SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1942/2003-R

El recurrente alega que la autoridad demandada ha vulnerado sus derechos a la propiedad privada y al ejercicio de la función parlamentaria, al haber ordenando el retiro del letrero ubicado en el frontis de su oficina, sin haber sido notificado ni advertido con ninguna diligencia previa sobre el particular y sin sujetar el acto a las disposiciones legales vigentes y los procedimientos administrativos. Por consiguiente, corresponde analizar, en revisión, si los supuestos actos ilegales se encuentran dentro del ámbito de protección otorgado por el art. 19 de la Constitución Política del Estado (CPE).