SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0345/2003-R

El abogado de la parte recurrente ratificó los términos de su demanda y agregó que: a) el amparo administrativo no faculta a las autoridades prefecturales a determinar el desalojo de su cliente y  su familia, y agota una decisión mediante una Resolución Prefectural inconstitucional. b) en 1999 se instauró un proceso ordinario ante el Juez 8º de Partido en lo Civil para dilucidar si ENFE debería tomar la decisión de despojo contra su cliente a través de un amparo administrativo, logrando la resolución prefectural el 2000 que ordena su desalojo, cuya ejecución se intentó ante distintas autoridades hasta que sorprendiéndolo en su buena fe, lograron que ordenara su cumplimiento el Comandante Departamental de la Policía c) el desalojo fue ilegal y la entrega del inmueble  también, ya que la normativa señala que debe hacerse entrega a un depositario nombrado al efecto y no a un tercero que ha sido designado verbalmente por la autoridad policial. Este hecho está configurado como delito por el art. 299 del Código penal (CP). d) ENFE intentó no uno sino varios amparos administrativos, ya en 1999, el Prefecto de ese entonces se inhibió del caso, el 2000 vuelven a intentar y el Prefecto Prada dicta la injusta resolución 113/2000 que ordena el desalojo y despojo con intervención de la fuerza pública.