SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0235/2003-R

Alega el recurrente que la autoridad judicial recurrida no ha dado curso ilegalmente al pedido del recurrente de dejar sin efecto el mandamiento de apremio librado en su contra, pese haber acreditado que por renuncia ha dejado de tener la calidad de representante legal de la Empresa demandada, existiendo otro Gerente General; además tampoco se ha dejado sin efecto la orden de arraigo dispuesta en su contra. Este Tribunal pasa a verificar si lo denunciado se encuentra dentro de los casos de protección reconocidos en el art. 18 de la Constitución Política del Estado.