SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0450/2024-S3

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 223/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 266 a 271 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

^[1]  La SC 0700/2003-R de 22 de mayo, respecto a los actos consentidos libre y expresamente como causal de improcedencia, expresamente señaló que: “III.4 Que, se arriba a dicho razonamiento, puesto que cabe recordar que, en el marco de la máxima jurídica de que ‘los derechos se ejercen y las obligaciones se cumplen’, el legislador ordinario, al emitir la ley de desarrollo de las normas constitucionales previstas en los arts. 19 y 120.7ª de la Constitución, ha previsto una excepción a la regla de procedencia del Amparo Constitucional contra actos u omisiones ilegales o indebidos que restringen o suprimen los derechos fundamentales o garantías constitucionales; esa excepción es la improcedencia del amparo por los actos consentidos libre y expresamente; así lo determina el art. 96.2) de la Ley 1836. La excepción prevista en la citada norma, tiene su fundamento en el respeto al libre desarrollo de la personalidad, lo que significa que toda persona puede hacer lo que desee en su vida y con su vida sin que la Sociedad o el Estado puedan realizar intromisiones indebidas en dicha vida privada; pues se entiende que toda persona tiene la absoluta libertad de ejercer sus derechos de la forma que más convenga a sus intereses, con la sola condición de no lesionar el interés colectivo o los derechos de las demás personas; por lo mismo, frente a una eventual lesión o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional la persona tiene la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal, planteando las acciones pertinentes o, en su caso, de consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la persona o autoridad que afecta su derecho, por considerar que esa afección no es grave y no justifica la iniciación de las acciones legales correspondientes.” (las negrillas nos corresponden), entendimiento reiterado por la SC 0906/2010-R de 10 de agosto, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0083/2012 de 16 de abril, 0027/2014-S2 de 10 de octubre, 0149/2015-S2 de 25 de febrero, entre otros.

^[2] La SC 1667/2004-R de 14 de octubre, estableció que: “III.1. La Ley del Tribunal Constitucional, en sus normas previstas por el art. 96.2), regulando las causales de improcedencia del recurso de amparo, ha previsto que una de ellas se da cuando el titular de un derecho a tiempo de ser agraviado en sus derechos o garantías constitucionales consiente de forma libre y expresa el acto constitutivo de la lesión a los mismos. Esta causal que debe entenderse objetivamente como cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice ante la autoridad o particular que supuestamente lesionó el mismo, como también ante otra instancia, dejando advertir o establecer claramente que acepta o consiente de manera voluntaria y expresa la amenaza, restricción o supresión a sus derechos y garantías fundamentales, de modo que no siempre podrá exigirse un acto en el que el titular manifieste textualmente y por escrito que acepta libre y expresamente el acto ilegal u omisión indebida, sino que ello podrá deducirse con los elementos de juicio suficientes del accionar que el titular hubiera tenido a partir de la supuesta lesión de la que hubiesen sido objeto sus derechos y garantías constitucionales” (las negrillas nos corresponden), entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1475/2012 de 24 de septiembre, 0027/2014-S2 de 10 de octubre, 0149/2015-S2 de 25 de febrero, entre otros.

^[3]  La SC 0672/2005-R de 16 de junio, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0310/2012 de 18 de junio, 0057/2013-L de 8 de marzo y 0541/2020-S1 de 22 septiembre, entre otros.