SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0065/2025-S3

Los accionantes, quienes son dos adolescentes, por medio de sus representantes,  denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; y de los principios de legalidad, favorabilidad y presunción de inocencia; por cuanto, dentro del proceso penal que se les sigue por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, las Vocales demandadas, a través del Auto de Vista SFNA 096/2024 de 27 de febrero, resolvieron el recurso de apelación restringida, presentado de su parte, por el que fuera de los marcos de logicidad y de las reglas de sana crítica, determinaron confirmar la Sentencia 61/2023 de 22 de noviembre, que los declaró responsables penalmente por el delito de violación, imponiéndoles la pena atenuada a tres años y seis meses, al ser como medida socioeducativa con privación de libertad; Resolución que se sustentó en una defectuosa valoración de las pruebas presentadas de su parte y en las declaraciones contradictorias e incongruentes de la presunta víctima, y con evidente inobservancia a la ley sustantiva penal respecto al dolo y su configuración al tipo penal de violación; agravios que denunciaron en el referido recurso de apelación presentado de su parte, aspectos que, en alzada no fueron fundamentados ni motivados; asimismo, inobservaron aplicar Autos Supremos que poseen “poder” por su vinculatoriedad; por tal motivo, solicitaron que se les conceda la tutela disponiendo se anule el Auto de Vista SFNA 096/2024, y se ordene a la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dicte un nuevo Auto de Vista conforme a los lineamientos que establece la jurisdicción constitucional.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1   La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre^[1], la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio^[2], se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio^[3], precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.  

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre^[4] se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre^[5] la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución   a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero^[6]-.