SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0221/2025-S3

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba e interpretación de la norma, además de los principios de igualdad y verdad material; alegando que, en el interdicto de recuperar la posesión que interpuso su hermano Gustavo Isaac Altamirano Domínguez -tercero interesado-, en su contra, si bien inicialmente por Sentencia 3 de 23 de febrero de 2022, el Juez de la causa declaró improbada la demanda principal en todas sus partes; en resolución del recurso de apelación formulado por el indicado, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 76 de 1 de septiembre de ese año, revocando la Sentencia impugnada; y, en el fondo, declararon probada la misma, ordenando su desocupación y la de otros ocupantes que estuvieran en el bien inmueble allí descrito, dentro de tercer día, bajo prevención de expedir mandamiento de desapoderamiento. Decisión que refiere, fue pronunciada con ausencia de fundamentación, motivación y congruencia; y, en errónea e incompleta valoración de la prueba ofrecida.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales: Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada; valoración probatoria apartada de los marcos de razonabilidad y equidad; e, incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria, que vulneren derechos fundamentales

           Respecto al intitulado, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, efectuando un análisis y extracto de la contextualización jurisprudencial emitida por el órgano de constitucionalidad en cuanto a la posibilidad de revisar la actividad jurisdiccional de otros tribunales; concluye que: “…sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales”.

III.2. Del derecho a una resolución fundamentada, motivada y congruente

           Sobre el particular, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, haciendo referencia a diversos fallos constitucionales anteriores, establece que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre^[1], la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio^[2], se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

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