SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0607/2024-S1

Bajo esa comprensión: i) El carácter vinculante de las decisiones constitucionales, se encuentra en los razonamientos desarrollados, que deben ser aplicados por los jueces y tribunales a casos análogos; esto implica que, las reflexiones o razones desplegadas en las resoluciones deben ser aplicadas a otros casos con hechos similares o análogos, otorgando de esta forma certeza y seguridad jurídica a los justiciables en el entendido que al tener conocimiento que el Tribunal Constitucional dio una determinada solución a un caso parecido al suyo, con seguridad acudirá a la misma instancia constitucional para obtener similar solución (pretensión que posteriormente deberá ser compulsada por la instancia constitucional a objeto de verificar la analogía o no del caso concreto). En ese marco, el carácter vinculante de las decisiones constitucionales se constituye en un principio relevante dentro la justicia constitucional y debe ser entendida desde dos dimensiones, la dimensión horizontal y la vertical; en tal sentido, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los jueces y tribunales ordinarios de menor jerarquía; y, por su parte, ii) El carácter obligatorio de las decisiones constitucionales, se encuentra en la parte dispositiva -por tanto- de las resoluciones, misma que debe ser cumplida por las partes procesales de forma obligatoria; es decir, en este caso, la obligatoriedad del cumplimiento de la decisión asumida está prevista para las partes intervinientes dentro los procesos constitucionales o excepcionalmente para aquellas no intervinientes que la instancia constitucional así lo justifique en cada caso concreto; extremo, que cobra mayor relevancia en amparos constitucionales y acciones de libertad como muestras, donde se dilucidan derechos subjetivos que merecen tutela inmediata que conlleva a la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución constitucional conforme prevén los arts. 125.IV y 129.IV de la CPE.

Consecuentemente, y a efectos de ahondar en el verdadero acceso a la justicia y su tutela efectiva, incumbe focalizar sobre el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales y su ejecución, que conllevan un cumplimiento inmediato, conforme prevé el art. 15. Del CPCo, que bajo el epígrafe (CARACTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS), en su parágrafo I, prevé que: “Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general”, contenido legal que tiene su sustento constitucional en el citado art. 203 de la CPE que dice: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (resaltado añadido); en tal sentido, como se vio la obligatoriedad como característica esencial de las resoluciones constitucionales radica en que las partes procesales cumplan inmediatamente con lo dispuesto en las resoluciones emergentes de las acciones constitucionales como amparos constitucionales, acciones de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento o acciones populares.

No obstante, ante el incumplimiento de las decisiones constitucionales, el legislador ordinario mediante los arts. 16 y 17 del CPCo fue previsto la ejecución y cumplimiento de las resoluciones bajo los siguientes términos:

“Artículo 16.- (Ejecución)

I.      La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción.

II.     Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo el corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo.

Artículo 17.- (Cumplimiento de resoluciones)

I.       El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones.

II.     Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda.

III.   Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger.”

De las normas procesales constitucionales descritas, se extrae inicialmente que, la ejecución de toda resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al juzgado o tribunal que conoció la acción y en casos de demora o incumplimiento en la ejecución, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la atribución de conocer y resolver las mismas a través del instituto procesal denominado “queja”; empero, en esta parte incumbe precisar dos aspectos que tienen relación con el cumplimiento y ejecución inmediata de las resoluciones constitucionales emergentes de aquellas que previamente son resueltas por los jueces y tribunales de garantías; primero, una resolución constitucional adquiere la calidad de cosa juzgada cuando en revisión es emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificando o revocando la inicial decisión asumida por el juez o tribunal de garantías, sólo después de este acto procesal emerge el tratamiento del instituto procesal de la “queja” para verificar la demora o su incumplimiento; y, segundo, cuando una resolución emerge del desarrollo de la audiencia efectuada ante el juez o tribunal de garantías, su ejecución es inmediata conforme lo prevén los arts. 126.IV (acción de libertad), 129.V (amparo constitucional), 131.III y IV (acción de protección y privacidad), 134.IV y V (acción de cumplimiento), y 136 (acción popular), todos de la CPE, ello supone que no es exigible la remisión previa de la resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional para ejecutar las decisiones emitidas por los jueces y tribunales de garantías.

Ahora bien, con referencia al cumplimiento (art. 17 CPCo), la disposición procesal refiere que, tanto los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública o remitir antecedentes ante la autoridad administrativa con la finalidad de imponer las sanciones que correspondan; asimismo, tienen la potestad de aplicar multas progresivas a la autoridad o persona (individual o colectiva), sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran emerger; regulación, que encuentra sustento constitucional en el carácter inmediato de las acciones de defensa que por su naturaleza protectiva de las garantías y derechos fundamentales, merecen atención prioritaria y reparación inmediata de los derechos vulnerados. Consecuentemente, está claro que los Jueces, Tribunales y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen las amplias prerrogativas para ejercer las acciones necesarias a efectos de hacer cumplir sus decisiones acudiendo a la fuerza pública e imponer multas progresivas o inclusive remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por atentado a las garantías constitucionales, conforme dispone el art. art. 127 de la Norma Suprema, que señala: “I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley.” (resaltado ilustrativo); previsión constitucional, que es aplicable para todas las acciones de defensa por mandato de la misma Norma Suprema.

De lo ampliamente descrito, es posible concluir en que, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos constitucionales, cuando los mismos: a) No son acatados, b) Son cumplidos parcialmente, c) Se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, al no ser concretados en la medida de lo determinado; y, d) Cuando su cumplimiento es tardío (SC 1206/2010-R de 6 de septiembre); consecuentemente, una vez puestas en conocimiento de los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, estas instancias, se encuentran facultadas para adoptar las medidas necesarias que sean requeridas para el cumplimiento efectivo de las resoluciones, pudiendo asumir las siguientes acciones: 1) Requerir la intervención de la fuerza pública, 2) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda, 3) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, 4) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley (art. 127 de la CPE)[37].

Consecuentemente, tratándose de resoluciones emergentes de procesos constitucionales en las cuales se compulsan denuncias sobre conculcaciones a derechos y garantías constitucionales, su cumplimiento por parte de los demandados o accionados debe ser inmediato conforme a la naturaleza de las acciones de defensa; toda vez que, al no efectivizar o materializar dicho cumplimiento se vulnera el derecho al acceso a la justicia y su tutela efectiva conforme prevé el art. 115.I de la CPE, concordante con los arts. 8.1 y 25 de la CADH, y el art. 14.1 del PIDCP. En ese orden, conforme a lo ampliamente desarrollado y en estrecha relación con el art. 9.4 de la Norma Suprema, que prevé como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, las autoridades constitucionales (Jueces y Tribunales) al ser parte integrante del Estado como operadores de la justicia constitucional, tienen el deber constitucional y legal de ejercer todas las acciones necesarias destinadas a garantizar la ejecución y cumplimiento inmediato de sus resoluciones en resguardo de los accionantes que acudieron a la justicia constitucional en busca de tutela, so pena de ser sancionados conforme a la Norma Suprema y disposiciones legales.

III.4. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración justa; por cuanto, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) -entidad ahora demandada-, de manera súbita procedió a su desvinculación laboral, sin que exista fundamento legal alguno previsto en el art. 16 de la LGT y 9 de su Reglamento, siendo que existía una relación laboral indefinida, motivo por el que acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, que en primera instancia, emitió el Auto JDTLP-DASC-016/2020 de 17 de marzo, declinando su competencia y disponiendo que acudan ante la autoridad competente para resolver el conflicto laboral; decisión vulneratoria de sus derechos, por lo que interpusieron recurso de Revocatoria, obteniendo la Resolución Administrativa 143-20 de 10 de julio de 2020, que rechazó su recurso y confirmó el referido Auto JDTLP-DASC-016/2020; por lo que, finalmente formularon recurso Jerárquico ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitiéndose la Resolución Ministerial 1279-21 de 28 de diciembre, por la cual se resolvió revocar totalmente la Resolución Administrativa 143-20; y, en consecuencia revocar el Auto en cuestión, emitidos por la Jefatura Departamental de Trabajo del referido departamento, CONMINÁNDOSE a la parte demandada, a través del representante legal proceda a su reincorporación laboral, el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales que les corresponda hasta el día de su reincorporación efectiva; conminatoria que pese a la legal notificación de la parte demandada, no fue cumplida.

         Identificada la problemática y siguiendo la hermenéutica del análisis, corresponde referirse a las conclusiones a las cuales se arribó en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; quedando establecido que, los ahora peticionantes de tutela, suscribieron contratos de trabajo de carácter indefinido, con la entidad ahora demandada, en los cargos de Asistente Contable y Especialista en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos; siendo que, el 9 de septiembre de 2019, de manera intempestiva fueron desvinculados de su fuente laboral, por lo que solicitaron su reincorporación ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, que el 27 de enero de 2020, emitió la “Única citación de Presentación” para audiencia que se señaló para 18 de febrero de igual año; en la cual, no se arribó a ningún acuerdo; por lo que, conforme al Informe MTEPS-JDT LP-IT-SLJL-INF254/20 de 19 de febrero de 2020, la prenombrada Jefatura Departamental, emitió el Auto JDTLP-DASC-016/2020, disponiendo que los ahora impetrantes de tutela acudan ante la autoridad competente, a efectos de resolver las controversias emergentes de la relación laboral, en este caso ante la Unidad de Relaciones Internacionales (URI), con la finalidad de que deriven la solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, por ser el interlocutor válido para presentaciones de organismos internacionales acreditados en Bolivia (Conclusiones II.1, II.2 y II.3).

         De esa forma es que el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, emitió la Nota Interna M.T.E.P.S./J.D.T.L.P./070/2020 de 11 de mayo, dirigido al Jefe de Relaciones Internacionales, a efectos de que se interponga los buenos oficios ante la Cancillería, con la finalidad de realizar las respectivas diligencias; situación ante la cual, los ahora accionantes, mediante memorial presentado el 10 de junio de 2022, formularon recurso de Revocatoria contra el Auto JDTLP-DASC-016/2020, emitiéndose la Resolución Administrativa 143-20, por la cual la Jefatura antes mencionada, confirmó totalmente el Auto recurrido y rechazó el recurso de Revocatoria, habiéndose solicitado aclaración y complementación sobre esta Resolución (Conclusiones II.4, II.5, II.6 y II.7). 

         Por ello, agotando la vía administrativa los ahora impetrantes de tutela, interpusieron finalmente recurso Jerárquico ante el MTEPS, que mereció la Resolución Ministerial 1279/21 de 28 de diciembre de 2021, por la que se revoca totalmente la          Resolución Administrativa 143-20 y se revoca el Auto JDTLP-DASC-016/2020, CONMINÁNDOSE a la entidad empleadora y demandada proceda a su reincorporación laboral, el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales que correspondan hasta el día de su reincorporación (Conclusiones II.8 y II.9).

         Ante el incumplimiento de la parte demandada, el 9 de marzo de 2022, los ahora accionantes solicitaron la verificación de cumplimiento de Reincorporación a su fuente laboral; expidiéndose el Informe MTEPS-JDT LP-IT-BDFB-0142-INF/22 de 18 de marzo, por el que se hizo constar que habiéndose notificado legalmente con la resolución Ministerial 1279/21 a la parte demandada, correspondía remitir la solicitud de verificación a la URI del MTEPS, con el fin de que esa dependencia coordine con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la propia Jefatura Departamental de Trabajo, resguardando los privilegios e inmunidades del organismo internacional demandado (Conclusiones II.10).

         Finalmente, se procedió a la efectivización de la diligencia solicitada, por medio del Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz (designado al efecto), la cual se verificó el 13 de abril de 2022, haciéndose constar en el Informe J.D.T.L.P.BDFB-VR-093/2022 de 21 de abril, que una vez constituido en el establecimiento laboral de la entidad empleadora, se concluye que los ahora peticionantes de tutela no fueron reincorporados a su fuente laboral, recomendándose notificar con el referido Informe a la parte interesada (Conclusiones II.11 y II.12).

         Estando glosadas las conclusiones y delineada la problemática planteada dentro del presente caso, previamente a analizar si los argumentos esgrimidos por los ahora impetrantes de tutela son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; corresponde aclarar con carácter previo, que si bien se promulgó la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales que establece un nuevo procedimiento para la ejecución de la resolución de restitución de derechos laborales en la vía judicial; la misma, en su disposición transitoria primera estableció que “La presente Ley entrará en vigencia en el plazo de treinta (30) días calendario, computables a partir de su publicación.” (sic). Es así que, considerando que dicha ley fue publicada el 3 de octubre de 2022, recién adquirió vigencia el 2 de noviembre del mismo año; por lo que, al haberse planteado la presente acción tutelar el 30 de junio de igual año; es decir, con anterioridad a la vigencia de la referida norma, corresponde ingresar a analizar el fondo de lo impetrado sin considerar dicha normativa.

         Asimismo, y tomando en cuenta la condición de organismo internacional de la parte demandada, que estaría provista de la potestad y derecho a la inmunidad, se hace necesario efectuar una puntualización previamente a ingresar al análisis del caso, en resguardo del debido proceso e imparcialidad en la emisión a emitirse por parte de este Tribunal.  

III.4.1. Respecto a la  inmunidad  como  cualidad potestativa de la parte demandada en su condición de organismo internacional y su consideración en función a la aplicación de la normativa laboral protectiva de los derechos de los trabajadores, dentro del marco constitucional

Dadas las peculiaridades que se manifiestan dentro del presente caso, corresponde efectuar algunas puntualizaciones respecto específicamente a la inmunidad, como potestad y cualidad asignada a la entidad demandada, dada su condición de organismo internacional y su tratamiento en función de la aplicación de la normativa en materia laboral y social; esto en razón de que la parte demandada, considera que esta potestad prevista dentro del derecho internacional, no hubiese sido considerada en la decisión asumida por el Ministerio de Trabajo a través de la conminatoria laboral contenida en la Resolución Ministerial 1279/21, aspecto que impediría dar estricto cumplimiento al mismo.

En ese lineamiento, en primera instancia, debe tomarse en cuenta como documento referencial, el “Acuerdo Básico entre el Gobierno de la República de Bolivia y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura sobre Relaciones Institucionales y Privilegios e inmunidades” (sic), suscrito el 23 de mayo de 1986 y ratificado por  la Ley 1461 de 18 de febrero de 1993; entre el gobierno Boliviano y la entidad ahora demandada, por el que se le reconoce su personalidad jurídica internacional y consecuentemente sus derechos, atribuciones y potestades (Conclusiones II.13). No obstante, en esta misma disposición legal, en su art. 20 se dispone textualmente lo siguiente:

“Artículo 20

            El personal del instituto que labora permanentemente en la República de Bolivia y que no forma parte del Personal Profesional Internacional, se regirá conforme a la legislación laboral del país” (El resaltado nos corresponde).

         Nótese que esta disposición se centra en la aplicación del principio de territorialidad de la ley, que se encuentra previsto por la normativa constitucional y es de imperativo cumplimiento; en ese sentido, el art. 14.V de la CPE taxativamente establece:

            “Artículo 14.

         (…)

            V. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano.”

         Dentro de ese contexto jurídico constitucional, corresponde establecer la situación legal en la cual se encuentran inmersos los ahora accionantes, por cuanto, en su condición de Asistente Contable y Especialista en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos del IICA, prestaron sus servicios laborales desde el 15 de noviembre de 2006 y el 16 de octubre de 2007, respectivamente, hasta que fueron desvinculados de sus cargos el 9 de septiembre de 2019. Es decir, prestaron sus servicios laborales como personal del IICA, durante más de diez años en el país y de manera permanente, advirtiéndose que bajo esas condiciones no formaron parte del personal profesional internacional de dicha institución.

         En esas condiciones y conforme a las previsiones contenidas en el citado Acuerdo Básico suscrito entre el Gobierno Boliviano y el IICA y en estricta concordancia y apego a la Norma Suprema, se hacen aplicables al presente caso las disposiciones laborales que rigen dentro del ordenamiento jurídico nacional, por cuanto los ahora impetrantes de tutela, a momento de prestar sus servicios laborales, no formaban parte del personal profesional internacional del IICA, por ende, las decisión y resolución que da lugar a la emisión de una disposición de conminatoria por parte del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se enmarcan dentro de los parámetros legales y no vulnera el derecho a la inmunidad con que la parte demandada en su condición de organismo internacional cuenta.

           En cuanto a este último aspecto con relación a la cualidad y potestad de inmunidad del IICA, debe tenerse presente que la institucionalidad de este organismo internacional se sustenta en instrumentos de carácter internacional, como la “Convención sobre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura”, en la que se hace referencia a las potestades que este organismo tiene en el territorio de cada uno de los Estados miembros del IICA; por lo que, queda establecido y reconocida su inmunidad como cualidad innata al organismo; no obstante, debe considerarse que esta cualidad prevista por los Estados signatarios, no puede considerarse aisladamente, al abordarse temáticas muy específicas que están directamente relacionadas con la afectación de derechos de primer orden, como ocurre en el caso presente. Precisamente, en este grupo de derechos se encuentran los derechos laborales, en cuyo tratamiento debe darse aplicación a las disposiciones constitucionales atinentes al caso, por cuanto no se olvide que la labor de este Tribunal, parte precisamente de resguardar y proteger los derechos y garantías fundamentales que se encuentran contenidas en la Norma Suprema.

           En ese sentido, la aplicabilidad y trascendencia de la Constitución Política del Estado, como Norma Suprema dentro del ordenamiento jurídico del país, se encuentra revestida de los principios de “jerarquía y primacía”, conforme previene el art. 410 de la CPE, que taxativamente dispone:

                                          “Artículo 410. I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.”

                       Nótese la aplicación prioritaria de la Constitución Política del Estado (incluso respecto a Tratados Internacionales), dentro de la territorialidad del país, por cuanto se trata de la Norma Suprema, que establece las bases y fundamentos de un nuevo Estado, con una visión más garantista de protección de los derechos y garantías fundamentales; de ahí que es insoslayable su aplicación en el ámbito de los derechos laborales y por ende la aplicación de la legislación laboral respecto a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano, conforme prevé el precitado art. 14 de la CPE.

                        Dentro de ese contexto, no se advierte la afectación a la “inmunidad”, de la cual se encuentra revestida el IICA, contrariamente queda reconocida constitucionalmente y dentro de los acuerdos y convenios internacionales, más este aspecto no puede ser un óbice para el cumplimiento de las normas legales de carácter laboral, que conforme se tiene establecido constitucionalmente, hace aplicable la normativa nacional “tanto a personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano”.

                        En ese sentido, corresponde establecer los parámetros de aplicabilidad de la normativa nacional en el presente caso, respetando el derecho a la inmunidad, que se reitera no se afecta en modo alguno, a partir de una interpretación correcta e imparcial de la normativa, tanto nacional como internacional, máxime si se considera que el presente análisis se circunscribe a la protección de derechos laborales, como el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; a más de ello, debe considerarse la situación presentada con relación a los trabajadores ahora accionantes, quienes mediante memoriales presentados ante este Tribunal, dieron a conocer su delicado estado de salud (fs. 337 a 343), adjuntando certificados médicos, en los que se evidencia la existencia cierta de patologías de orden psicológico y también fisiológico de data inmediata a su desvinculación laboral y de fecha posterior, que reflejan la afectación negativa como emergencia de la situación vivida a raíz de haber perdido su fuente laboral, siendo pertinente establecer que conforme a reiterados fallos de la jurisdicción constitucional y de la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH), la vida y la salud son derechos fundamentales e indispensables para el ejercicio de los demás derechos humanos, existiendo una especial interacción de los derechos a la vida, a la salud e incluso la dignidad humana con otros derechos como la seguridad social y la estabilidad laboral; un entendimiento en contrario colocaría  a nuestro país en una posición de incumplimiento de una de sus principales obligaciones que es garantizar derechos fundamentales, contraviniendo incluso compromisos internacionales^[38].

         Bajo ese necesario precedente relativo al análisis y tratamiento del derecho a la “inmunidad” de la parte demandada, corresponde ingresar al análisis del caso concreto; debiendo tomarse en cuenta inicialmente los razonamientos contenidos en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; que se refiere al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral en caso de despidos injustificados, que conforme a la unificación jurisprudencial desarrollada por esta máxima instancia de control constitucional, implica asumir el criterio de que dichas conminatorias deben ser cumplidas a cabalidad y en su integridad, no correspondiendo a este Tribunal, ingresar al análisis de los términos o condiciones establecidas en el contenido de dichos instrumentos, labor que corresponderá a la jurisdicción ordinaria, en caso de interponerse la respectiva acción o impugnación.

         Tomando en cuenta lo manifestado, debe considerarse que los ahora accionantes, acudieron en aras de la protección de sus derechos laborales ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, solicitando su reincorporación, el pago de sueldos devengados y demás derechos laborales, por cuanto resultaba evidente la existencia de un despido injustificado de su fuente laboral por parte de la entidad demandada, toda vez que no se había fundamentado legalmente la causal para proceder de esa forma, tomando en cuenta que la normativa laboral es clara al establecer las causales legales contenidas en el art. 16 de la LGT y 9 de su Reglamento.

         Sin embargo; mediante Auto JDTLP-DASC-016/2020 de 17 de marzo, la nombrada Jefatura de Trabajo, dispuso que, “sin afectar sus derechos laborales” los accionantes acudan ante la autoridad “competente”, considerando que el IICA era un organismo internacional, razón por la que, de conformidad con el art. 4.II numeral 10 de la Ley 465, también se dispuso la remisión de la solicitud de reincorporación a conocimiento de la URI, dependiente del MTEPS, con la finalidad de que se haga conocer al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta solicitud, al constituirse en interlocutor válido de IICA.

         Ante esta decisión, que evidentemente vulneraba los derechos laborales de los accionantes, es que en primera instancia interpusieron recurso de Revocatoria contra el AUTO JDTLP-DASC-016/2020 y con posterioridad recurso Jerárquico, por cuanto la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, mantuvo su criterio de que no era competente para resolver el conflicto laboral presentado.

         Nótese que, con la formulación del recurso Jerárquico, los impetrantes de tutela habían agotado la vía administrativa, obteniendo la Resolución Ministerial 1279/21, la cual en su parte resolutiva dispuso que:

         “PRIMERO.- Al amparo de lo dispuesto por el Artículo 61 de la Ley Nº2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo y en mérito a los argumentos expuestos en la presente Resolución Ministerial, y dando cumplimiento a la Resolución Constitucional Nº116/2021 de 26 de mayo de 2021, el Auto de fecha 19 de octubre de 2021, emitidas por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº143/20 de 10 de julio de 2020; en consecuencia, REVOCAR TOTALMENTE el Auto JDTLP-DASC-Nº016/2020 de 17 de marzo de 2020, emitidos por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz. SEGUNDO.- En consecuencia, se CONMINA al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)-Representación Bolivia, a través de su Representante-Santiago Vélez, proceder a la reincorporación laboral de los trabajadores: José Cesar Robles Vidaurre y Marco Antonio Jordán Mendoza, así como el pago de salarios devengados y demás derechos laborales que les corresponda hasta el día de su reincorporación efectiva” (las negrillas son adicionadas).

         Esta última resolución, emergente de un proceso administrativo, se constituye en el actuado con la suficiente fuerza legal, a efectos de dar cumplimiento efectivo a los derechos laborales reclamados por los ahora accionantes, con fuerza de conminatoria, conforme se extrae del mismo contenido; de ahí que, sin ingresar al fondo de la relación laboral, sus términos y especificaciones, aun sin tomar en cuenta la naturaleza jurídica de la parte empleadora, corresponde a este Tribunal, garantizar su efectivo cumplimiento con carácter obligatorio para la parte empleadora -tomando en cuenta que se tata de derechos laborales-; por lo que, no puede ser soslayada en modo alguno y tampoco puede ser objeto de revisión y análisis por parte de este Tribunal, atribución que le corresponderá a la jurisdicción ordinaria por medio de la judicatura laboral, tomando en cuenta los criterios doctrinales desarrollados en Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio (Fundamento Jurídico III.1), que unificando criterios establece el cumplimiento íntegro de la conminatoria laboral, con relación a la reincorporación, pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos laborales y sociales.

         En ese sentido, queda sustentada la obligación de la parte empleadora en cuanto al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación y demás derechos laborales, máxime si se toma en cuenta que se agotó la vía administrativa por parte de los trabajadores -ahora peticionantes de tutela- y queda evidenciado mediante Informe J.D.T.L.P.BDFB-VR-093/2022, emitido por el Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, que la entidad ahora demandada no dio cumplimiento a la reincorporación efectiva, conforme estableció en  la Resolución Ministerial 1279/21; aun cuando con anterioridad se había emitido el Informe MTEPS-JDT LP-IT-BDFB-0142-INF/22 de 18 de marzo, por el que se había recomendado la remisión del señalamiento de la verificación del cumplimiento de la conminatoria a la Unidad de Relaciones Internacionales, para que ésta coordine con el Ministerio de relaciones Exteriores, que se constituía en el vocero oficial de la parte demandada.

         En ese contexto, siguiendo la línea de razonamiento respecto del cumplimiento de las conminatorias laborales, debe considerarse el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al derecho a la estabilidad laboral, como un derecho autónomo protegido por el Estado en el nuevo orden constitucional y que se encuentra contenido en el art. 46.I.2 de la CPE, que señala: “Artículo 46. I. Toda persona tiene derecho: (…)2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias” (las negrillas son añadidas).

         De ahí que es imperativo, efectivizar la protección y resguardo de la fuente laboral de las y los trabajadores, cuidando de que en caso de que exista incumplimiento de conminatorias de reincorporación laboral por despidos injustificados -como ocurre en el caso presente-, la jurisdicción constitucional se constituya en la instancia idónea a efectos de disponerse el cumplimiento efectivo de las referidas conminatorias, precautelándose de esta forma el respeto y resguardo del derecho a la estabilidad laboral.

         Asimismo, corresponde hacer énfasis en el resguardo y protección de los derechos a la salud y a la vida conforme quedó establecido en el apartado III.4.1 del presente Análisis del caso concreto, en el que se abordó la consideración de la inmunidad del organismo internacional demandado en función a la aplicación de la normativa laboral protectiva de los derechos de los trabajadores; en ese comprendido, surge el criterio de la interdependencia de los derechos a la salud y a la vida con los derechos sociales, que encuentra su asidero en la falta de una fuente laboral, como efecto de una desvinculación que repercute indefectiblemente en el ejercicio de otros derechos. En el caso concreto, se advierte que los ahora impetrantes de tutela, de manera previa a su desvinculación laboral, padecían de afectaciones en su estado de salud físico y emocional, sujeto incluso a tratamiento, en el caso de Marco Antonio Jordán Mendoza, quien según el certificado médico de 30 de septiembre de 2019 (fs. 331) padecía de “gastritis crónica”, que había estado en tratamiento médico desde 22 de mayo de 2019, antes de producirse la desvinculación laboral y que inclusive padecía de “trastorno de ansiedad por problemas laborales”, según se constata del certificado médico de 25 de septiembre de igual año (Conclusiones II.14).

   Similar situación se presenta con relación a José Cesar Robles Vidaurre, quien según certificado médico de 18 de octubre de 2023 (fs. 335), adolece de una “trastorno mixto ansioso depresivo”, con un cuadro clínico de larga data, que se inició tras contagio de “Covid 19”, en el 2021, observándose que aún debe mantener sesiones con psiquiatría y psicología y tratamiento psicofarmacológico; además de padecer de “diabetes mellitus tipo 2”, conforme se extrae del certificado médico de 18 de octubre de 2023 (Conclusiones II.14).

   Por lo que, en consideración de los referidos elementos y la desvinculación laboral intempestiva suscitada, se advierte también, una vulneración del derecho a la seguridad social, que por el principio de interdependencia se encuentra conexo con el derecho al trabajo, existiendo un riesgo inminente en la salud de los ahora accionantes, por cuanto al haberse vulnerado su derecho a la estabilidad laboral, se ha originado una restricción a efectos de acceder a la atención de salud por medio del servicio de seguridad social, que por ley corresponde, constituyéndose éste, en un elemento más a tomar en cuenta a efectos de conceder la tutela impetrada.

         De igual manera resulta pertinente hacer referencia al cumplimiento de las formalidades legales, en cuanto al procedimiento de notificación a la parte demandada, con todos los actuados dentro del trámite administrativo de “solicitud de reincorporación, pago de sueldos devengados y demás derechos laborales”, tomando en cuenta su “inmunidad” de la cual se encuentra revestida como organismo internacional.

         En ese sentido, se advierte que desde iniciado el trámite administrativo ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, la entidad ahora demandada adquirió conocimiento e intervención mediante sus representantes legales dentro de la denuncia sentada en su contra (Conclusiones II.1); dándose cumplimiento a la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, la cual, en su art. 4 dispone que:

“I. El Ministerio de Relaciones Exteriores constituye la entidad rectora de  las relaciones internacionales del Estado Plurinacional que desarrolla la  gestión de la política exterior para la defensa de su soberanía, independencia e intereses, mediante la aplicación de la diplomacia de los pueblos por la vida, en beneficio de las y los bolivianos.

II. La Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por sí o a través de las instancias previstas en la presente Ley, tiene las siguientes atribuciones:

(…)

4. Administrar las relaciones con los Estados, organismos internacionales y otros sujetos de derecho internacional, constituyendo el canal oficial y formal de comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia.

(…)

10. Ser interlocutor válido de las representaciones diplomáticas, misiones especiales, consulares y de organismos internacionales acreditados en Bolivia, velando y regulando sus privilegios e inmunidades; y coordinando y apoyando su actividad protocolar oficial, bajo el principio del respeto y cumplimiento de las normas bolivianas, instrumentos internacionales y criterios de reciprocidad internacional, según corresponda.

(…)”.

         Constituyéndose el Ministerio de Relaciones Exteriores, o Cancillería, en el canal oficial y formal de comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia con las organizaciones internacionales; verificándose en consecuencia, que dentro del trámite administrativo ante las instancias del Ministerio de Trabajo, se dio cumplimiento a la normativa citada; de esa forma se tiene las notas M.T.E.P.S./J.D.T.L.P./070/2020 de 11 de mayo y 0387/20 de 20 de mayo, mediante las que se evidencia el cumplimiento del procedimiento de notificación a la parte demandada, con el Auto JDTLP-DASC-016/2020, mediante la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores (Conclusiones II.4). El mismo procedimiento se imprimió respecto a la notificación con el Auto JDTLP-DASC-056/2020 de 29 de julio, emitiéndose las notas M.T.E.P.S./J.D.T.L.P./107/2020 de 4 de agosto y 0580/20 de 4 de agosto de 2020 (Conclusiones II.7); y, finalmente con relación a la notificación con la Resolución Ministerial 1279/2, debe considerarse el Informe MTEPS-JDT LP-IT-BDFB-0142-INF/22 de 18 de marzo, emitido por el Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, el cual se refiere a la “Remisión de Solicitud de Verificación de Cumplimiento de Conminatoria de Reincorporación en Coordinación con la Unidad de Relaciones Internacionales y el Ministerio de Relaciones Exteriores”, del cual se extrae que se dio cumplimiento a la notificación con la conminatoria de reincorporación a la parte demandada, precautelando sus privilegios e inmunidad.

En consecuencia, por lo argumentado precedentemente, corresponde otorgar la tutela solicitada, recalcando que, conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal Constitucional Plurinacional, si el caso fuera dilucidar controversias entre las partes, derivadas de la relación laboral, no debe olvidarse que al tratarse de conminatorias en materia laboral, solo le corresponde a este Tribunal disponer que se dé cumplimiento cabal a las mismas, velando por una aplicación imparcial y de resguardo de derechos de las y los trabajadores; y, en tal sentido, cualquier otro aspecto emergente como el referido a la naturaleza de las partes procesales, formas de contrato, su modalidad, plazos, derechos y obligaciones de las partes, etc; que implique una contradicción de derechos entre las partes procesales, deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria conforme a ley y procedimiento.

Finalmente y de conformidad con el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, debe tomarse en cuenta que toda resolución emitida por este Tribunal, se encuentra revestida del carácter vinculante y obligatorio en cuanto a su cumplimiento, en resguardo del derecho de acceso a la justicia y en concordancia con lo dispuesto por el art. 203 de la CPE, criterio por el cual corresponde que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efectos de dar cumplimiento estricto del presente fallo constitucional, y en caso necesario, conforme prevé el art. 17 del CPCo, proceda a: i) Requerir la intervención de la fuerza pública; ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda; iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, iv) Remitir antecedentes al Ministerio

Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto, estará sujeta a sanción conforme a la Constitución Política del Estado y la ley; y, de acuerdo a lo establecido por el art. 127 de la Norma Suprema.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al declarar la improcedencia de la tutela impetrada actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 247/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 269 a 272; pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

CORRESPONDE A LA SCP 0607/2024 (viene de la pág.48).

1°   CONCEDER la tutela impetrada debido a la vulneración del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración justa, disponiéndose que la parte demandada de cumplimiento íntegro a la CONMINATORIA contenida en el POR TANTO SEGUNDO de la Resolución Ministerial 1279/21 de 28 de diciembre de 2021, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la cual textualmente señala que: “En consecuencia se CONMINA al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)-Representación Bolivia, a través de su Representante-Santiago Vélez, proceder a la reincorporación laboral de los trabajadores: José Cesar Robles Vidaurre y Marco Antonio Jordán Mendoza, así como el pago de salarios devengados y demás derechos laborales que les corresponda hasta el día de su reincorporación efectiva” (sic); debiendo tomarse cuenta que, conforme a memorial de apersonamiento presentado ante este Tribunal, la entidad ahora demandada cuenta con un nuevo representante legal, quien deberá dar cumplimiento a la referida conminatoria; de conformidad con los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

2º   Se dispone la notificación de la parte demandada, con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, al constituirse esta cartera de Estado en interlocutor válido al efecto, conforme dispone el art. 4.II numeral 4 y 10 de la Ley 1465.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de voto aclaratorio.

MSc. Georgina Amusquiva Moller

    MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

      MAGISTRADA

^[1] La SCP 0138/2012 de 4 de mayo, resolvió una causa en la que, el accionante denunció la vulneración de sus derechos laborales ante el despido intempestivo e injustificado de su fuente laboral; y, pese a que la Dirección Departamental de Trabajo del Beni conminó a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Universidad Autónoma del Beni para que restituya al trabajador, se mantuvo vigente dicho despido, concediendo la tutela el Tribunal Constitucional Plurinacional con el argumento que: "...si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495”.

En este sentido, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, resolviendo un caso en el que la accionante denunció que el Rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de manera injustificada dejó sin efecto la Resolución que la designó como Docente Investigadora; por lo que, acudió ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, entidad que dentro de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y los Decretos Supremos (DDSS) 28699 y 0495 emitió la conminatoria de reincorporación a su fuente de trabajo, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales, la cual, no obstante de ser notificada no fue cumplida. Destacándose el argumento que refiere que: “…si bien la acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario; empero, en el caso específico en que se advierte un retiro intempestivo sin causa legal justificada de una trabajadora o trabajador de su fuente de trabajo, se prescinde de este principio debido al imperativo categórico de la Ley Fundamental, que impone la protección del derecho del trabajo; así como su estabilidad, porque en estos casos no solo se afecta a la persona individual sino a todo el grupo familiar que depende de una trabajadora o trabajador, puesto que el trabajo está vinculado a la subsistencia y a la vida misma de una persona; de ahí que se enfatiza la connotación social que tiene el elemental derecho al trabajo”.

^[2] La SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, moduló la SCP 0177/2012, indicando que, para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación a través de la acción de amparo constitucional, se exige como presupuesto adicional que aquella se encuentre debidamente fundamentada, refiriendo que: "...ante una destitución intempestiva e injustificada de una trabajadora o un trabajador, las Jefaturas Departamentales de Trabajo, luego de imprimir el trámite del DS 0495, deben emitir la correspondiente conminatoria de reincorporación pudiendo la parte procesal plantear amparo constitucional para su cumplimiento, pese a ello, debe entenderse que la justicia constitucional no puede hacer cumplir una conminatoria cuando la misma carece de fundamentación alguna…”

^[3] La SCP 0900/2013 de 20 de junio, concluyó que: "...el Tribunal Constitucional Plurinacional, no es una instancia más dentro del proceso administrativo laboral iniciado ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, si bien, dichas instituciones pretenden precautelar los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, empero, al emitirse una resolución que conmine la reincorporación, ello no debe significar que de manera inmediata, la jurisdicción constitucional, haga cumplir la misma tal cual se refirió, como si fuera una instancia más, que ordene la automática reincorporación del trabajador a su fuente laboral, en su caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la revisión de los procesos puestos en su conocimiento, debe hacer una valoración integral de todos los datos del proceso, los hechos y los supuestos derechos vulnerados, y después de ello, haciendo prevalecer la 'verdad material’ sobre la verdad formal, emitirá un criterio, mediante una decisión justa y armónica con los principios, valores, derechos y garantías, contenidos en el texto Constitucional y en la ley, normas en la cual, el Tribunal debe circunscribir sus decisiones. Aspecto concordante con el art. 2.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) (Ley vigente en su primera parte), que señala: 'La justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales".

^[4]   La SCP 1712/2013 de 10 de octubre, moduló el razonamiento de la SCP 0900/2013, reconduciendo la línea a lo previsto en la SCP 2355/2012, en ese sentido, estableció que: "...mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III. 1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio”.

^[5] En la SCP 0709/20017-S2 de 31 de julio, en la que los accionantes denunciaron la vulneración de su derecho al fuero sindical -entre otros-; y, a pesar de la existencia de conminatoria de reincorporación laboral, esta no fue cumplida por el empleador, este Tribunal refirió que: "...la normativa laboral de nuestro Estado, busca que la jurisdicción constitucional resguarde los derechos del trabajador disponiendo que la conminatoria de reincorporación sea cumplida en forma inmediata y obligatoria, puesto que el solo incumplimiento vulnera el derecho a la estabilidad laboral del trabajador, tal como la uniforme jurisprudencia constitucional lo precisó, razón por la que corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando esté ante una denuncia de incumplimiento de conminatoria, verificar únicamente si en este tipo de casos se emitió una conminatoria a favor de trabajadores amparados por la Ley General del Trabajo y si ¡a misma fue cumplida o incumplida, para otorgar la tutela solicitada, sin ingresar a resolver cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido proceso del empleador (al no ser accionante) y de forma provisional, lo que quiere decir que el fallo a emitirse en esta jurisdicción no llega a ser definitivo, en virtud a que la validez de la conminatoria puede ser impugnada en la vía administrativa y/o judicial. El presente razonamiento constituye un cambio de línea jurisprudencial en resguardo y protección máxima de los derechos del trabajador (como principal fuerza de desarrollo del país y como sustento de su familia), en razón a que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no se constituye en una instancia de impugnación de los procesos laborales".

^[6] La SCP 0015/2018-S4 de 23 de estableció que: "...no es posible suponer que en la tarea de verificar una denuncia de incumplimiento de la conminatoria, lesivo del derecho al trabajo, se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación; en contrario, este Tribunal tiene atribuciones limitadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales; en consecuencia, corresponde reconducir el razonamiento jurisprudencial desarrollado sobre esta problemática, volviendo a sumir el previsto en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo”.

^[7] La SCP 0133/2018-S2 de 16 de abril, creó las siguientes subreglas: "...ante la evidente existencia de jurisprudencia dispersa que resuelve de manera diferente una misma problemática,; y con la finalidad de otorgar certeza jurídica al justiciable, corresponde establecer las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo: a) Procede la acción de amparo constitucional de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa, constituyendo una excepción al principio de subsidiariedad; b) La jurisdicción constitucional verificará en cada caso la pertinencia de la conminatoria de reincorporación, limitándose tal análisis a constatar que aquella fue emitida a favor de! trabajador que se encuentra dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y la normativa laboral complementaria; supuestos que permitirán ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación; y, c) La tutela que otorga la jurisdicción constitucional es provisional, al quedar todavía mecanismos pendientes que pudieran eventualmente ser activados por el empleado o el empleador”.

^[8] La SCP 0359/2018-S1 de 26 de julio, de forma implícita recondujo el entendimiento de la SCP 0900/2013, señalando que: "...no es posible ante un conflicto laboral por un presunto despido injustificado, disponer el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral cuando su emisión no resulta jurídicamente razonable. Debiendo en cada caso verificar la pertinencia de la conminatoria de reincorporación laboral, constatando que la misma haya sido emitida a favor del trabajador que se encuentre dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y la normativa complementaria, analizando también que no se trate de una relación laboral sujeta a un contrato a plazo fijo es decir, que la entidad encargada de emitir las conminatorias de reincorporación, en aplicación del principio de legalidad y conservación de la norma, debe identificar incuestionablemente la naturaleza de la relación laboral de la cual emergen los supuestos actos ilegales, dada la diversidad de trabajadores y disposiciones normativas que existen en protección a estos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que no pueden recibir el mismo tratamiento los trabajadores que se encuentran bajo la protección de la Ley General del Trabajo y los servidores públicos, respecto a los cuales el legislador emitió el Estatuto del Funcionario Público.

(...)

En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su labor de velar por el respeto de los derechos de toda persona, a efectos de conceder o denegar la tutela en los casos en que se denuncie el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe analizar todos los aspectos inherentes al caso que le permitan concluir en una decisión razonable, sin que ello implique ingresar al fondo de la problemática, determinando cuestiones que por su naturaleza, deben ser resueltas en la vía laboral ordinaria, sin dejar de mencionar; además, que la tutela otorgada por este Tribunal tiene carácter provisional por cuanto, tanto empleador como trabajador pueden concurrir ante la judicatura laboral a efectos de que sea la autoridad competente quien a través de un contradictorio, defina el fondo del problema laboral”.

^[9] La SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, indicó que a la jurisdicción constitucional le compete hacer cumplir de forma integral de la conminatoria de reincorporación: "En este entendido, este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela”.

^[10] Así las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0376/2019-S4 18 de junio, 0904/2019-S4 de 16 de octubre, 0938/2019-S4 de 2 de octubre, 0683/2019-S4 de 28 de agosto, 0619/2019-S4 de 14 de agosto, 0564/2019-S4 de 29 de julio, 0236/2019-S4 de 16 de mayo, 0173/2019-S4 de 25 de abril, 0117/2019-S4 de 17 de abril, 0502/2018-S4 de 5 de septiembre, 0370/2018-S4 de 25 de julio, 0342/2018-S4 de 17 de julio, 0259/2018-S4 de 11 de junio, 0169/2018-S4 de 8 de mayo, 0123/2018-S4 de 16 de abril, 0084/2018-S4 de 27 de marzo, 0778/2019-S4 de 12 de septiembre, 0123/2018-S4 de 16 de abril, 0143/2019-S3 de 11 de abril, 0496/2019-S4 de 12 de julio, 1057/2019-S4 de 16 de diciembre, 0693/2019-S4 de 28 de agosto, 0417/2019-S4 de 2 de julio, 0529/2019-S4 de 12 de julio, 0082/2018-S4 de 27 de marzo, 0229/2019-S4 16 de mayo, 0068/2019-S4 de 5 de abril, 0092/2018-S4 de 27 de marzo, 0846/2018-S4 de 12 de diciembre, 0689/2018-S4 de 25 de octubre, 0617/2018-S4 de 2 de octubre, 0420/2018-S4 de 15 de agosto, 0318/2018-S4 de 27 de junio, 0235/2018-S4 de 21 de mayo, 0340/2018-S4 de 17 de julio, 0809/2018-S2 de 11 de diciembre, 0589/2018-2 de 28 de septiembre, 0564/2019-S4 de 29 de julio, 0028/2018-2 de 28 de febrero, 0096/2018-S3 de 4 de abril, 0212/2018-S3 de 1 de junio, 0396/2018-S3 de 14 de agosto, 0509/2018-S3 de 18 de septiembre, 0524/2018-S3 de 12 de octubre, 0457/2019-S3 de 23 de agosto, 0650/2019-S3 de 2 de octubre, 0498/2019-S3 de 26 de agosto, 0181/2019-S2 de 24 de abril, 0094/2019-S2 de 5 de abril y 0814/2018-S2 de 11 de diciembre; inclusive, debe ordenarse este pago aunque la conminatoria de reincorporación no lo hava dispuesto: Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0148/2019-S2 de 27 de abril, 0823/2020-S4 de 15 de diciembre y 0809/2020-S4 de 9 de diciembre.

^[11] Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0178/2019-S2 de 24 de abril, 0042/2019-S2 de 1 de abril, 0809/2018-S2 de 11 de diciembre, 0127/2019-S2 de 17 de abril, 0348/2018-S2 de 18 de julio, 0048/2019-S1 de 3 de abril, 0783/2018-S1 de 28 de noviembre, 0222/2019-S1 de 7 de mayo, 0103/2019-S1 de 10 de abril, 0641/2018-S1 de 16 de octubre, 0534/2018-S1 de 17 de septiembre, 0042/2019-S2 de 1 de abril, 0130/2019-S1 de 17 de abril y 0422/2020-S3 de 2 de septiembre.

^[12] SCP 0627/2018-S3 de 30 de noviembre

^[13] Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/2018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre.

^[14] SCP 0861/2018-S4 de 18 de diciembre.

^[15] SCP 0123/2018-S2 de 16 de abril, línea de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2355/2012 de 22 de noviembre y 0625/2019-S4 de 14 de agosto; en otro caso, en el que se denegó la tutela se indicó que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, esta debe contener fundamentos jurídicamente razonables: SCP 0856/2020-S3 de 4 de diciembre.

^[16] Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0590/2018-S4 de 28 de septiembre, 0301/2019-S3 de 15 de julio, 1004/2019-S4 de 27 de noviembre y 0071/2019-S4 de 5 de abril.

^[17] SCP 0449/2019-S2 de 24 de junio.

^[18] Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0159/2019-S4 de 25 de abril, 0165/2018-S4 de 30 de abril y 0592/2018-S1 de 1 de octubre.

^[19] Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0805/2019-S4 de 12 de septiembre, 0684/2019-S4 de 28 de agosto, 0908/2019-S4 de 16 de octubre, 0091/2019-S4 de 10 de abril, 0654/2019-S4 de 21 de agosto, 0662/2019-S4 de 21 de agosto, 0664/2019-S4 de 21 de agosto, 0413/2019-S4 de 2 de julio, 0847/2019S4 de 2 de octubre, 0687/2019-S4 de 28 de agosto, 0142/2019-S3 de 11 de abril, 564/2019-S3 de 9 de septiembre, 0455/2019-S3 de 23 de agosto, 0778/2019-S4 de 12 de septiembre y 0091/2019-S4 de 10 de abril.

^[20] SCP 0646/2018-S3 de 11 de diciembre

^[21] SCP 0212/2018-S3 de 1 de junio.

^[22] SCP 0188/2019-S1 de 7 de mayo

^[23] SCP 0361/2018-S1 de 26 de julio

^[24] Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0799/2018-S4 de 20 de noviembre, 0464/2018-S3 de 13 de septiembre, 0698/2018-S1 de 30 de octubre, 0674/2018-S1 de 26 de octubre de 2018  y 0359/2018-S1 de 26 de julio

^[25] Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0476/2018-S3 de 1 de octubre, 0641/2018-S3 de 4 de diciembre, 0012/2019-S3 de 1 de marzo, 0097/2019-S4 de 10 de abril, 0749/2018-S4 de 9 de noviembre, 0400/2019-S3 de 8 de agosto, 0534/2019-S3 de 2 de septiembre, 0325/2018-S4 de 27 de junio y 0164/2020-S4 de 21 de julio.

^[26] SCP 0230/2018-S1 de 29 de mayo

^[27] Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0162/2019-S1 de 26 de abril, 0546/2018-S1 de 20 de septiembre, 0223/2018-S1 de 28 de mayo y 0168/2018S1 de 9 de mayo

^[28] El entendimiento concerniente a la estabilidad laboral expresado en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, fue citado por la SCP 1262/2013 de 1 de agosto, SCP 1588/2014 de 19 de agosto, 0381/2016-S2 de 25 de abril, 0096/2018-S3 de 4 de abril, entre otros.

^[29] La Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto al desarrollo progresivo de los derechos derivados de las normas económicas y sociales, expreso en su art. 26: Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 

^[30] El entendimiento concerniente a la estabilidad laboral expresado en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, fue citado por la SCP 1262/2013 de 1 de agosto, SCP 1588/2014 de 19 de agosto, 0381/2016-S2 de 25 de abril, 0096/2018-S3 de 4 de abril, entre otros. 

^[31] Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de2006, establece expresamente: “Artículo 10°.- (Beneficios sociales o reincorporación)

I.            Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.

II.        Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que el corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley.

III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo”.

^[32] Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS Nº 495, 1 de mayo de 2010, que modifica el art 10.III e incluye los parágrafos  IV y V del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de2006, establece en su artículo único, las siguientes disposiciones: “Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto: 

`III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.’

Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos:

`IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.

V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’.

^[33] Mediante SCP 0591/2012 de 20 de julio, fue declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa.  

^[34] “En consecuencia, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.I de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío; esto, en razón a que el acceso a la justicia no implica sólo la posibilidad de presentar una causa ante un tribunal y que éste emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado sino que, además, tal acceso debe ser efectivo. Es por eso, que la CIDH, determinó que el Estado, tiene la obligación de implementar todas las medidas para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y no puede apartarse del cumplimiento de éstas, so pena de incurrir en violación a la protección judicial prevista en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al deber derivado del art. 2 del mismo instrumento internacional. Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación del derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado”.

^[35] El FJ III.1 señala que: “El carácter vinculante y obligatorio de las Resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo previsto por el art. 203 de la CPE, de forma taxativa, determina lo siguiente ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; así también el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: ‘Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares’, y en concordancia con el art. 19 del citado código, establece: ‘Las Sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicaran en la Gaceta Constitucional Plurinacional, cuya periodicidad será mensual. El Tribunal Constitucional Plurinacional difundirá sus resoluciones, además de los mecanismos electrónicos, a través de los medios que vea conveniente’, cuyo entendimiento permite especificar que la publicación de las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten importancia ya que no sólo son de carácter ilustrativo o de información, sino por su carácter vinculante el conocimiento oportuno de las mismas es imprescindible, especialmente para la jurisdicción ordinaria, para el uso profesional y el estudio en genera”.

^[36] El FJ III.1 indicó que: “Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación.”

^[37] Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.

^[38] La SCP 1192/2023-S1 de 26 de octubre, al analizar y resolver una acción de amparo constitucional relacionada con la protección de derechos laborales de una persona con una patología física, abordó en su Fundamento Jurídico III.4 “De los derechos a la vida y a la salud y su interdependencia con los derechos sociales”, razonamiento inherentes al resguardo y protección de derechos dentro del ámbito laboral, no solo aquellos estrictamente vinculados con la materia; sino, aquellos que se encuentran en directa relación e interdependencia y que necesariamente deben ser considerados a momento de efectuar el análisis y resolución de un caso concreto.