SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1485/2002-R

Por su parte, la Fiscal también demandada expresó: a) se denunció que una Empresa de Seguridad Privada, exigía a las personas que deseaban ser contratadas el pago de Bs250.- bajo el compromiso de proveerles de  uniformes, adiestramiento en defensa personal y un sueldo de Bs800.-, obligaciones no cumplidas, b) la recurrente era la persona que cobraba la suma referida sin otorgar ningún comprobante, indicio que hace presumir que la recurrente y otras dos personas eran con probabilidad las autoras o participes de la comisión de los delitos de estafa y apropiación indebida, deduciéndose asimismo la existencia de riesgo de fuga y c) la recurrente fue aprehendida con una orden librada por su autoridad en apoyo del art. 226 de la Ley 1970, de 25 de marzo de 1999 o Código de Procedimiento Penal (CPP).