Así ha declarado el Tribunal Constitucional en numerosas Sentencias, tales como las signadas con los números 711/2002-R, 729/2002-R, 950/2002-R, entre otras.

En revisión la Resolución de 30 de octubre de 2002, cursante a fs. 40, pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Nilo Guaraguara Goitia y Juan Martínez Jiménez contra Luis Alberto Arratia Jiménez, Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), alegando la vulneración de sus derechos a la propiedad, a la seguridad jurídica y al trabajo.