SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0124/2003-R

III.2.  Consecuentemente, la recurrida ha cometido actos ilegales que vulneran los derechos de los recurrentes a la presunción de inocencia, a la defensa y al previo proceso, puesto que sin que exista ningún juicio en su contra, sino apenas una denuncia ante el SENAPI, unilateralmente les ha impuesto en los hechos una sanción al prohibir sin ninguna base legal la difusión y comercialización de su material, afectando y restringiendo de esa manera su derecho al trabajo, toda vez que a raíz de esa ilegal comunicación, dos empresas rescindieron contratos anteladamente adquiridos con PIVA RECORDS S.R.L., siendo pertinente otorgarles a los recurrentes la tutela solicitada.