SENTENCIA CONSTITUCIONAL 10/2003 - R

Que dentro del proceso civil seguido en contra suya y su esposo, la Jueza titular del Juzgado a cargo actual del recurrido, en ejecución de sentencia pese a sus constantes reclamos dispuso el remate en subasta pública de un inmueble de su propiedad, sin considerar la existencia de un certificado expedido por la Alcaldía que acredita que para obtener el valor catastral se debe actualizar el registro, de manera que se está procediendo al remate sobre la base de un valor que no es real. Que tampoco ha tomado en cuenta el informe que certifica la existencia de 40M2 que no están registrados, empero en esa total confusión la autoridad recurrida persiste en la subasta y remate, pues el trámite de la tasación pericial es distinto del previsto en el art. 534 del Código de Procedimiento Civil (CPC) referido a la valuación fiscal, y en el caso, ninguno de ellos existe.