SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 1228/01-R

Considerando: Que  el  recurrente en su demanda de 21 de septiembre de  2001,  cursante de fs. 110 a 114 de obrados, manifiesta  que como emergencia de un hecho de sangre ocurrido el 21 de septiembre de 1989 en la ciudad de Trinidad en el que se dio muerte a Guillermo Añez Liendo; se demostró que el autor del crimen fue Victor Vásquez Tellería, quien  reconoció su culpabilidad entregándose a la justicia, que pese a ello por enemistad y resentimiento contra su persona, el Juez de la causa creó su propia hipótesis dictando una injusta resolución condenándole a sufrir la pena de 30 años de presidio por el delito de asesinato.

Refiere que está injustamente procesado y preso, como efecto de una resolución judicial emitida mediante actos ilegales y omisiones indebidas del Juez Primero de Partido en lo Penal de la ciudad de Trinidad, razón por la que se prueba la infracción a los arts. 6, 16, 19, 29, 228, y 229 de la Constitución Política del Estado, y los arts. 3, 77, 136, 137 del Código de Procedimiento Penal, y la última parte del párrafo 3 del art. 6 de la Ley N° 1970.

Señala que el Juez  para dictar la resolución judicial que lo condena se basó en otro  proceso penal que le instauró la víctima por el supuesto delito de giro de cheque en descubierto, por el que evidentemente se dio a la fuga cuando era conducido a la cárcel pública y porque el verdadero autor del asesinato, Víctor Vásquez Tellería, le remitió a la ciudad de Santa Cruz el arma utilizada en el hecho delictivo; continúa expresando que no obstante de haber solicitado la reconstrucción del hecho la que no fue deferida, no existir la prueba de  guantelete y dactiloscopia y la prueba testifical de descargo que de manera uniforme demuestra su inocencia,  más aún siendo confeso el autor del crimen, el recurrido le imputa la pena de 30 años de presidio por un delito que no cometió.

Que por lo expuesto y al haber agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios que puedan modificar la resolución impugnada que viola sus derechos constitucionales como su dignidad y libertad contenidos en el art. 6-.I y II de la Ley Fundamental del Estado, interpone Amparo Constitucional solicitando que una vez concedido se ordene al Gobernador de la Cárcel de San Pedro  su inmediata libertad.     

CONSIDERANDO: Que dentro del fenecido proceso penal que se siguió contra el recurrente Arturo Vásquez Cuellar por el delito de asesinato, en 22 de abril 1991 se pronuncia sentencia que  lo condena a sufrir la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto (fs. 4-11), fallo que al ser apelado, recurrido de casación y objeto de revisión extraordinaria de sentencia es confirmado (fs. 1), en todas las instancias judiciales adquiriendo la calidad de cosa juzgada y no obstante ello motiva el presente Recurso con la pretensión de demostrar su inocencia y simultáneamente la culpabilidad de su padre Arturo Vásquez Tellería.   

            Que el Recurso de Amparo Constitucional, previsto por el art. 19 de la Constitución Política del Estado, ha sido instituido para preservar los derechos fundamentales de las personas ante actos u omisiones indebidas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir tales derechos. En el presente caso se tiene una autoridad judicial recurrida, actualmente Juez de Familia, que en el ejercicio de sus funciones de Juez de Partido en lo Penal de Trinidad dictó sentencia condenatoria en 22 de abril de 1991 contra el ahora recurrente, Arturo Vásquez Cuéllar, dentro del proceso penal que se le instauró por el delito de asesinato; fallo que ha adquirido el valor de cosa juzgada en razón a que se utilizaron todas las instancias judiciales, incluyendo el recurso de revisión extraordinaria de sentencia  en el indicado proceso penal.

            Que asimismo, por la uniforme jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional no corresponde considerar la cuestión planteada en este Recurso de Amparo por cuanto se pretende por esta vía la protección de la libertad individual, siendo así que este derecho fundamental esta tutelado por el Hábeas Corpus, circunstancia que determina la improcedencia del Recurso planteado.