I.2. Argumentos jurídicos del recurso
Argumenta el recurrente que la inconstitucionalidad del DS 23670 se presenta al establecer la modalidad de autofacturación mediante decreto supremo, determinando la existencia de un impuesto aplicado por los compradores de minerales y metales en el mercado interno, operables mediante certificados de crédito fiscal o títulos valores equivalentes, determinando de esa forma la existencia de un régimen impositivo, con características de una ficción discriminatoria en su aplicación respecto de los operadores mineros que no exportan sus concentrados, vulnerando los arts. 26 y 27 de la Constitución Política del Estado.
Alega también que se ha infringido el art. 33 de la CPE, al procurar, retroactivamente al año 1993, poner en vigencia el DS 23670 con el DS 25705, sin estar aprobado el reglamento operativo, sin que exista formularios, registros y sin señalarse el procedimiento de autofacturación específico, conculcando el Manual de Técnicas Normativas.