SENTENCIA CONSTITUCIONAL 54/2003 - R

Que, la recurrente denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, al trabajo y a la seguridad social, previstos en el art. 7-a)-d)-k) CPE, con el argumento de que los recurridos  incurriendo en acto ilegal le han despedido del cargo que ocupaba en el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés sin tomar en cuenta su estado de gravidez y su derecho a la inamovilidad funcionaria que le reconoce la Ley 975. En consecuencia,  corresponde dilucidar si tal extremo es evidente y si constituye un acto ilegal lesivo de los derechos fundamentales referidos, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.