SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1741/2003-R

En la demanda presentada el 8 de septiembre de 2003 (fs. 5 y 6), el recurrente aduce que el 13 de mayo del presente año la Aduana y el Ministerio Público iniciaron una investigación por un supuesto faltante en el peso de la mercadería ante el arribo a la Aduana Regional Santa Cruz del camión con placa de control 955-GXP marca Volvo de la empresa de transporte “Set. Mercurio” SRL de propiedad de Macedonio Choque, el cual transportaba mercadería documentada legalmente cuyo propietario es Franz Chire.

Prosigue indicando que el 11 de julio pasado el Fiscal asignado al caso informó al Juez Sexto de Instrucción Cautelar en lo Penal sobre el inicio de las investigaciones por un supuesto delito de contrabando en contra de sus mandantes, sin que hasta la fecha se haya tramitado ninguna medida cautelar de carácter real, incumpliéndose además lo previsto por el art. 211 de la Ley General de Aduanas (LGA) que indica que el fiscal debe poner en conocimiento del juez cautelar, en el plazo de 48 horas, la existencia de unidades de transporte o mercancías.

Refiere que el 14 de julio del año en curso, el propietario del vehículo solicitó la entrega del mismo, pero la Aduana se opuso, y el 22 de agosto de 2003, Franz Chire pidió la devolución y la nacionalización de la mercadería, sin embargo, hasta la fecha no se tiene respuesta, habiendo agotado la vía de reclamo ante el Fiscal.

Concluye afirmando que el planteamiento de otra acción legal en los tribunales ordinarios “duraría años y hasta entonces les llegaría a sus poderdantes la ruina completa”, de esa manera, enfatiza que así lo reconoce la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya que se debe disponer la cesación de las acciones de hecho perpetradas por los recurridos, como una medida inmediata para la protección de los derechos y garantías de sus representados.