SENTENCIA CONSTITUCIONAL No. 300/2000-R

5.   Que, los recurridos, pese a la existencia de la Ordenanza Municipal que aprueba la urbanización “La Riviera” contando con todos los antecedentes técnicos legales, han omitido pronunciarse y resolver las reiteradas solicitudes de la propietaria sobre aprobación de planos de construcción de viviendas y visación de minutas de transferencia de lotes, cuestiones que son de su competencia, evidenciándose  denegación de servicio administrativo. Pero fundamentalmente, la oposición y desconocimiento a la Ordenanza Municipal No. 0352/96 de aprobación de la urbanización, con argumentos de que  es ilegal y contraria a disposiciones legales de mayor jerarquía, implica desconocimiento del principio de seguridad jurídica y atenta contra los derechos fundamentales reconocidos en el Art. 7 incs. a), d), h) e i)  de la Constitución Política del Estado.