SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0427/2025-S3

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad y a la libertad de circulación y personal; alegando que, emergente del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, mediante Auto Interlocutorio 318/2022 de 20 de junio, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primera (Plan 3000) de la Capital del departamento de Santa Cruz, impuso medidas sustitutivas a su detención preventiva. Sin embargo, la autoridad judicial demandada “…observa previamente acredite solvencia económica e indicando además que no debiera contar con ningún gravamen y demás exigencias que pese a cumplirlas niega en conceder[le] (…) correspondiente mandamiento de libertad…” (sic).

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. No procede el desistimiento de la acción de libertad, presentado en forma posterior al señalamiento de audiencia

           El art. 126 de la CPE, en consideración a la naturaleza de la acción de libertad, y la importancia de los derechos que tutela, establece el procedimiento a seguirse para su consideración y resolución, regulando lo siguiente:

“I. La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de la audiencia pública, la cual tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción, y dispondrá que la persona accionante sea conducida a su presencia o acudirá al lugar de la detención. Con dicha orden se practicará la citación, personal o por cédula, a la autoridad o a la persona denunciada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por la autoridad o la persona denunciada como por los encargados de las cárceles o lugares de detención, sin que éstos, una vez citados, puedan desobedecer.