SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0659/2025-S3
Fecha: 01-Jul-2025
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0659/2025-S3
Sucre, 1 de julio de 2025
SALA TERCERA
Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas
Acción de amparo constitucional
Expediente: 55409-2023-111-AAC
Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 51 “A” de 4 de abril de 2023, cursante de fs. 599 a 609 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roxana Reina Carrizales Aruzca y Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 21 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 206 a 220; y, 385 a 397, las accionantes señalaron que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Habiendo desarrollado actividades como Fiscales de Materia asignadas a la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Pérdida de Dominio, Financiamiento del Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas, dependiente de la Fiscalía Departamental de La Paz. Fueron asignadas a la dirección funcional de las investigaciones del "CASO HORCONES", Roxana Reina Carrizales Aruzca el 8 de junio de 2020 y Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera el 15 del mismo mes y año, que fue iniciado de oficio por parte del Ministerio Público contra Rianeth Aguilar Argote y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico, previsto en el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1998-, donde consecuentemente el 29 de julio de 2020, ambas fueron designadas en comisión de la referida causa.
Posteriormente, el 8 de octubre del citado año, fueron notificadas con el Auto de Conminatoria pronunciado por el Juzgado de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; por consiguiente, el 16 del mismo mes y año, presentaron Resolución de Acusación Fiscal 001/2020 contra Rianeth Aguilar Argote, Soledad Vanesa Rojas Portales, Claudia Gardenia Garcia Salifrank y Wilson Guzman Delgadillo por considerar que resultan ser autores de la supuesta comisión del delito de tráfico; así también, presentaron la Resolución de Rechazo 020/2020 respecto a los antes nombrados por la presunta comisión del delito de asociación delictuosa y confabulación; y, en relación de los ciudadanos argentinos Noel David Damián Careaga y Francisco Oscar Lobayza, por los delitos de tráfico, y asociación delictuosa y confabulación; no obstante de ello, el 3 de noviembre del señalado año, cuando se procedió con la reapertura de la investigación se logró la aprehensión del primero, quien fue imputado mediante Resolución de Imputación Formal 017/2020 de 6 de igual mes, y en cuanto al segundo se tramitó la notificación por edictos a efectos de proceder con su extradición.
Sin embargo, mediante Decreto 026/2021 de 30 de marzo, el entonces Director de Régimen Disciplinario y Transparencia Institucional de la Fiscalía General del Estado, remitió a la Autoridad Sumariante de La Paz, el Informe FGE/DNPDFTLGI 014/2020 de 24 de marzo, por medio del cual sostuvo que ambas Fiscales cometieron faltas disciplinarias muy graves previstas en el art. 121. 9 y 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) con relación a la investigación del “CASO HORCONES”.
Situación que ocasionó que la citada Autoridad Sumariante emita la Resolución de Admisión de Denuncia A.S. RMI 010/2021 de 6 de abril, manifestando que en relación a la falta disciplinaria dispuesta en el art. 121.9 de la LOMP, las prenombradas incurrieron en una actitud pasiva y contemplativa en relación con los coimputados Noel David Damián Careaga y Francisco Oscar Lobayza, aspecto que denotaría la existencia de subordinación indebida en relación a tales personas, hecho que comprometió la objetividad y probidad en el cumplimiento de sus funciones asignadas, aquello en virtud a que, no habrían citado por edictos a los mencionados, pese de haber tomado conocimiento de los informes dictados por la investigadora policial asignada al caso el 16 y 26 de junio de 2020, accionar que en mérito al pronunciamiento de la Resolución de Rechazo 020/2020, habría comprometido la objetividad y probidad de sus actuaciones en relación a la indicada investigación.
Respecto a la falta disciplinaria contemplada en el numeral 18 del art. 121 de la LOMP, se hubiese infringido al momento de la emisión de la referida Resolución de Rechazo a favor de los mencionados sindicados, misma que sería indebida e insuficientemente fundada, aseverando que fue dictada con el propósito de beneficiar a las personas anteriormente señaladas, la cual habría sido cometida el 15 de octubre de 2020.
De acuerdo a lo expuesto, la indicada Autoridad Sumariante pronunció la Resolución AS/FDLPZ/J.A.S.A. 011/2021-F de 20 de julio, por medio de la cual declaró a ambas accionantes responsables de las faltas disciplinarias previstas en el art. 121. 9 y 18 de la LOMP, determinando en consecuencia la sanción de destitución definitiva del cargo; circunstancia por la cual, al considerar que dicha decisión era lesiva a sus derechos y garantías, interpusieron de forma individual recursos jerárquicos, los cuales fueron resueltos por Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 088/2021 de 17 de agosto, dictada por el Fiscal General del Estado, mediante la cual se dispuso la anulación de la Resolución impugnada, debido a que no contenía una debida motivación, fundamentación y congruencia, respecto al informe generador de la denuncia, el auto de admisión y la resolución final de la misma.
Posterior a ello, y en cumplimiento del precitado fallo la mencionada Autoridad Sumariante emitió la Resolución Primera Instancia AS/FDLPZ/JASA. 041/2021-F de 17 de diciembre, y nuevamente se las declaró responsables de las faltas disciplinarias previstas en el art. 121.9 y 18 de la LOMP, disponiendo la sanción de destitución definitiva del cargo; empero, determinación que fue impugnada a través del recurso jerárquico, que siendo resuelto por la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 004/2022 de 10 de enero, por segunda vez se ordenó anular la Resolución confutada bajo los siguientes aspectos:
a) Cambió los hechos contenidos en la denuncia y en el auto de apertura o admisión de la misma y aquellos que fueron resueltos en la resolución de primera instancia, con lo cual no permitió a ambas recurrentes puedan asumir defensa de esos nuevos hechos incluidos por la Autoridad Sumariante; b) La no concurrencia de fundamentación respecto a los elementos típicos de las dos faltas disciplinarias atribuidas; c) No se demostró con precisión el periodo en el que cada una de las fiscales denunciadas asumió la dirección funcional de la investigación, sea de manera individual o conjunta; d) Existe la omisión de individualización de la conducta de cada una de las fiscales denuncias, así como, su grado de participación; e) No se fundamentó el por qué la resolución de rechazo para ser considerada como indebida, necesariamente debía contar con el pronunciamiento de la autoridad judicial a cargo del proceso o por parte del Fiscal Departamental; f) Tampoco se pronunció en relación a que la reapertura del proceso desvirtuaría la subordinación presuntamente atribuía; y, g) La omisión por parte de la autoridad sumariante con respecto a las pruebas aportadas e incorporadas al proceso disciplinario y su valoración.
Ante dicha situación, ambas accionantes acudieron a la justicia constitucional en resguardo de sus derechos y garantías presuntamente lesionadas mediante la presentación de dos acciones de amparo constitucional presentadas por separado, las cuales en virtud a lo determinado por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a través del Auto de 23 de noviembre de 2022 fueron acumuladas, aquello en mérito a los principios de concentración y celeridad que rigen la jurisdicción constitucional, mismas que en virtud a lo manifestado en los respectivos escritos alegaron los siguientes agravios:
1) Respecto a Roxana Reina Carrizales Aruzca
Conforme a la relación de los hechos detallados con anterioridad, se tiene que el acto vulneratorio de derechos cometido en contra de la mencionada fue ocasionado por la decisión pronunciada en la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 031/2022, quien expresó como agravios los siguientes aspectos: i) La presunción de culpabilidad atribuida por parte de la Autoridad Sumariante con respecto a una adecuada individualización del grado de participación que tendría, en relación a la falta disciplinaria prevista en el art. 121.9 de la LOMP; ii) La citada Autoridad no estableció desde que momento su persona se habría subordinado, simplemente hizo alusión a “cuatro meses” sin especificar circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión de la referida falta disciplinaria, siendo que “nunca habría salido a la Argentina” (sic); iii) El no pronunciamiento por parte de la Autoridad Sumariante en referencia a los componentes típicos de "`comprometer la objetividad y probidad´" (sic); y, iv) La falta de valoración de la prueba de descargo presentada, misma que demostraría la ausencia de responsabilidad disciplinaria.
2) En relación a Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera
De acuerdo a los hechos descritos precedentemente, se tiene que el acto lesivo ocasionado contra los derechos de la prenombrada se encuentra sujeto a lo establecido en la mencionada Resolución Jerárquica, la cual manifestó como agravios los siguientes puntos: a) La Resolución Primera Instancia AS/FDLPZ/JASA. 009/2022-F emitida por la Autoridad Sumariante procedió a cambiar los actos contenidos en la Resolución de Admisión de Denuncia A.S. RMI 010/2021, la cual aseveró que existió de su parte subordinación atribuida por actitud pasiva y contemplativa, y la resolución demandada mediante recurso jerárquico afirma que hubo una subordinación en una conducta dócil y sumisa, la cual estaría demostrada por una omisión de actividad investigativa, cuestionamiento que no fue contestado por la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 031/2022; b) La inexistencia de motivación aparente en la indicada Resolución Jerárquica con respecto a la falta disciplinaria descrita en el art. 121.18 de la LOMP, en la cual el Fiscal General demandado no ejecutó ningún tipo de fundamentación, limitándose simplemente a realizar una relación de actuados procesales que se dieron en el transcurso de la causa penal que originó la falta disciplinaria, señalando que la Resolución de Rechazo 020/2020 resultaría ser indebida; y, c) El reconocimiento por parte de la autoridad demandada en relación a que se habría ingresado a valorar prueba en segunda instancia, aspecto que es prohibido; toda vez que, los tribunales de alzada de encuentran impedidos de hacerlo.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus componentes de fundamentación y congruencia, a la defensa, al principio prohibición de “reformato in peius” y al juez natural en su elemento prohibición de valoración de la prueba, sin citar norma constitucional alguna.
I.1.3. Petitorio
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 031/2022; y, 2) Se ordene al Fiscal General del Estado emitir una nueva resolución en la que se pronuncie con respecto a todos y cada uno de los agravios contenidos en recurso jerárquico formulado por las accionantes, no se las sancione por hechos que no tuvieron la oportunidad de defenderse, tampoco ejecute revalorización de la prueba producida en primera instancia.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 5 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 564 a 579 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
Las accionantes a través de su abogado reiteraron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestaron que: i) Presentaron una Resolución de Acusación Fiscal 001/2020 en contra de cuatro personas sindicadas, por considerar que existían suficientes elementos de convicción que demostraban la responsabilidad penal; empero, de manera simultánea, emitieron Resolución de Rechazo 020/2020 respecto de las otras dos personas sindicadas, debido a que, luego de haber imputado a las cuatro primeras, se amplió la investigación en contra de estas últimas, quienes, al ser buscadas, no pudieron ser habidas; por tal motivo, no se recibió su declaración informativa, y sin ella no puede formularse imputación; en consecuencia, no se los imputó y, por tal razón, se pronunció la citada Resolución de Rechazo; ii) Desarrollado el proceso disciplinario, la Autoridad Sumariante dictó la Resolución AS/FDLPZ/J.A.S.A. 011/2021-F, mediante la cual las declaró responsables de las faltas denunciadas y, en consecuencia, les impuso la sanción de destitución del cargo de Fiscales de Materia; ante tal determinación, sintiéndose agraviadas, interpusieron recurso jerárquico, que fue resuelto mediante Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 088/2021, disponiendo la anulación de la resolución sancionatoria primigenia, debido a la inexistencia de motivación, fundamentación y congruencia; iii) Posteriormente, se dictó la Resolución Primera Instancia AS/FDLPZ/JASA. 041/2021-F, manteniéndose la decisión de imponer la referida sanción en su contra; dicha resolución también fue cuestionada, dando lugar a la emisión de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 004/2022, que anuló la determinación confutada, toda vez que, la autoridad sumariante habría modificado los hechos consignados y el contenido de la denuncia establecidos en el “Auto de apertura y de admisión”; en virtud de ello, la autoridad de primera instancia pronunció la Resolución Primera Instancia AS/FDLPZ/JASA. 009/2022, persistiendo en la imposición de la sanción indicada, la cual igualmente fue objetada, y mereció la emisión de la Resolución Jerárquica FGE/JLPP/DAJ/PD 031/2022, dictada por el Fiscal General demandado, que dispuso confirmar la resolución primigenia; es decir, ratificó la sanción de destitución del sus cargo como Fiscales de Materia; iv) Alegaron la existencia de quebrantamiento del derecho al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación e incongruencia dinámica, dado que, no existió pronunciamiento positivo ni negativo por parte de la autoridad demandada, quien omitió referirse al reclamo relacionado con los elementos constitutivos de la falta disciplinaria impuesta en su contra; v) Señalaron, además, que el Reglamento de Régimen Disciplinario de la Fiscalía General del Estado no prevé la posibilidad de realizar la valoración de la prueba en segunda instancia, hecho que, sin embargo, se produjo al momento de emitirse la Resolución Jerárquica ahora impugnada; y, vi) En su intencionalidad de forzar la subsunción de la conducta de las prenombradas en una falta disciplinaria, la Autoridad Sumariante sostuvo que la subordinación no obedeció a una actitud pasiva de no hacer, sino a una actitud dócil y sumisa en la que habrían incurrido, adecuando tal conducta a lo previsto en el art. 121.9 y 18 de la LOMP.
I.2.2. Informe del demandado
Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado, a través de sus representantes mediante informe escrito presentado el 3 de enero de 2023, cursante de fs. 549 a 562, y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: a) La falta disciplinaria establecida en el art. 121.9 de la LOMP, refiere a la "Subordinación indebida respecto a alguna autoridad, persona, organización o entidad que comprometa la objetividad y probidad en el cumplimiento de sus funciones, que se manifieste por hechos notorios", la cual a diferencia de la gran mayoría de las faltas disciplinarias posee componentes típicos, mismos que se encuentran estrechamente interrelacionados entre sí, no pudiendo coexistir uno de ellos de manera independiente; b) La Resolución Jerárquica cuestionada refiere que la falta disciplinaria muy grave prevista en el art. 121.9 de la LOMP, se dio cuando las impetrantes de tutela se subordinaron a los dos investigados a través de hechos notorios, como lo fueron no haberlos citado mediante edictos, conforme el art. 165 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pese a haber solicitado expresamente ese aspecto la investigadora policial asignada al caso, y por no haber solicitado la ampliación de la etapa preparatoria, de acuerdo a lo estipulado por el art. 134 del mismo Código; aspectos que, determinan con suficiente claridad la concurrencia en la conducta de las prenombradas de los tres componentes típicos de la referida falta disciplinaria; c) Desde un inicio se atribuyó de forma individual a Roxana Reina Carrizales Aruzca, la posible comisión de la falta disciplinaria contenida en el art. 121.9 de la LOMP; no obstante de ello, el simple hecho que, en la Resolución Jerárquica impugnada se mencione que esta actuó de manera conjunta con la otra accionante -refiere a Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera-, no significa que se añadieron nuevos hechos a la Resolución de Admisión de Denuncia A.S. RMI 010/2021; d) Respecto a lo manifestado por las impetrantes de tutela, en relación a que se introdujeron dos nuevas cuestiones vinculadas a la referida falta disciplinaria, consistentes en una subordinación indebida y haber generado un desorden jurídico en el proceso penal, corresponde aclarar que aquello no son nuevos hechos que se añadieron en la Resolución Jerárquica confutada, simplemente son consecuencias o aspectos concomitantes al hecho principal, por lo cual, la prenombradas fueron sancionadas disciplinariamente; e) Concerniente a la incongruencia interna de la Resolución Jerárquica demandada, la misma hace una consideración de la prueba de descargo, consistente en las dos órdenes de aprehensión emitidas conforme manda el art. 226 del CPP del 5 y 13 de noviembre de 2020; empero ello, no desvirtuaba la comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 121.9 de la LOMP, habida cuenta que fue consumada entre el 16 de junio y 8 de octubre de ese año; f) Sobre la incongruencia aditiva de la Resolución Jerárquica impugnada, vinculada a la falta disciplinaria prevista en art. 121.18 de la LOMP, corresponde aclarar que la Resolución Primera Instancia AS/FSLPZ/JASA. 009/2022-F, señaló que conforme al art. 134 del CPP, las Fiscales de Materia procesadas disciplinariamente a la conclusión de la etapa preparatoria, y al realizar un previo estudio de las actuaciones investigativas, indicios y elementos de convicción acumulados en el cuaderno de investigación, determinaron emitir acusación en contra de cuatro personas e ingresar a la etapa del juicio oral, público y contradictorio; así también, pronunciaron una resolución de rechazo por los mismos hechos acusados, con el argumento de que no se ha podido recolectar componentes de convicción suficientes; g) Roxana Reina Carrizales Aruzca a momento de interponer su recurso jerárquico, lo único que hizo en el mismo fue plasmar un razonamiento jurisprudencial para establecer en qué casos una resolución pronunciada por un fiscal puede ser considerada indebida, donde refirió más a la prevalencia a figuras jurídicas en lugar de identificar hechos concretos; h) La Resolución Jerárquica cuestionada, sobre la prueba de descargo aportada, señaló que más allá que la recurrente no especificó de modo alguno de qué manera estas debieron ser valoradas para su exoneración de responsabilidad disciplinaria, las mismas fueron consideradas en su momento por la Autoridad Sumariante; aspecto por el cual, se evidencia que el Fiscal General demandado, no revalorizó prueba alguna, sino simplemente realizó un análisis lógico o de razonabilidad de esa labor de valoración; i) Sobre la incongruencia aditiva perjudicial de la Resolución Jerárquica confutada, vinculada a la prohibición de no reforma en perjuicio, alegada por Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera, corresponde tener presente que la Autoridad Sumariante ha variado lo determinado en la señalada Resolución de Admisión de Denuncia que menciona que, la subordinación estaría expresada por una actitud pasiva y contemplativa, afirmando en la Resolución Primera Instancia AS/FDLPZ/JASA. 009/2022-F que se verificó una conducta dócil y sumisa adecuada a una omisión de actividad investigativa; j) El empleo de terminología semejante o sinonimia, tanto en la aludida Resolución de Admisión de Denuncia, como en la indicada Resolución de primera instancia, no puede considerarse como inserción de nuevos hechos, o alegarse incongruencia aditiva en perjuicio de la accionante, por esa razón a través de la Resolución Jerárquica demandada se confirmó la resolución de primera instancia recurrida, al advertir que no se vulneró ningún derecho de la prenombrada; k) Por otro lado, en relación a lo manifestado por Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera, respecto a que en la Resolución Jerárquica impugnada, se habrían introducido dos nuevas cuestiones, respecto a la falta disciplinaria prevista en el art. 121.9 de la LOMP, corresponde señalar que dicho cuestionamiento fue respondido, reiterando que aquello no son nuevos hechos, sino que en realidad se tratan de dos consecuencias que fueron generadas precisamente por la conducta antijurídica de la prenombrada; l) La Resolución Jerárquica cuestionada estableció que la Resolución de Rechazo 020/2020 emitida por las accionantes, era "indebida", primero porque se emitió respecto a una agravante de la Ley 1008 (art. 53), cuando ello debió ser respecto a un delito; y, segundo, porque esa agravante correspondía ser incluida en la Resolución de Acusación Fiscal 001/2020, que fue emitida en esa misma fecha contra las mismas personas imputadas; y, m) Sobre la prohibición de valoración de prueba en segunda instancia; impele señalar que la autoridad demandada, en ningún momento efectúo una valoración o revalorización de la prueba de descargo; puesto que, lo único que hizo fue analizar los fundamentos de la labor de valoración probatoria de descargo, efectuada por la Autoridad Sumariante, para determinar posteriormente que si cumplían los parámetros de logicidad y razonabilidad en su valoración, aspecto que no infiere la realización de una nueva valoración probatoria.
I.2.3. Intervención del tercero interesado
Moisés Palma Salazar, Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Medio Ambiente, Perdida de Dominio, Financiamiento al Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Fiscalía General del Estado, en audiencia de garantías manifestó lo siguiente: 1) Se remitió un informe a la Dirección de Régimen Disciplinario de la Fiscalía General del Estado, en el cual se puso a conocimiento que el accionar de las mencionadas Fiscales de Materia -ahora accionantes-, quienes estuvieron a cargo del caso denominado “Horcones” no habría sido el más efectivo, dentro del cual se habría encontrado una tonelada y algo más de cuatrocientos kilos de cocaína, es decir, que tenía el basamento para que en función al manual de organización se identifique como un caso de alta relevancia; y, 2) Emergente de la Resolución de Rechazo 020/2020 emitida por las prenombradas, en favor de los sindicados Francisco Oscar Lobayza y Noel David Damián Careaga, por el delito de tráfico y asociación delictuosa, se convocó a ambas a una reunión virtual, a efecto de que expliquen por qué procedieron a emitir dicha resolución, cuando claramente existían en el cuaderno de investigación suficientes elementos de convicción para imputarlos.
I.2.4. Resolución
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 51 “A” de 4 de abril de 2023, cursante de fs. 599 a 609 vta., concedió en parte la tutela impetrada; disponiendo que la autoridad demandada proceda a emitir nueva resolución jerárquica, observando los argumentos alegados por las accionantes en sus recursos jerárquicos presentados a su turno, al haber lesionado el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, congruencia externa y “dinámica”, y a la defensa, inobservando el principio de seguridad jurídica; y, denegó en relación al derecho al juez natural en sus componentes de independencia de imparcialidad; dicha determinación fue asumida con base en los siguientes fundamentos i) La Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 031/2022 reconoce que la determinación emitida por la Autoridad Sumariante, la cual no realizó una individualización, respecto al grado de participación de la recurrente -Roxana Reina Carrizales Aruzca- en la falta disciplinaria prevista en el art. 121.9 de la LOMP, señalando que, en el caso de la prenombrada, la concurrencia de dicha falta se habría materializado desde el 29 de julio de 2020 hasta el 8 de octubre de ese año, lapso en el que pasó a formar parte de la Comisión de Fiscales conjuntamente con la coaccionante; ii) El análisis efectuado por el Fiscal General demandado constituye un añadido, que no fue examinado por la Autoridad Sumariante, convirtiéndose en un punto de quiebre y, por ende, en un desconocimiento del derecho al debido proceso en su componente de congruencia externa; toda vez que, reiteró un criterio no considerado ni desarrollado por la Autoridad Sumariante, generando con ello una incongruencia aditiva; iii) Conforme a lo establecido en el art. 128.11 de la LOMP, se tiene presente que no es facultad, en este caso, del Fiscal General del Estado asumir pronunciamiento como si se tratase de una instancia inicial del proceso disciplinario, dado que dicha autoridad únicamente tiene la potestad de revisar la decisión asumida por el inferior jerárquico; por tal razón, no podía arrogarse atribuciones propias de la Autoridad Sumariante; en consecuencia, al haber arribado a dicha conclusión e identificado de forma directa la individualización en tiempo y espacio, en relación con la participación de la prenombrada, la autoridad demandada habría lesionado el derecho a la defensa que le asistía; iv) En cuanto a la impugnación presentada por la mencionada, conforme a lo expresado en el art. 121.9 de la LOMP, en relación con la "subordinación indebida respecto a alguna autoridad, persona, organización o entidad que comprometa la objetividad y probidad en el cumplimiento de sus funciones, que se manifieste por hechos notorios”, se advierte que la autoridad jerárquica demandada omitió establecer la relación de causalidad que debiera existir entre las conclusiones expuestas y los presupuestos de activación del tipo disciplinario, evidenciándose una ausencia de análisis respecto a la forma en la cual ambas accionantes habrían comprometido la objetividad y probidad en el cumplimiento de sus funciones durante el curso de las investigaciones respectivas; v) En virtud del razonamiento expresado por la autoridad jerárquica demandada con relación a la existencia de hechos notorios, a saber, la omisión de notificación mediante edictos, la no solicitud de ampliación del plazo de la etapa preparatoria y la posterior omisión de la falta disciplinaria, ocurridos entre el 29 de julio y el 8 de octubre de 2020, corresponde señalar que dichos aspectos no fueron explicados de manera precisa por parte de la autoridad demandada en cuanto a la afectación de la objetividad y probidad en el ejercicio de las funciones de la accionante; circunstancia por la cual, se concluye que el demandado incurrió en una omisión de motivación, al no precisar cómo tales conclusiones dieron lugar a la subordinación regulada por el tipo disciplinario estipulado en el art. 121.9 de la LOMP; vi) La autoridad fiscal demandada, al momento de analizar el tipo disciplinario previsto en el art. 121.18 de la LOMP: "Dictar resoluciones indebidas o insuficientemente fundadas, con el fin de perjudicar o beneficiar a una de las partes", efectuó un análisis en el cual incurrió en una motivación arbitraria al sustituir el razonamiento que le correspondía efectuar a la Autoridad Sumariante, desconociendo el elemento de congruencia externa, conforme a los argumentos cuestionados en los recursos jerárquicos presentados por las accionantes. Asimismo, inobservó el principio de congruencia interna al haber generado una contradicción en el fallo jerárquico, concluyendo que la Autoridad Sumariante no efectuó análisis alguno sobre lo reclamado por las recurrentes, para luego pasar a resolver el agravio de manera directa; vii) La explicación brindada por la autoridad jerárquica del Ministerio Público, omitida por la Autoridad Sumariante y cuestionada por las accionantes, impidió que estas pudieran ejercer su derecho a la defensa, toda vez que, dicho análisis no fue desarrollado por la Autoridad Sumariante, sino por el Fiscal General demandado, lo que a su vez generó un desconocimiento del derecho al juez natural como componente del debido proceso, al asumir la función de instancia disciplinaria, concluyendo que el análisis sobre lo extrañado por las recurrentes no fue expresado por la Autoridad Sumariante, absolviendo indebidamente dicho argumento; viii) En relación con los alegatos expuestos por la accionante Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera respecto a la falta establecida en el art. 121.9 de la LOMP, la autoridad fiscal demandada en la aludida Resolución Jerárquica introdujo circunstancias que no fueron delimitadas en la Resolución de Admisión de Denuncia A.S. RMI 010/2021, señalando que la prenombrada no obró con la debida diligencia y objetividad durante el periodo en el cual se realizó la investigación del caso indicado; dicho aspecto, además de no ser concordante con el alcance y naturaleza jurídica de la citada falta disciplinaria, implica una manifestación de incongruencia aditiva de carácter arbitrario; ix) La premisa empleada por el Fiscal General demandado respecto a la falta disciplinaria del art. 121.18 de la LOMP, se traduce en una referencia carente de validez interpretativa, ya que, afirmó que tanto la Resolución de Rechazo 020/2020 como la Resolución de Acusación Fiscal 001/2020 tienen distinta naturaleza jurídica; en tal sentido, se tiene presente que la sola cita de los mismos hechos en ambas resoluciones no explica de manera suficiente por qué la Resolución de Rechazo 020/2020 merece el calificativo de resolución indebida; en ese entendido, se evidencia que el análisis efectuado por la mencionada autoridad incurrió en una motivación insuficiente, omisión que vulnera el derecho al debido proceso que asiste a las accionantes; x) Del análisis de los recursos jerárquicos presentados se advierte que las accionantes efectuaron referencia a distintos medios de prueba que, según su criterio, las eximirían de toda responsabilidad disciplinaria; empero, conforme fue evidenciado por la autoridad fiscal demandada, estas se limitaron a citar dichos medios de prueba, sin establecer el criterio de correspondencia o la relación de causalidad entre estos y la falta disciplinaria atribuida; por tal motivo, no se advierte que haya procedido directamente a efectuar una valoración probatoria, independientemente de haber hecho alguna referencia a la omisión en que incurrió la Autoridad Sumariante; circunstancia por la cual, respecto a este punto, corresponde denegar la tutela impetrada por ambas accionantes; y, xi) Finalmente, en relación con la presunta afectación al derecho a la no reforma en perjuicio, alegado por las impetrantes de tutela, corresponde precisar que tal argumento no constituye una conclusión que haya derivado en la agravación de la sanción ni se configura como hecho que hubiese tornado más gravosa la situación jurídica de las accionantes; en consecuencia, respecto a dicho extremo, no corresponde emitir pronunciamiento alguno.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. A través de la Resolución AS/FDLPZ/J.A.S.A. 011/2021-F de 20 de julio, emitida por Jorge Abel Saavedra Ayala, Autoridad Sumariante del Ministerio Público para el Departamento de La Paz y Oruro, dentro del proceso disciplinario PD 59/2021 instaurado a denuncia de oficio por parte de la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Medio Ambiente, Perdida de Dominio, Financiamiento al Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Fiscalía General del Estado en contra de las Fiscales de Materia Roxana Reina Carrizales Aruzca y Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera -ahora accionantes-, se declaró a las prenombradas responsables de la comisión de las faltas disciplinarias previstas en el art. 121. 9 y 18 de la LOMP, determinando en consecuencia la sanción de destitución y retiro de la carrera fiscal (fs. 28 a 54).
II.2. Las accionantes interpusieron recursos jerárquicos contra la citada Resolución de primera instancia, en respuesta a los mismos Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado -hoy demandado- pronunció la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 088/2021 de 17 de agosto, mediante la cual dispuso la anulación de la citada resolución, debiendo en consecuencia el prenombrado emitir una nueva en virtud a los fundamentos expuestos en el indicado fallo jerárquico (fs. 76 a 85).
II.3. Es así que, la Autoridad Sumariante de la mencionada Fiscalía Departamental, pronunció la Resolución Primera Instancia AS/FDLPZ/JASA.041/2021-F de 17 de diciembre, por medio de la cual nuevamente declaró a las impetrantes de tutela responsables de la comisión de las faltas disciplinarias previstas en el art. 121.9 y 18 de la LOMP, imponiendo en consecuencia la sanción de destitución y retiro de la carrera fiscal respectivamente (fs. 86 a 99 vta.).
II.4. Ante lo dispuesto por la citada Resolución de Primera Instancia, las impetrantes de tutela presentaron recursos jerárquicos, los cuales fueron resueltos por el Fiscal General demandado a través de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 004/2022 de 10 de enero, por medio de la cual y por segunda oportunidad consecutiva la mencionada autoridad demandada determinó anular la resolución pronunciada por la Autoridad Sumariante, al advertirse que la misma poseía una insuficiente fundamentación con respecto a la precisión de la concurrencia de los componentes típicos de las faltas disciplinarias previstas en el art. 121. 9 y 18 de la LOMP, debiendo en consecuencia dictarse nueva resolución de instancia en atención a lo dispuesto en la referida determinación jerárquica (fs. 117 a 131).
II.5. Merced a lo instruido precedentemente, la señalada Autoridad Sumariante, emitió la Resolución Primera Instancia AS/FDLPZ/JASA.009/2022-F de 5 de abril, a través de la cual nuevamente resolvió declarar a las demandantes de tutela responsables de la comisión las faltas disciplinarias previstas en el art. 121.9 y 18 de la LOMP, determinando en consecuencia la sanción de destitución y retiro de la carrera fiscal de la prenombradas accionante (fs. 132 a 162).
II.6. Mediante memorial presentado el 11 de abril de 2022, la accionante Roxana Reina Carrizales Aruzca, formuló recurso jerárquico contra la Resolución Primera Instancia AS/FDLPZ/JASA.009/2022-F, alegando la inexistencia de las faltas previstas en el art. 121.9 y 18 de la LOMP y solicitó se proceda con la anulación del indicado fallo (fs. 165 a 178).
II.7. De la misma forma Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera, por memorial presentado el 13 de abril de igual año, procedió a impugnar la indicada Resolución Primera Instancia a través de recurso jerárquico (fs. 353 a 361).
II.8. En virtud a los referidos recursos interpuestos por las accionantes el 11 y 13 de abril de 2022 y en respuesta el Fiscal General demandado pronuncio la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 031/2022 de 3 de mayo, a través de la cual decidió confirmar la determinación asumida por la Autoridad Sumariante; y en consecuencia, ratificar la sanción de destitución definitiva del cargo de Fiscales de Materia a las impetrantes de tutela (fs. 536 a 548).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
Las accionantes denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus componentes de fundamentación y congruencia, a la defensa, al principio prohibición de “reformato in peius” y al juez natural en su elemento prohibición de valoración de la prueba; toda vez que, habiendo pronunciado la Autoridad Sumariante la Resolución Primera Instancia AS/FDLPZ/JASA.009/2022-F de 5 de abril, por la cual se declaró a las prenombradas responsables de las faltas disciplinarias establecidas en el art. 121.9 y 18 de la LOMP; y en consecuencia, se determinó su destitución como Fiscales de Materia; siendo apelada la misma, obtuvo por parte del Fiscal General demandado la emisión de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 031/2022 de 3 de mayo, a través de la cual la confirmó la mencionada Resolución cuestionada; circunstancia por la cual, alegando que el referido fallo jerárquico resulta ser transgresor de derechos y garantías constitucionales, acuden a la justicia constitucional indicando la concurrencia de los siguientes agravios: a) Respecto a lo expresado por Roxana Reina Carrizales Aruzca: 1) La presunción de culpabilidad determinada por parte de la Autoridad Sumariante con relación a una adecuada individualización del grado de participación que tendría la misma en relación a la falta disciplinaria prevista en el art. 121.9 de la LOMP; 2) El no establecimiento por parte de la Autoridad Sumariante respecto a una subordinación sin tener presente aspectos de modo, tiempo y lugar de la comisión de la referida falta disciplinaria; 3) El no pronunciamiento por parte de la señalada Autoridad en referencia a los componentes típicos de "comprometer la objetividad y probidad"; y, 4) La falta de valoración de la prueba de descargo presentada; y, b) En relación a lo manifestado por Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera: i) El cambio de hechos contenidos en la Resolución de Admisión de Denuncia A.S. RMI 010/2021, aseverando que existió de su parte subordinación atribuida por una actitud pasiva y contemplativa, materializada en una conducta dócil y sumisa; ii) Inexistencia de motivación aparente en la Resolución Jerárquica confutada con respecto a la falta disciplinaria descrita en el art. 121.18 de la LOMP; y, iii) El reconocimiento por parte del Fiscal General del Estado en relación a que se habría ingresado a valorar prueba en segunda instancia, aspecto que se encuentra prohibido, por tales motivos, las impetrantes de tutela solicitaron que se les conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga, dejar sin efecto la Resolución Jerárquica impugnada y se ordene al Fiscal General demandado emitir nueva resolución pronunciándose con respecto a todos y cada uno de los agravios contenidos en los recursos jerárquicos formulados por las accionantes.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
Respecto a la segunda finalidad descrita, en la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sostiene la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así en la SC 0358/2010 de 22 de junio, se estableció que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, también implica la concordancia del fallo, es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
El precedente jurisprudencial fue extractado de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.
III.2. El principio de congruencia como componente del debido proceso
[L]a estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…)
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia.
El precedente jurisprudencial fue extractado de la SC 0486/2010-R de 5 de julio.
Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a este principio estructurante del debido proceso, expresó que:
[E]l debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: “Oportunidad, conveniencia entre preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones plateadas por las partes.
Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos de procedimiento….
En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (énfasis añadido).
Asimismo, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional al respecto de las vertientes interna y externa del principio de congruencia, entendió que:
‘…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’.
En efecto la congruencia externa debe ser entendida en la correspondencia necesaria que debe existir entre el agravio recurrido por el impugnante y la motivación contenida en la resolución emitida por la autoridad que administra justicia en alzada, misma que debe ser en el fondo -pertinencia-, sin dejar de considerar lo impugnado; por su parte, la congruencia interna, es entendida como la coherencia que tiene todo fallo, entre la parte considerativa y la dispositiva; es decir, el hilo conductor que debe haber entre la motivación determinativa que en suma sostiene de manera lógica la decisión.
En las resoluciones jerárquicas emitidas por el Ministerio Público, este aspecto no tiene carácter estricto en razón al principio de unidad que rige en su labor investigativa, así la SCP 0829/2019-S3 de 18 de noviembre, entendió:
‘…es evidente que los actos y decisiones del Ministerio Público como titular de la acción penal pública, se rigen por los principios de objetividad, legalidad, oportunidad, unidad y utilidad, entre otros, deben también observar el debido proceso; en dicho marco, el principio de congruencia no constituye un parámetro infranqueable al momento de resolver las impugnaciones y emitir las resoluciones jerárquicas, de manera que durante el análisis del requerimiento objetado, la entonces Fiscal Departamental codemandada, se encontraba facultada para examinar y considerar otros elementos del aludido requerimiento aunque no hubiesen sido rebatidos por las partes; sin embargo, dicha autoridad en resguardo del debido proceso, estaba obligada a fundamentar y motivar expresamente respecto a cada uno de los aspectos que fueron considerados para revocar el requerimiento expedido por el Fiscal de Materia, en observancia del principio de congruencia’.
De la jurisprudencia citada, se tiene que la autoridad jerárquica del Ministerio Público en el marco del principio de unidad, al momento de emitir su resolución no se encuentra limitada a los puntos señalados como agravios por el impugnante, sino puede traer a examen otros aspectos que en el proceso investigativo debieron ser considerados; sin embargo, lo que no le está permitido es omitir resolver en el fondo cada uno de los puntos que el agraviado pone a su conocimiento en alzada, ello en observancia al principio de congruencia externa” (las negrillas son del texto original).
El precedente jurisprudencial fue extractado de la SCP 0515/2020-S2 de 6 de octubre.
III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
“El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.
En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, citando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.
Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.
A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales”.
Precedente jurisprudencial extraído de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.
III.4. Análisis del caso concreto
De la compulsa de antecedentes se tiene que a través de la Resolución AS/FDLPZ/J.A.S.A. 011/2021-F emitida por la Autoridad Sumariante, correspondiente al proceso disciplinario PD 59/2021 instaurado a denuncia de oficio por parte de la Dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Medio Ambiente, Perdida de Dominio, Financiamiento al Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Fiscalía General del Estado contra las accionantes, se las declaró responsables de la comisión de las faltas disciplinarias previstas en el art. 121. 9 y 18 de la LOMP, determinando en consecuencia su destitución y retiro de la carrera fiscal (Conclusión II.1);
Empero, habiendo interpuesto las mencionadas accionantes recursos jerárquicos, en contra de la citada Resolución, en respuesta el Fiscal General demandado pronunció la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/RJ-PD 088/2021, mediante la cual dispuso la anulación de la resolución confutada, debiendo en consecuencia el prenombrado emitir una nueva en virtud a lo instruido en el citado fallo jerárquico (Conclusión II.2).
Posterior a ello, la Autoridad Sumariante, emitió la Resolución Primera Instancia AS/FDLPZ/JASA.041/2021-F, por medio de la cual nuevamente declaró a las impetrantes de tutela responsables de la comisión de las faltas disciplinarias previstas en el art. 121.9 y 18 de la LOMP (Conclusión II.3);
Circunstancia por la cual, las prenombradas presentaron recursos jerárquicos impugnando la misma, los cuales siendo resueltos por la autoridad fiscal demandada fueron merecedores de la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 004/2022, por medio de la cual y por segunda oportunidad consecutiva determinó anular la resolución pronunciada por la Autoridad Sumariante, al advertirse que la misma poseía una insuficiente fundamentación con respecto a la precisión de la concurrencia de los componentes típicos de las faltas disciplinarias previstas en el art. 121. 9 y 18 de la LOMP (Conclusión II.4).
En ese sentido, merced a lo instruido, la Autoridad Sumariante, pronunció la Resolución Primera Instancia AS/FDLPZ/JASA.009/2022-F, a través de la cual nuevamente resolvió declarar a las demandantes de tutela responsables de la comisión las faltas disciplinarias previstas en el art. 121.9 y 18 de la LOMP (Conclusión II.5); situación por la que, las prenombradas interpusieron recursos jerárquicos presentados el 11 y 13 de abril de 2022 (Conclusiones II.6 y II.7); por consiguiente, en respuesta el Fiscal General demandado pronunció la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 031/2022, a través de la cual decidió confirmar la determinación asumida por la Autoridad Sumariante, y en consecuencia, ratificar la sanción de destitución definitiva del cargo de Fiscales de Materia de las impetrantes de tutela (Conclusión II.8).
Conforme al desarrollo jurisprudencial expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se entiende que entre los componentes del debido proceso se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, las cuales responden a precisar de forma objetiva las razones en las que se fundó una determinación al momento de asumir una decisión; aspecto extensible tanto a las determinaciones dictadas por autoridades administrativas como judiciales, quienes al momento de resolver impugnaciones o apelaciones planteadas, se encuentran en la imperiosa necesidad de fundamentar las mismas, no pudiendo limitarse únicamente a realizar una descripción de antecedentes; lo que infiere que, las resoluciones a ser emitidas por dichas autoridades, necesariamente deberán cumplir exigencias de estructura tanto de forma como de fondo, evitando así tomar decisiones arbitrarias; aspecto que a su vez, se encuentra relacionado con el principio de congruencia desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el cual en mérito a sus dos acepciones refiere: a la externa, como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; y, a la interna, entendida como la coherencia entre lo considerando, poseyendo un hilo conductor que la dote de orden y racionalidad en la parte resolutiva.
Ahora bien, en la problemática venida en revisión, se tiene presente que las accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus componentes de fundamentación y congruencia, a la defensa, al principio “Non reformatio in peius” y al juez natural en su elemento prohibición de valoración de la prueba, alegando que el acto vulneratorio de derechos y garantías se constituye lo establecido en la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 031/2022, en cuyo mérito, de acuerdo al principio de subsidiariedad que rige en la acción de amparo constitucional, el análisis del control tutelar se lo realizará a partir de lo desarrollado en dicha determinación, la cual en virtud a lo referido por las prenombradas refirió los siguientes aspectos:
1) Respecto a los agravios expresados por Roxana Reina Carrizales Aruzca:
i) La presunción de culpabilidad determinada por la Autoridad Sumariante con respecto a la no individualización sobre el grado de participación que tendría en relación a la falta disciplinaria prevista en el art. 121.9 de la LOMP, donde dicha autoridad señaló la concurrencia de una conducta sumisa y dócil, asumida por la prenombrada durante el desarrollo de la investigación -desde el 08 de junio de 2020 y por comisión el 29 de julio del citado año, misma que no estableció aspectos referidos al modo, tiempo y lugar de la comisión de la señalada falta disciplinaria, en la que a su vez no especificó como esta comprometió la objetividad y probidad en el ejercicio de sus funciones;
ii) La Autoridad Sumariante no dio una explicación sobre qué prueba fue la que sustentó para afirmar que la Resolución de Rechazo 020/2020 sería indebida; así tampoco, identificó los elementos de negligencia o culpa e intención o dolo; concerniente a la falta disciplinaria descrita en el art. 121.9 de la LOMP, utilizó el mismo fundamento referido en la falta del citado precepto en su numeral 18; y,
iii) La vulneración de la valoración razonable de la prueba como elemento del debido proceso; toda vez que: a) La Autoridad Sumariante no la escuchó y realizó una errónea valoración de la prueba; b) No existen documentos que sostengan las “falacias” que se plasmaron en la resolución recurrida; c) El criterio que debió tener el operador a momento de emitir la resolución de primera instancia debió ser absolutoria a su favor; y, d) Respecto a la utilización por parte del sumariante del mismo fundamento para resolver lo concerniente a las faltas disciplinarias establecidas en el art. 121.9 y 18, en la que no estableció una subsunción para cada uno de los elementos del tipo disciplinario.
2) En relación a los agravios expresados por Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera:
1) La aseveración vertida por la Autoridad Sumariante concerniente a la existencia de una subordinación atribuida por una actitud pasiva y contemplativa, materializada en una conducta dócil y sumisa, aspecto que no sería evidente;
2) Inexistencia de motivación aparente en la Resolución Jerárquica confutada con respecto a la falta disciplinaria descrita en el art. 121.18 de la LOMP, en la cual el Fiscal General demandado no ejecutó ningún tipo de fundamentación, limitándose simplemente a realizar una relación de actuados procesales que se dieron en el transcurso de la causa penal que originó la falta disciplinaria, señalando que la Resolución de Rechazo 020/2020 resultaría ser indebida; donde supuestamente se efectuó un análisis intelectivo para adecuar su conducta a las faltas disciplinarias referidas, no mencionado como esta se adecuaría a la manifestación de una actitud pasiva y omisiva que habría comprometido la objetividad y probidad en el cumplimiento de las funciones realizadas; y,
3) La no valoración de la prueba por parte de la Autoridad Sumariante, quien no asumió una valoración individual, conjunta y armónica de la misma, más allá de que su defensa hizo hincapié a todas las pruebas ofrecidas y cursantes en actuados señalando de manera puntual que no hubo inactividad y menos responsabilidad como mal pretende atribuirse a través de la injusta e indebida resolución en su contra.
En ese contexto, en resolución a los puntos anteriormente descritos, el Fiscal General demandado, a momento de pronunciarse sobre los recursos jerárquicos formulados por las impetrantes de tutela, emitió la supra indicada Resolución Jerárquica, bajo los siguientes fundamentos:
i) En cuanto a los agravios referidos por Roxana Reina Carrizales Aruzca:
a) Respecto al primer agravio señalado por la prenombrada, en relación a una inadecuada individualización del grado de participación que tendría la misma en relación a la falta disciplinaria establecida en el art. 121.9 de la LOMP, la autoridad demandada señaló que pese a que a que la resolución recurrida no realizó una individualización sobre el grado de participación de la recurrente en la comisión de la indicada falta disciplinaria, se tiene claramente determinado en relación a ello que la subordinación indebida hacia ambos investigados no se produjo de manera individual y aislada, sino conjuntamente con la co-procesada durante el tiempo en que ambas Fiscales de Materia se encontraban asignadas en comisión al proceso penal LPSC2000005, desde el 29 de julio hasta el 5 de octubre de 2020 respectivamente.
Asimismo, en referencia a la existencia de una subordinación durante cuatro meses de haber tenido conocimiento de los hechos, sin tener presente aspectos referidos de modo, tiempo y lugar de la comisión de la referida falta disciplinaria, corresponde señalar que en virtud ese punto la referida Resolución Jerárquica indico que: “Cuando la recurrente extraña que la resolución recurrida no establece circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión de la falta del art. 121.9 de la LOMP concerniente a su persona, es decir, respecto a su subordinación indebida hacia los dos investigados de nacionalidad argentina, señalando además que jamás salió del país con rumbo a la Argentina. Al respecto, recalcar que la comisión de la falta disciplinaria señalada, se produjo en el caso específico de la recurrente como se mencionó anteriormente, entre el 29 de julio al 8 de octubre de 2020, lapso en el cual se omitió publicar los edictos a través del portal electrónico de notificaciones del Ministerio Publico conforme al art 165 del CPP cuya procedencia opera cuando se desconoce el paradero de los investigados situación que precisamente ocurrió en el proceso penal IPSC 2000005 respecto a los dos investigados argentinos, de lo cual se hizo conocer por la investigadora policial asignada al caso, Cbo, Vania Teresa Silvia Ibáñez, a través del informe de 16 de junio de 2020 (fs. 860-8621), señalando que ambos investigados se encontraban con mandamiento de aprehensión, que no fueron encontrados en sus domicilios, por lo que solicito ‘lo que corresponda en ley para dar con su paradero de estos ciudadanos si fuere el casa tramitar la publicación en medios de comunicación’ (sic) extremo reiterado mediante informe de 26 de junio de 2020 (fs. 868-869). Si bien ambos informes fueron presentados cuando se encontraba a cargo del proceso penal la Fiscal Mirtha Torres Ortiz Cabrera, quien providencio ambos señalando esencialmente que se los tenia presente, empero era obligación compartida de la recurrente desde que asumió conocimiento del proceso penal en comisión el 29 de julio de 2020…” (sic).
En ese marco, analizando la respuesta emitida por el demandado, se observa que en la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 031/2022, reconoce que la resolución dictada por la Autoridad Sumariante no realizó una individualización sobre el grado de participación de la recurrente en relación a la falta disciplinaria prevista por el art. 121.9 de la LOMP, donde a su vez refirió que la concurrencia de la indicada falta, se materializó desde el 29 de julio de 2020, momento en la en que paso a conformar la Comisión de Fiscales hasta el 8 de octubre del señalado año, identificando de forma directa los aspectos referidos a modo, tiempo y lugar, donde a su vez la citada autoridad jerárquica omitió establecer el nexo de causalidad existentes entre las conclusiones y los presupuestos de activación del tipo disciplinario, así también un análisis respecto a cómo dicha conclusiones comprometieron la objetividad y probidad en el desempeño de funciones de la accionante; circunstancia que genera un punto de quiebre que afecta al derecho al debido proceso, en sus componentes referidos a la fundamentación, motivación y congruencia externa, existiendo en consecuencia una lesión de derechos y garantías respecto a este punto.
b) En relación a la no explicación por parte de la autoridad sumariante, respecto a qué prueba fue la que sustentó para afirmar que la Resolución de Rechazo 020/2020 sería una resolución indebida; así tampoco, identificó los elementos de negligencia o culpa e intención o dolo; la Resolución Jerárquica cuestionada señaló que: “Conforme refiere la Autoridad Sumariante y se advierte del contenido tanto de la Resolución de Rechazo bajo el epígrafe `RELACION DE HECHOS´, como de la Resolución de Acusación Formal bajo el rótulo `TEORÍA TÁCTICA´ los hechos vinculados a las cuatro personas resultan ser exactamente los mismos, pero contradictoriamente la recurrente y la co-procesada en autos, emitieron las indicadas resoluciones de forma totalmente opuesta en su naturaleza efectos jurídicos, es decir, a través de la Resolución de Rechazo bajo el fundamento del art. 304.3 del CPP en sentido que no existieron elementos suficientes para fundar una acusación, empero a través de la Resolución de Acusación señalando que las cuatro personas imputadas ‘son responsables del dente de TRAFICO, toda vez que su conducta se adecua a todos los elementos objetivos como subjetivos del tipo penal’ (sic), haciendo prevalecer indebidamente los tipos penales frente a los hechos concretos como debió ser, toda vez que el Ministerio Público no investiga, no rechaza y no acusa respecto a tipos penales abstractos plasmados en la norma sustantiva, sino respecto a hechos concretos atribuidos a una o más personas, deviniendo por tal motivo la Resolución de Rechazo N° 020/2020, en indebida…” (sic).
Donde a su vez, refirió que la resolución recurrida no habría hecho referencia al perjuicio material ocasionado con la emisión de la Resolución de Rechazo 020/2020, manifestando al respecto que la falta disciplinaria prevista en el art. 121.18 de la LOMP, entre sus componentes típicos, no exige el daño material a partir de la emisión de la resolución indebida, que en el caso concreto resulta ser la citada Resolución de Rechazo, sino que su emisión en tales condiciones tenga la finalidad, intención, propósito u objeto de beneficiar a una de las parte del proceso penal, que en el caso concreto vendrían a ser las cuatro personas acusadas a cuyo favor se emitió la misma; señalando finalmente que, si bien, no se puede afirmar que la recurrente al emitir la Resolución de Rechazo 020/2020 haya tenido la intensión directa de beneficiar a los acusados, logrando la producción de un resultado concreto a su favor, que representaría dolo directo, se advierte que con su accionar haya tenido la finalidad de lograr un beneficio específico para las mencionadas personas como consecuencia necesaria de su inacción que representa el dolo indirecto; sin embargo, si se advierte que en la conducta de la prenombrada y a su vez también de la co-procesada, existió el conocimiento de las consecuencias que la referida Resolución de Rechazo podía producir; circunstancia por la cual se produjo un dolo eventual.
Sobre este acápite, en cuanto al análisis efectuado en la referida Resolución Jerárquica por parte de la autoridad demandada, se observa que la misma al señalar que la Resolución de Rechazo 020/2020 era indebida, incurrió en una motivación arbitraria, puesto que dicho aspecto en cuanto a su razonamiento le correspondía realizar a la Autoridad Sumariante; circunstancia similar que aconteció con el análisis referido a la concurrencia de la figura del dolo eventual, el cual tampoco fue analizado por la citada Autoridad Sumariante; empero, si por la autoridad fiscal demandada; situación que evidencia que al realizar dichos razonamientos inobservó lo referido al debido proceso en su componente congruencia externa, denotando sobre este punto una transgresión al mismo; y,
c) Ahora, en relación a lo manifestado por la peticionante de tutela respecto a la vulneración del debido proceso en cuanto a la valoración razonable de la prueba como elemento integrante del mismo, la aludida Resolución Jerárquica determinó que en relación a las diez pruebas enunciadas que aparentemente no habrían sido valoradas por la Autoridad Sumariante, se tiene presente sobre este punto que la accionante, no especificó de modo alguno en qué manera esas pruebas debieron ser valoradas o en qué medida estas debieron ser consideradas a efectos de desvirtuar su responsabilidad disciplinaria.
Sobre este acápite, en relación a lo manifestado por la impetrante de tutela, se tiene presente que solo se limitó a efectuar una cita de los indicados medios de prueba, más no estableció criterio alguno de correspondencia o relación de causalidad sobre los mismos; en ese contexto, impele señalar que al no haberse precisado y menos aún identificado los criterios de omisión valorativa en la que hubiese incurrido la Autoridad Sumariante, no se evidencia sobre este punto lesión alguna a derechos y garantías fundamentales; circunstancia por la cual se observa que el razonamiento emitido en la indicado fallo jerárquico es correcto.
ii) En referencia a los agravios expresados por Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera:
1) En cuanto a la aseveración emitida por la Autoridad Sumariante con respecto a la existencia de una subordinación atribuida por una actitud pasiva y contemplativa, materializada en una conducta dócil y sumisa, la Resolución Jerárquica impugnada adujó que, se advierte que todos los actos procesales ejecutados con posterioridad a la emisión de la Resolución de Rechazo 020/2020, no fueron realizados con la debida diligencia y objetividad y que la actitud dócil y pasiva se manifestó en el lapso de tiempo comprendido entre el 16 de junio al 8 de octubre del señalado año -cuatro meses aproximadamente-, donde la ahora accionante no realizó dos acciones, la primera, referida a la notificación mediante edictos a los extranjeros sindicados, y la segunda, relacionada a la solicitud de ampliación de plazo de la etapa preparatoria.
En ese marco, se observa que en la Resolución Jerárquica demandada con respecto a este punto, añadió el criterio referido a la actuación por parte de la accionante con la debida diligencia y objetividad, aquello en virtud a que la misma no generó las notificaciones a los sindicados y no requirió la ampliación de la etapa preparatoria -hecho que implicaría una subordinación a los ciudadanos investigados-, aspecto que no estaba consignado ni establecido en la Resolución de Admisión de Denuncia A.S. RMI 010/2021 del proceso disciplinario instaurado en su contra, resultando en consecuencia dicho análisis incongruente; dado que, no resulta ser concordante con el alcance y la naturaleza jurídica de la referida falta disciplinaria; aspecto que implica por parte de la autoridad fiscal demandada en la lesión al debido proceso en su componente congruencia; puesto que, la misma incurrió en una inobservancia que generó una incongruencia en este caso aditiva y arbitraria; circunstancia por la cual, se evidencia sobre este punto una lesión al debido proceso en su componente congruencia externa.
2) Asimismo, en mérito a la inexistencia de motivación aparente en la indicada Resolución Jerárquica con respecto a la falta disciplinaria prevista en el art. 121.18 de la LOMP, en la cual, el Fiscal General demandado no realizó ningún tipo de fundamentación, limitándose simplemente a realizar una relación de actuados procesales que se dieron en el transcurso de la causa penal que originó la falta disciplinaria, señalando que la Resolución de Rechazo 020/2020 resultaría ser indebida, no señalando en consecuencia, como esta se adecuaría a la manifestación de una actitud pasiva y omisiva que habría comprometido la objetividad y probidad en el cumplimiento de las funciones realizadas por la prenombrada, el mencionado fallo jerárquico señaló que: i) Conforme refiere la Autoridad Sumariante, se advierte que del contenido de las resoluciones tanto de rechazo, como de acusación formal, los hechos vinculados a las cuatro personas resultan ser exactamente los mismos, pero contradictoriamente la recurrente y la co-procesada emitieron las referidas resoluciones de forma totalmente opuesta bajo lo eztipulado en el art. 304.3 del CPP, donde señalaron que no existieron elementos suficientes para fundar una acusación, empero, a través de la Resolución de Acusación Fiscal 001/2020, indicaron que las cuatro personas imputadas son responsables del delito de tráfico, toda vez que, su conducta se adecua a todos los elementos objetivos como subjetivos del tipo penal, hicieron prevalecer indebidamente los tipos penales frente a los hechos concretos; ii) El precepto jurídico previsto en el art 33 de la Ley 1008 “asociación delictuosa y confabulación” no se constituye en un tipo penal propiamente, sino en una circunstancia agravante, correspondiendo que sea incluida en la acusación formal, aspecto por el cual, por ningún motivo se podía disponer el rechazo de la denuncia respecto a dicho agravante; y, iii) Para la configuración de la falta disciplinaria prevista en el art. 121. 18 de la LOMP, no es exigible que en este caso la autoridad procesada, haya tenido algún contacto con la parte sindicada a cuyo favor se emitió la indicada Resolución de Rechazo, sino que al haberse determinado el rechazo respecto a una agravante contemplada en el art. 33 de la Ley 1008, y a su vez en la Resolución de Acusación Fiscal 001/2020 aquello se habría materializado.
En ese marco, en cuanto al acápite referido precedentemente, corresponde precisar que la autoridad fiscal demandada, pone énfasis en lo referido a las resoluciones de rechazo y de acusación, las cuales en virtud a su contenido se basan en los mismos hechos; en ese entendido, impele señalar que, cuando la citada autoridad jerárquica concluye que el haberse rechazado y acusado a la vez sobre la base de esos hechos, aquello se tornaría como indebido, haciendo alusión a la Resolución de Rechazo 020/2020, se tiene presente que lo manifestado por esta se constituiría en una explicación insuficiente la cual afecta al derecho al debido proceso en su componente motivación, aquello en mérito a que la premisa empleada por la autoridad demandada se convierte en una referencia carente de validez interpretativa, no explicando de manera certera por que la señalada resolución de rechazo sería indebida, cuando está en su fundamento posee los mismos fundamentos expuestos en la resolución de acusación.
3) Respecto a la no valoración de la prueba por parte de la Autoridad Sumariante, quien refiere no asumió una valoración individual, conjunta y armónica, más allá de que su defensa hizo hincapié a todas las pruebas ofrecidas y cursantes en actuados señalando de manera puntual que no hubo inactividad y menos responsabilidad como mal pretende atribuirse a través de la injusta e indebida resolución en su contra; sobre este acápite corresponde señalar que la Resolución Jerárquica demandada determinó que en relación a las diferentes pruebas las cuales a criterio de la impetrante de tutela no habrían sido valoradas por la Autoridad Sumariante, se tiene presente sobre este punto que la prenombrada, no especificó de modo alguno en qué manera esas pruebas debieron ser valoradas o en qué medida debieron ser consideradas a efectos de desvirtuar su responsabilidad en la comisión de la presunta falta disciplinaria.
Sobre este aspecto, en relación a lo manifestado por la mencionada, se tiene presente que esta, se limitó a efectuar una cita de los indicados medios de prueba; empero, no estableció criterio alguno respecto a la relación de causalidad sobre los mismos; en ese contexto, incumbe señalar que al no haberse precisado y menos aún identificado los criterios de omisión valorativa en la que hubiese incurrido la Autoridad Sumariante, no se evidencia sobre este punto lesión alguna a sus derechos y garantías fundamentales; circunstancia por la cual no corresponde otorgar tutela sobre el acápite presente.
En ese contexto, conforme a los antecedentes glosados y las conclusiones arribadas en este fallo constitucional, se observa que, en el presente caso la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 031/2022 con respecto al primer agravio expresado por Roxana Reina Carrizales Aruzca, la misma reconoce que la Resolución dictada por la Autoridad Sumariante no realizó una individualización sobre el grado de participación de la prenombrada en relación a la falta disciplinaria prevista por el art. 121.9 de la LOMP, donde a su vez la indicada autoridad jerárquica omitió establecer el nexo de causalidad existente entre las conclusiones y los presupuestos de activación del tipo disciplinario, así también, un análisis respecto a cómo dichas conclusiones comprometieron la objetividad y probidad en el desempeño de funciones de la accionante, aspecto que afectó al derecho al derecho al debido proceso, en sus componentes referidos a la fundamentación, motivación y congruencia externa.
Asimismo, en cuanto al segundo agravio referido por la mencionada, se tiene que la referida Resolución Jerárquica, al señalar que la Resolución de Rechazo 020/2020 era indebida, incurrió en una motivación arbitraria, puesto que dicho aspecto, en cuanto a su razonamiento le correspondía realizar a la Autoridad Sumariante; circunstancia similar que aconteció con el análisis referido a la concurrencia de la figura del dolo eventual, el cual tampoco fue analizado; empero, si por el Fiscal General demandado, circunstancia que evidencia que al realizar dichos razonamientos inobservó lo referido al debido proceso en su componente congruencia externa.
Por otra parte, en virtud a los agravios alegados por Mirtha Lucía Torres Ortiz Cabrera, se tiene presente que la Resolución Jerárquica confutada, respecto al primero agravio planteado, al haberse añadido en la indicada resolución jerárquica el criterio referido a la actuación por parte de la accionante con la debida diligencia y objetividad -aspecto que no estaba consignado ni establecido en la referida Resolución de Admisión de Denuncia del proceso disciplinario establecido en su contra-, incurrió en una inobservancia que generó una incongruencia en este caso aditiva y arbitraria, hecho que no resulta ser concordante con el alcance y la naturaleza jurídica de la indicada falta disciplinaria; aspecto por el cual implica con relación a este acápite la existencia de lesión al debido proceso en su componente congruencia externa.
Asimismo, en relación al segundo agravio planteado por esta, se observa que en el señalado fallo jerárquico emitido por la autoridad fiscal demandada, no explicó cómo la resolución de rechazo sería “indebida” cuando esta se basó en los mismos hechos establecidos en la resolución de acusación; aspecto por el cual, se infiere la existencia de una explicación insuficiente respecto a este punto mismo que afecta al derecho al debido proceso en su componente motivación, aquello en mérito a que la premisa empleada por la autoridad fiscal demandada se convierte en una referencia carente de validez interpretativa, no explicando de manera certera por qué la aludida Resolución de Rechazo sería indebida.
En ese contexto, analizando los argumentos desarrollados precedentemente, se tiene presente que el Fiscal General demandado, al momento de emitir la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ/PD 031/2022, no cumplió con las exigencias jurisprudenciales establecidas en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; toda vez que la misma en su contenido no posee una clara exposición de las razones y motivos que sustentan la determinación asumida, poseyendo una inadecuada fundamentación, motivación y congruencia, hecho que denota el incumplimiento de las exigencias jurisprudenciales requeridas; correspondiendo en consecuencia sobre los agravios expresados por ambas accionantes, conceder la tutela en virtud al desarrollo expuesto anteriormente.
Por otra parte, respecto a los agravios alegados por ambas accionantes referidos a la valoración probatoria, impele señalar que de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, aquella debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó la lesión de derechos fundamentales; aspecto que en el presente mecanismo de defensa, no fue acreditado; toda vez que, ambas impetrantes de tutela solamente realizaron apreciaciones personales sin precisar de qué manera considera afectado dicho aspecto, ya que a efectos de analizar ese extremo, estas debieron fundamentar en su acción tutelar la concurrencia de los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para ingresar a dicho análisis, referidos a que la valoración se aparte de los marcos legales de razonabilidad y equidad o si la Resolución confutada, omitió valorar arbitrariamente una prueba y su lógica consecuencia, sea la lesión de derechos fundamentales; correspondiendo sobre este aspecto en virtud a los agravios señalados por ambas, denegar la tutela peticionada sobre este punto.
Finalmente, en referencia a la transgresión al derecho a la defensa, corresponde señalar que las accionantes al no haber argumentado de qué manera la autoridad fiscal demandada habría lesionado dicho derecho, este Tribunal se ve impedido de emitir criterio al respecto; asimismo, en relación a los principios de “reformato in peius” y a la garantía del juez natural en su elemento prohibición de valoración de la prueba, se aclara que la justicia constitucional no tutela los mismos de manera directa.
En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 51 “A” de 4 de abril de 2023, cursante de fs. 599 a 609 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos expuestos por la referida Sala Constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA