SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0512/2025-S1

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral y  al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, habiéndose aprobado el Reglamento de Evaluación del Desempeño de Notarios y Notarias de Fe Pública de Carrera Notarial, mediante Resolución Administrativa DIRNOPLU 095/2021 de 5 de octubre, se sometió al indicado proceso presentando todos los requisitos legales respecto de su aprobación satisfactoria para permanecer en la carrera notarial; empero, obtuvo una evaluación negativa de desempeño -un puntaje total de 48.69 sobre 100 puntos-; por lo que, presentó impugnación contra dicho resultado alegando que no pueden usar su sanción disciplinaria para afectar su calificación, solicitando su anulación y se enmiende la misma, otorgándole el derecho de continuar con sus funciones notariales obtenida por exámenes institucionalizados de méritos y competencia, en respuesta la autoridad demandada emitió la Resolución de Impugnación DIRNOPLU 019/2023 de 10 de enero, confirmando totalmente la puntuación obtenida, sin fundamentar ni justificar su decisión, generando la emisión de la Resolución Administrativa “DIRNOPU” 047/2023 de 31 de enero, por la cual se resolvió su cesación de funciones en el ejercicio del servicio notarial por Evaluación de Desempeño Negativo y dejó sin efecto la Resolución Administrativa de Nombramiento DIRNOPLU 169/2018 de 26 de marzo; de esta forma, impugnó dicha determinación, sin que “al presente” exista pronunciamiento alguno por parte de la DIRNOPLU.

           En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la                                  SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las                   SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio                 -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre^[1]; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio^[2], se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio^[3], precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre^[4], se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre^[5], la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-^[6].