SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0521/2024-S3

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos, a la propiedad privada, a la defensa y al debido proceso, toda vez que, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, no obstante dar curso a su pedido de registro de plano topográfico 033-M, luego de proceso administrativo sustanciado a dicho efecto, mediante Resolución Técnica D.O.T. 16/2022 de 18 de mayo, anuló el mismo de oficio, determinación confirmada en recurso de revocatoria y jerárquico, esta última por RA 03/2022 de 14 de julio, emitido por Secretaria Municipal de Planificación para el Desarrollo de dicha entidad Municipal, anulando su propio acto, sin tomar en cuenta que previamente ya se había sustanciado proceso administrativo.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la revocación del acto: no procede en sede administrativa tratándose de un acto estable. Jurisprudencia reiterada

La SCP 543/2016-S1 de 12 de mayo, entre otras, refirió que:                  "El art. 4 inc. g) de la LPA, establece: ‘Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario’.

(…)

 El art. 51 del mismo Reglamento dispone sobre la estabilidad e impugnación del acto administrativo, expresando lo siguiente:  

‘I. El acto administrativo individual que otorga o reconoce un derecho al administrado, una vez notificado, no podrá ser revocado en sede administrativa, salvo que:  

a) La revocación sea consecuencia de un recurso administrativo interpuesto en término por un administrado. 

b) El administrado, de mala fe, que teniendo conocimiento no hubiera informado del vicio que afectaba al acto administrativo. 

c) La revocación favorezca al interesado y no cause perjuicio a terceros. 

d) El derecho hubiese sido otorgado válida y expresamente a título precario.

e) Se trate de un permiso de uso de bienes de dominio público.