SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1576/2002-R

Es propietario de un lote de terreno que compró de Yolanda Pereira Jiménez, quien a su vez lo adquirió en subasta pública dentro de un proceso ejecutivo que le siguieron en rebeldía al ejecutado Félix Cuevas  por lo que el Juez Segundo de Instrucción en lo Civil le extendió el título de propiedad, recibiendo por ello los documentos legales que acreditan su derecho propietario. Sin embargo,   posteriormente fue notificado con una orden emanada del Juzgado Primero de Partido en lo Civil  de la Capital, mediante la cual  lo conmina a entregar el lote que adquirió legalmente enterándose que Félix Cuevas (anterior ejecutado) había iniciado un juicio ordinario de nulidad de proceso ejecutivo y cancelación de registro  de propiedad a Yolanda Pereira, en el que se declaró probada la demanda .

Añade que el mencionado proceso ordinario se tramitó sin que haya sido notificado con la demanda, menos se hubiere anulado el título de propiedad del inmueble adquirido ni cancelado su registro en Derechos Reales, circunstancia por la que se apersonó ante el Juez y formuló oposición a la entrega de dicho lote  toda vez que no sólo lo había comprado legalmente sino que invirtió la suma de $US8000.- al haber realizado trabajos de amurallamiento  y construcción de un depósito de agua y no obstante de ello por Auto de 13 de septiembre de 2002 el Juez de la causa  lo condenó al desapoderamiento del bien sin fundamento legal y en desconocimiento  de sus derechos constitucionales, al no haber sido demandado en juicio ordinario menos haber cancelado su título de propiedad ni su registro  sin tener presente que el art. 194 del Código de Procedimiento Civil (CPC) señala que las disposiciones de la sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas.