SENTENCIA CONSTITUCIONAL No. 65/01

I.3 Que, la seguridad jurídica constituye una exigencia básica de un Estado Democrático de Derecho, de manera que es imprescindible tener certeza en cuanto al momento exacto de vigencia de cualquier disposición o norma jurídica, con mayor razón si imponen deberes, cuyo incumplimiento puede acarrear imposición de sanciones, por lo que cuando se trata de actos estatales individuales o generales, su debida notificación o publicación, es un requisito ineludible para que los particulares puedan conocer la existencia y el alcance de sus deberes como también para que los órganos jurisdiccionales puedan decidir sobre la correcta aplicación de la norma. Empero, en el caso del Reglamento citado, el texto de la Gaceta Oficial que lo contiene, únicamente hace referencia al año 1997 como fecha de su edición, sin referirse al año, mes y día de su publicación. Asimismo, en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 2018 se mencionan dichos datos con relación al Decreto Supremo Nº 24721 que se limita a aprobar el Reglamento e indica que éste se publicará en edición especial. En consecuencia, no existe exactitud en cuanto a la fecha de vigencia de la norma sobre la cual se basa la sanción a Transredes,  porque la fecha completa no figura en su propio texto por una parte, y por otra, el Jefe de la Gaceta Oficial de Bolivia emitió certificaciones contradictorias sobre el particular, ya que en una hace constar el 24 de julio de 1997 y en otra el 3 de marzo de 2000, según copia de las citadas certificaciones de 9 de enero de 2001, adjuntas al expediente Nº 2000-01741-04-RII del Tribunal Constitucional.

Que, en dichas certificaciones el citado funcionario, ha pretendido justificar una aberración jurídica denominando al 24 de julio de 1997 como fecha de publicación y al 3 de marzo de 2000 fecha de puesta en circulación al público, lo cual deja en evidencia que la verdadera fecha del Reglamento impugnado es el 3 de marzo de 2000.