SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 758/2000-R

Que en el caso de autos, la autoridad recurrida ha cometido actos ilegales que atentan contra el derecho a la libertad del recurrente al no haber tramitado en forma inmediata y oportuna la solicitud de cesación de detención preventiva, presentada por éste, de conformidad con los arts. 239 y 240 del nuevo Código de Procedimiento Penal, habiendo demorado el trámite de manera innecesaria.