta en el marco del principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes” (las negrillas con nuestras).

III.2. Los requisitos para la restricción del derecho a la libertad física o personal en materia familiar

Al respecto la SCP 0793/2022-S1 17 de agosto, señaló que: “Nuestra Constitución Política del Estado, da especial énfasis a la protección del derecho a la libertad, en cuyos arts. 22 y 23, se ocupa de la libertad personal, estableciendo sus garantías y regulando el trato a los privados de libertad. Así el citado art. 23.I, señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales” (las negrillas fueron agregadas).

Conforme a la referida normativa constitucional, la libertad puede ser restringida; empero, en el marco de nuestro Estado Constitucional, respetuoso de los derechos fundamentales, esta limitación debe ser excepcional y no puede ser arbitraria. Por ello, la Norma Suprema establece requisitos para el efecto; en ese sentido, el art. 23.III de la CPE, señala que: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito” (las negrillas son nuestras).

Del art. 23 de la CPE, se desprenden los requisitos materiales y formales para la restricción del derecho a la libertad; pues ésta, únicamente puede ser limitada: i) En los casos previstos por ley; y, ii) Según las formas establecidas por ley; conforme lo entendió la SC 0010/2010-R de 6 de abril, que realizando una interpretación de los arts. 23.I y III de la CPE; 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sostuvo en su Fundamento Jurídico III.3, que:

De las normas glosadas, se concluye que para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y legalmente válida, se deben cumplir con determinados requisitos materiales y formales. Respecto a los primeros, sólo se puede restringir el derecho a la libertad en los casos previstos por Ley, que de acuerdo a la Opinión Consultiva (OC) 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe tratarse de una Ley formal, es decir de aquella que emana del órgano legislativo. Con relación a los requisitos formales, la restricción al derecho a la libertad sólo será válida si se respetan las formas establecidas por ley, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia, de conformidad a lo establecido por el art. 23.IV de la CPE.

Estas condiciones de validez, también han sido desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así en la Sentencia de 21 de enero de 1994, caso Gangaram Panday, la Corte señaló: “…Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal) [las negrillas nos corresponden].

En ese sentido, la libertad individual no está concebida como un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; sino, que el propio texto constitucional establece la posibilidad de su limitación, siempre y cuando, esté establecida por una ley, que determine los requisitos materiales y formales para la privación de libertad, que en materia familiar se encuentran establecidas en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, promulgado mediante Ley 603 de 19 de noviembre de 2014, que establece los casos, condiciones y formalidades, en las que es posible la limitación al derecho a la libertad del obligado, que incumple con el pago de la asistencia familiar; dado a que, este derecho concierne a la satisfacción de las necesidades más elementales, como la alimentación, vestido, vivienda, educación, etc.; en ese entendido, no solo incumbe al interés particular de las partes, sino, alcanza a un interés social, cuya materialización se encuentra garantizada por el Estado.

Así, el art. 127.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), respecto al apremio corporal, dispone:

“Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado”.

Por su parte, el art. 415 del CFPF, referido a la ejecución de la asistencia familiar, establece: