SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0358/2024-S3

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de diciembre de 2023, cursante de fs. 137 a 142 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho, señalando que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de septiembre de 2022, la Fiscal de Materia Rose María Barrientos Ruiz, -hoy accionada-, presentó imputación formal contra su persona y otros, celebrándose audiencia de medidas cautelares el 10 de octubre del mismo año; actuado procesal en el cual el Ministerio Público solicitó que por Secretaría se amplíe el informe respecto de la citación a su persona, refiriendo la autoridad jurisdiccional que, conforme el Acta de suspensión de audiencia de 27 de septiembre del citado año, se señaló audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 31 de octubre de 2022, y que en cumplimiento del art. 165 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se ordenó se proceda a la notificación mediante edicto judicial, debido a que la Gestora de Procesos informó que cuando se constituyeron al domicilio real, les indicaron que “ya el no vive ahí” (sic), desconociéndose su paradero; ordenando a la secretaria de su despacho proceda con la notificación por edicto judicial a objeto de cumplir con los diez días hábiles previstos por el art. 165 del adjetivo penal. Añadió, que “recién” el 31 de octubre de 2022, se cumplió dicha notificación mediante edicto judicial y no así de manera personal en el domicilio señalado en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), declarándose su rebeldía en la misma fecha, ordenando su aprehensión, arraigo, y designándole un defensor de oficio que no se apersonó al proceso ni realizó ninguna actuación dentro de la investigación.

Asimismo, refirió que debe tenerse en cuenta que, de acuerdo al art. 134 del CPP, la etapa preparatoria tiene un máximo de duración de seis meses, mientras que el art. 301 del referido cuerpo normativo establece que dicho plazo comenzará a correr desde la última notificación con la imputación al o los imputados, teniéndose demostrado que, el plazo comenzaba a computarse desde el 31 de octubre del mismo año, venciendo el 31 de abril de 2023; sin embargo, la representante del Ministerio Público accionada, transcurridos apenas veintiséis días desde la designación del abogado de oficio, presentó acusación formal en su contra el 30 de noviembre de ese año, sin que transcurran los seis meses de duración de la etapa preparatoria, o por lo menos, un plazo razonable; generando la imposibilidad de que pueda asumir defensa para solicitar actos o diligencias de investigación a objeto de recolectar pruebas en su favor; además de no considerar el principio de igualdad normado por el art. 12 del adjetivo penal, que establece que no se puede acusar de manera simultánea a la imputación; por lo que, la Fiscal accionada incurrió en una persecución ilegal.

1.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita que se conceda la tutela impetrada disponiendo la nulidad de la acusación formal a fin de que el Ministerio Público desarrolle la etapa preparatoria en el término máximo dispuesto por ley, o en el tiempo prudencial de ciento veinte días.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar, se realizó el 19 de diciembre de 2023; según consta en acta cursante de fs. 151 a 153 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante ratificó los argumentos de su demanda tutelar, y en el desarrollo de la audiencia, complementó los términos de su acción, manifestando que: a) El 13 de septiembre de 2022, el Ministerio Público presentó ampliación de la imputación contra su persona y otros dos coimputados, siendo notificado mediante edicto judicial el 7 octubre del mismo año, pero en la audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional observó que no se cumplieron las formalidades para su notificación, celebrando la audiencia solo respecto de los otros coimputados y disponiendo su notificación mediante edicto judicial; b) De acuerdo con la SC 1036/2002-R de 29 de agosto, la etapa preparatoria no inicia con la denuncia ni la querella, sino la “investigación formalmente lo inicia la notificación con la imputación formal” (sic); c) Se puede evidenciar que existe un plazo menor de dos meses desde la ampliación de la imputación y el requerimiento conclusivo; d) Se notificó al Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) el 4 de noviembre de 2022, pero se emitió el oficio el 31 de octubre de ese año, y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuesta en diferentes casos, la defensa debe ser efectiva, eficiente y positiva, pero en su caso no se apersonaron ante el Ministerio Público, ni interpusieron incidentes, excepciones, apelaciones, tampoco se presentaron ante el control jurisdiccional; e) El mandamiento de aprehensión y arraigo atentan contra su derecho a la libertad; f) Nunca hizo renuncia o abreviación al plazo conforme prevé el art. 131 del CPP; g) Seguramente se informará en sentido de que el Juez de Instrucción conminó a la Fiscal accionada a presentar su requerimiento conclusivo, pero el procedimiento penal, así como la jurisprudencia de la SC “103/2004” y SCP “1036/2012” establecen que la Fiscalía puede solicitar la ampliación del plazo de la investigación, pero “no se tenía más de dos meses de investigación” (sic); y h) Existe lesión “en los siguientes momentos: ampliación de la imputación, notificación por edicto, audiencia, se le otorga una aprehensión y un arraigo como medidas cautelares se notifica a la defensa pública y paralelamente en menos de un mes el ministerio público presenta su acto conclusivo” (sic), vulnerando su derecho a la libertad porque “está” con medidas cautelares a raíz de la rebeldía  “el mandamiento de aprehensión y el arraigo” y la proximidad de presentación de la acusación sin que transcurran los seis meses establecidos por ley, y menos cuente con una defensa activa.  

I.2.2. Informe de la autoridad fiscal demandada

Rose María Barrientos Ruiz, Fiscal de Materia del departamento de Santa Cruz, por informe oral presentado en audiencia, señaló lo siguiente: 1) El presente caso es el denominado “publicidad fantasma” que data de diciembre de 2021, por supuestos actos de corrupción; 2) Debe tenerse presente la subsidiariedad excepcional, pues si el impetrante de tutela consideró que se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales “fue opción de él a apersonarse y estar a derecho ante las autoridades ante las autoridades jurisdiccionales ante el ministerio público en esa fecha asumir defensa” (sic) y utilizar cuanto mecanismo procesal esté previsto por ley; 3) De acuerdo con el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se interpone la acción de libertad cuando la vida está en peligro o se encuentra indebidamente perseguido o indebidamente privado de libertad; en ese sentido, el Ministerio Público cumplió con la normativa procesal para investigar el hecho y la participación de los imputados a través de los elementos colectados; 4) Al presente, el caso se encuentra en juicio oral, asumiendo conocimiento de que el hoy accionante, “no través” de su defensa del “Dr. Ortiz” acudió ante la autoridad jurisdiccional que conoce el juicio oral para denunciar los mismos hechos que alega en la presente acción tutelar, siendo rechazados todos los incidentes y excepciones planteados en la vía ordinaria; 5) No concurre ninguno de los presupuestos, puesto que está siendo procesado legalmente teniendo la oportunidad de presentarse y asumir defensa; y 7) Se acudió ante el Juez Anticorrupción, quien ante la ausencia del ahora accionante en el proceso, dispuso los efectos del art. 87 del CPP, por lo que no se vulneró ningún derecho.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 27/2023 de 19 de diciembre, cursante de fs. 153 vta. a 155 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la acusación formal de 30 de noviembre de 2022, debiendo el Juez de sentencia devolver los actuados ante el Juez cautelar a efectos del control jurisdiccional, en virtud al derecho a la igualdad y a la defensa irrestricta que tiene toda persona dentro de un proceso penal “la presente sentencia no implica que el Ministerio Público cumplido los plazos procesales y el procedimiento podrá emitir el respectivo acto conclusivo que corresponda  en base al principio de objetividad” (sic), sea sin costas, daños y perjuicios. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que el 13 de septiembre de 2022, se presentó imputación contra el impetrante de tutela y otros por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros delitos, realizándose audiencia de medidas cautelares de los coimputados pero suspendiéndose para el accionante debido a que no fue notificado, señalándose nuevo día y hora, por lo que se ordenó su citación mediante edictos, realizándose dos publicaciones de 11 y 19 de octubre de 2022 para que a los diez días siguientes comparezca, venciéndose el término el 30 de ese mes y año; ii) El 31 de octubre de 2022, se celebró la referida audiencia, declarándose rebelde al accionante, librándose mandamiento de aprehensión, y a los veintiséis días de haberse designado su defensor de oficio, se presentó la acusación, sin cumplirse el término establecido por ley “para los plazos procesales” (sic); iii) Cabe citar la SCP 0033/2020-S2 de 17 de marzo, referida al derecho a la defensa, así como al plazo razonable que debe existir entre la imputación formal y la acusación, a objeto de que el imputado pueda ejercer ampliamente su defensa; asimismo, tomando en cuenta lo previsto por el art. 301 del CPP, se tiene demostrado que el plazo corría desde el 30 de octubre de 2022, venciendo el 30 abril de 2023; y además, al existir multiplicidad de imputados, la etapa preparatoria debió finalizar a los seis meses de la notificación con la imputación al accionante, o en su defecto, a los dieciocho meses de presentada la denuncia; es decir el 20 de junio de 2023; iv) No existe una justificación lógica y valedera que permita limitar el derecho a la defensa del accionante; v) Si bien quien acusa o el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, no es menos cierto que este plazo le permite al imputado proponer actos investigativos que lo puedan eximir de responsabilidad; vi) Toda persona está imbuida del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado, a un debido proceso sin dilaciones, a presentar pruebas, controvertir, impugnar, no ser juzgado dos veces, en resumen el derecho a un debido proceso, siendo la acción de libertad el medio idóneo para su restablecimiento, derecho sobre el que se pronunció la SCP 1881/2012 de 12 de octubre; por su parte, la SC 1036/2002-R se refirió sobre el plazo razonable para presentar la acusación; y, vi) En aplicación del estándar más alto de protección, se tiene que el accionante está en absoluto estado de indefensión por no respetarse el tiempo para que pueda ejercer su defensa proponiendo actos investigativos que puedan eximirlo de responsabilidad o aportar pruebas para su defensa en juicio; y, de acuerdo con los presupuestos del art. 47 del CPCo, no permitir ejercer el derecho a la defensa constituye un indebido procesamiento, ya que la presentación de la acusación fue simultánea a la imputación, y la designación del defensor de oficio fue por la declaratoria de rebeldía, sin tomarse en cuenta los plazos procesales, por lo que se abre la competencia por lesión al debido proceso y a la defensa.