SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0367/2025-S3

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, a la defensa y al principio de legalidad; toda vez que, habiéndose emitido el Auto Interlocutorio 865/2022, mismo que dispuso la detención preventiva de un mes en el Centro de Orientación Femenina Obrajes de La Paz para las terceras interesadas -sus hermanas-, apelado el mismo, fue resuelto mediante el Auto de Vista 645/2022, pronunciado por la Vocal demandada, el cual revocó el citado fallo de instancia, disponiendo la modificación de la medida cautelar establecida de detención preventiva a detención domiciliaria; aspecto que alegó ser lesivo a sus derechos y garantías; puesto que dicho Auto de Vista emitido por la referida autoridad judicial carece de motivación y fundamentación; toda vez que, el mismo no tomó en cuenta los riesgos existentes referidos al peligro de fuga, peligro efectivo para la víctima y obstaculización del proceso, siendo a su vez contradictorio, ya que este no tomo en cuenta que de acuerdo a lo establecido por el art. 232 del CPP, modificado por el art. 2.III de la Ley 1226, en delitos relacionados a violencia familiar o doméstica, es  posible aplicar la detención preventiva inclusive a personas de la tercera edad; por tal motivo el impetrante de tutela solicitó se conceda la misma, disponiendo: i) Dejar sin efecto el Auto de Vista 645/2022, y en consecuencia se emita uno nuevo; y, ii) Se ordene el pago de costas y daños y perjuicios.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.