SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1225/2003-R

En la demanda presentada el 16 de abril de 2003 (fs. 15), el recurrente asevera que   dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Francisco Acosta Rodríguez y otros, se dictó sentencia condenatoria en 30 de octubre de 2002 por  delitos relacionados con la Ley 1008, cometidos cuando el autor principal estaba conduciendo como taxista el automóvil de su representado marca Toyota con placa de control 1027-GDH, que fue incautado preventivamente. El referido fallo -aduce- dispuso la devolución del motorizado; sin embargo, la misma no se ha efectivizado, pese a sus reclamos, dado que le han informado que deberá esperar la resolución de la apelación que se está tramitando en la Corte Superior de Distrito.