SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0233/2025-S3

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.    Dentro del proceso de divorcio seguido por Mercy Leidy Vargas Ferreira -tercera interviniente- contra Marcelo Villarroel Parada -accionante-, Boris Alexander Aquino Espinoza, Juez Público de Familia Primero de Cobija del departamento de Pando -demandado-, Pronunció Sentencia 127/2019 de 15 de agosto, estableciendo en el RESULTANDO: I.3 “…Debido a constantes desacuerdo, se han llegado a separar hace ya 7 meses atrás, es más, el demandado, radica en la ciudad de Riberalta…” (sic [fs. 4 a 5).

II.2.    Por memorial presentado el 25 de julio de 2022, la tercera interviniente, presentó liquidación de asistencia familiar por la suma de Bs51 000.- (cincuenta y un mil bolivianos), impetrando en el Otrosí que, respecto a la notificación con la liquidación de asistencia familiar, que “…siendo que el obligado señaló domicilio en la Secretaria de su digno despacho, solicito que la notificación con la liquidación de asistencia familiar sea notificada en la misma…” (sic), en virtud a lo cual, la autoridad demandada, mediante decreto de 27 de julio de 2022, dispuso que: “La liquidación que antecede, póngase a conocimiento del obligado Marcelo Villarroel Parada, para que cancele u observe el mismo en el plazo de 3 días, bajo apercibimiento de aprobarse e intimarse su pago.

Al otrosí.- Notifíquese al demandado en el domicilio procesal virtual que hubiese señalado…” (sic [fs. 7 a 9]).

II.3.    Cursan diligencias de notificación de 1 de agosto de 2022, efectuada al impetrante de tutela, con memorial de 25 de julio de 2022 y decreto de 27 de igual mes y año, conforme el art. 442.I del CFPF, señalando en la nota marginal que se le comunico y se envió copia vía WhatsApp a su abogada Rocío Beatriz Arraya Mérida, Cel. 72918072 (fs. 10).

II.4.    La tercera interviniente, mediante memorial de 9 de agosto de 2022, solicitó aprobación de liquidación de asistencia familiar e intimación de pago; pidiendo en el Otrosí Primero, que, además de realizar notificación en el domicilio procesal del demando, ”….Se notifique al número celular…………… perteneciente al Sr. Marcelo Villarroel Parada…” (sic). Por Auto de 17 de agosto de igual año, el Juez demando, aprobó la referida liquidación de asistencia familiar e intimó al accionante para que cancele la referida asistencia familiar en el plazo de tres días  de su notificación; asimismo, providenciando al Otrosí 1, ordenó que se notifique a la parte demandada en el domicilio procesal virtual que haya señalado en el proceso y, sin que implique notificación, para mayor conocimiento del solicitante de tutela, “…enviarse copia de la resolución al No celular que señala en el memorial que antecede” (sic [fs. 13 a 14]).

II.5.    Constan diligencias de notificación de 22 de agosto de 2022, realizadas al accionante, con el memorial de 12 de agosto de 2022 y Auto de 17 del mes y año señalados, conforme el art. 314.I del CFPF, cursando nota marginal, refiriendo, que se comunicó y se envió copia vía WhatsApp a Roció Beatriz Arraya Mérida al número de celular 72918072 (fs. 16).

II.6.    Mediante memorial presentado el 31 de agosto de 2022, la tercera interviniente, solicitó se emita mandamiento de apremio con facultad de allanamiento. Por decreto de 6 de septiembre de 2022, la autoridad demandada, considerando que el accionante no cancelo el monto devengado aprobado e intimado por Auto de 17 de agosto de ese año, dentro el plazo de tres días, dispuso la expedición de mandamiento de apremio a nivel nacional con facultades de allanamiento contra el prenombrado (fs. 18 y 21).

II.7.    Cursa Mandamiento de Apremio a nivel nacional 66/2022 lDE 7 de septiembre (fs. 20).

II.8.    En audiencia de garantías, Yulmi Peredo Lafuente, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento del Beni, informó que: “…el día de hoy -se entiende 30 de septiembre de 2022-, se ha corrido en traslado un incidente de nulidad presentado por el ahora accionante en el que pide nulidad de obrados arguyendo que su persona jamás habría sido notificado y ya que desde hace tres años vive en Riberalta y su abogado jamás hubiera recibido dichas notificaciones con liquidación entre otros aspectos litispendencia por existir uno otro proceso de asistencia familiar al respecto dicho incidente debe resolverse para verificarse si [e]s evidente el reclamo argüido…” (sic [fs. 113 vta.]).