SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1810/2004-R

El 13 de abril de 2004, Jenny Milenka Vásquez de López, Quintín Vásquez Flores y su persona fueron imputados formalmente por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa, estelionato y asociación delictuosa, el Fiscal asignado al caso fundamentó la imputación señalando que existían suficientes elementos de convicción para sostener que con probabilidad eran los autores del hecho; que se habría verificado la asociación con la que actuaron para a alterar documentación pública fraguando firmas y sello de Notario, adulterando Partidas Literales en Derechos Reales, planos y otros en oficinas de la Alcaldía Municipal y, que el trámite en cuestión fue realizado por el recurrente personalmente ocultando estos hechos; empero, el Fiscal no manifiesta cuáles son los elementos de convicción que señala, tampoco menciona quién estaba a cargo de la asociación delictuosa, no exhibió qué documento público fue adulterado y por último no existe evidencia que su persona hubiese realizado los trámites personalmente y menos que hubiese podido ingresar a la oficina de Derechos Reales y que alguien le hubiese permitido sacar los Libros para efectuar cualquier tipo de cambio.

Señala que la imputación formal no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo; el momento de imputar está determinado por la estimación subjetiva del Fiscal, fruto de la apreciación racional que debe hacer de los resultados que vayan proporcionando las Diligencias de Policía Judicial, por tanto no existe un momento determinado para que la imputación se formalice y en consecuencia se inicie el proceso, habiendo sido imputado en su caso por el Fiscal sin tener un solo elemento de convicción o algún indicio que haga presumir su participación en el hecho que se investiga, vulnerando sus derechos y garantías al estar ausente la garantía de certeza en la imputación, situación que restringe el derecho a la defensa.