SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1891/2004-R

Sucre, 9 de diciembre de 2004

Expediente: 2004-10377-21-RHC

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

En revisión, la Resolución cursante de fs. 51 a 55, pronunciada el 13 de noviembre de 2004 por la Jueza de Sentencia de Quillacollo, Cochabamba, en el recurso de hábeas corpus interpuesto por Juan Carlos Zubieta en representación de Nelson Ledezma Ovando contra Olma Lilian Rojas Castro, Jueza de Instrucción de Familia de Quillacollo, alegando procesamiento y detención ilegales de su representado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

En el memorial presentado el 12 de noviembre de 2004 (fs. 37 a 39), el recurrente aduce que su representado ha sido indebidamente procesado y detenido dentro de la demanda de asistencia familiar incoada por Nely Cáceres Segovia en su contra, puesto que no ha sido legalmente citado con la demanda de 29 de junio y el Auto de Admisión de 2 de junio de 2001, tampoco ha sido notificado con el Auto de declaratoria de rebeldía, pese a que la Jueza recurrida ordenó que se lo notifique mediante cédula, y menos fue notificado con la Sentencia de 22 de julio de 2003 en la que se fija la asistencia familiar de Bs250.-, siendo sorprendido con el mandamiento de apremio expedido en su contra, no obstante que a tenor de lo previsto por los arts. 133 del Código de procedimiento civil (CPC), modificado por el art. 174 de la Ley de abreviación procesal civil y de asistencia familiar (LAPCAF) que concuerda con lo dispuesto por el art. 247 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), se establece la nulidad o reposición de obrados por falta de notificación con la sentencia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El recurrente arguye procesamiento y detención indebidos de su representado.

I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio

Por lo expuesto, plantea recurso de hábeas corpus contra Olma Lilian Rojas Castro, Jueza de Instrucción de Familia de Quillacollo, solicitando sea declarado procedente y se disponga la inmediata libertad de su representado anulando obrados hasta el vicio más antiguo, con costas, daños y perjuicios.

I.2.Audiencia y Resolución de la Jueza de hábeas corpus

De fs. 44 a 46 cursa el acta de la audiencia pública realizada el 13 de noviembre de 2004, en la que se suscitaron los siguientes hechos:

I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso

El recurrente ratificó y reiteró los términos de su demanda, añadiendo que no era posible que se tramite este tipo de procesos judiciales ya que existe una normativa para seguir que ha sido vulnerada, por lo que no se defendió y desconociendo la demanda de asistencia familiar, fue sorprendido y conducido a la cárcel.

I.2.2. Informe de la autoridad recurrida

La Jueza de Instrucción de Familia demandada sostuvo lo siguiente: a) la anterior Jueza de Instrucción de Familia no observó el error entre las fechas de la demanda de asistencia familiar de 29 de julio de 2001 y el Auto de admisión de 2 de junio de 2001; b) el mandamiento de apremio fue expedido correcta y legalmente una vez que se citó por cédula al representado del actor con la conminatoria como consta en la diligencia de 17 de septiembre de 2003 y por segunda vez en 1 de noviembre de 2004; c) si bien es obligación de su autoridad velar porque el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, dada la recargada labor que cumple “no es posible estar sobre cada uno de los procesos en forma minuciosa pues el tiempo no abastece para revisar lo actuado por su persona y no puede corregir constantemente los errores de su antecesora, la Actuaria y el Oficial de Diligencias” (sic.), aspecto que se debe tomar en cuenta para efectos de daños y perjuicios solicitados por el recurrente; d) destaca la mala fe y temeridad del abogado, quien advertido del error dejó pasar tres años, hasta que el obligado sea apremiado para interponer el presente recurso, cuando pudo pedir que se anule obrados y no llegar a este estado perjudicando a los beneficiaros que tienen necesidad de ser alimentados.

I.2.3. Resolución

La Resolución cursante de fs. 51 a 55, pronunciada el 13 de noviembre de 2004 por la Jueza de Sentencia de Quillacollo, Cochabamba, declaró procedente el recurso disponiendo la inmediata libertad de Nelson Ledezma Ovando y anulando obrados hasta que el obligado sea legalmente notificado con la Sentencia de 22 de julio de 2003, sin costas, con el fundamento de que el obligado no fue notificado con la Sentencia dictada dentro de la demanda de asistencia familiar que se siguió en su contra, notificación que constituye un presupuesto necesario para que surta efectos la liquidación de pensiones con la que fue legalmente notificado.

II. CONCLUSIONES

De los actuados producidos en este recurso se llega a las conclusiones que se apuntan seguidamente:

II.1. Mediante memorial dirigido a la Jueza de Instrucción de Familia, presentado el 29 de julio de 2001 (fs. 4) Nely Cáceres Segovia demandó asistencia familiar contra Nelson Ledezma Ovando ahora representado del recurrente, a favor de su hija Vania Tracy Ledezma Cáceres. Por Auto de “2 de junio de 2001” (fs. 5) la Jueza de Instrucción de Familia de entonces dispuso traslado al demandado, cursando la notificación personal al representado con la demanda y Auto de “2 de julio de 2001” a fs. 6 vta., rehusando firmar en presencia de un testigo.

II.2. A través del Auto de 29 de agosto de 2001 (fs. 7 vta.) la Jueza de Instrucción de Familia a solicitud de la demandante declaró rebelde a Nelson Ledezma Ovando, al no haber respondido a la demanda dentro del término previsto por Ley, disponiendo se lo notifique mediante cédula. No cursa la respectiva notificación al representado.

II.3. El 22 de julio de 2003 (fs. 17 y 18) la Jueza de Instrucción de Familia -ahora recurrida- expidió Sentencia dentro de la referida demanda de asistencia familiar, declarándola probada en parte, fijando la pensión mensual de Bs250.- que Nelson Ledezma Ovando debía pasar a favor de su hija menor Vania Tracy Ledezma Cáceres a partir de la citación con la demanda. No figura notificación alguna al representado del actor con esta Resolución.

II.4. Mediante Auto de 8 de agosto de 2003 (fs. 21) la Jueza demandada ordenó ponerse en conocimiento la liquidación de asistencia familiar devengada en la suma de Bs6.000.- que el obligado debe pagar a tercero día de su legal notificación personal, bajo conminatoria de expedirse el correspondiente mandamiento de apremio, en sujeción al art. 436 del Código de familia (CF). Determinación que fue notificada al representado a través de cédula pegada en su domicilio el 17 de septiembre de 2003 en presencia de un testigo que suscribe (fs. 24).

II.5. Por decreto de 20 de octubre de 2004 (fs. 28 vta.) la Jueza recurrida en mérito a la representación del oficial de diligencias en sentido de que el obligado se estaba ocultando maliciosamente, instruyó se emita nuevo mandamiento de apremio con habilitación de días feriados y horas inhábiles, sin facultad de allanamiento.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En este recurso el actor arguye que su representado ha sido indebidamente procesado y detenido dentro de la demanda de asistencia familiar incoada por Nely Cáceres Segovia, en su contra, puesto que no ha sido legalmente citado con la demanda y el Auto de Admisión, tampoco ha sido notificado con el Auto de declaratoria de rebeldía, y menos con la Sentencia, siendo sorprendido con el mandamiento de apremio expedido en su contra. Corresponde analizar, en revisión, si de acuerdo a los datos del cuaderno procesal y las normas legales aplicables, se debe otorgar la tutela que brinda el art. 18 de la CPE.

III.1. Este Tribunal a través de la SC 436/2003-R, de 7 de abril, señaló lo siguiente:

“(...) en una interpretación estricta de los arts. 149, 436 del Código de Familia (CF) y 11 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP), ha dejado establecido que la obligación de cumplir con la asistencia familiar es inexcusable bajo prevención de expedirse mandamiento de apremio, esto porque está vinculada a derechos fundamentales cuyos titulares son menores de edad, a quienes la Constitución en su art. 193, les otorga especial protección. Bajo este entendimiento, la tutela no puede ser otorgada para esquivar dicha obligación.

”(...) sin embargo, cuando aquélla es solicitada y se practica la liquidación por los pagos devengados, la autoridad competente debe necesariamente notificar al obligado conminándolo para que cumpla dentro del plazo legal con su obligación previniéndolo de que si no cumple se procederá conforme a los artículos citados. Esta formalidad, no es potestativa sino obligatoria para el Juez, pues la notificación con la conminatoria tiene la finalidad de dar oportunidad al obligado para pagar la obligación pendiente, o en su caso formular las observaciones a la liquidación o presentar pruebas de eventuales pagos directos, por ello el legislador ha previsto su legal notificación que debe cumplir con el objetivo de que el obligado se entere de la obligación; así ya lo estableció la Jurisprudencia Constitucional en las SSCC 1021/2001-R y 385/2002-R”.

Situación que está estrechamente vinculada con los derechos al debido proceso y a la defensa, asegurando al obligado un procedimiento legal y la potestad que tiene para reclamar o impugnar los actuados procesales con los cuales se le cita y notifica, antes de que se ejecuten las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones o hechos en los que hubiera incurrido.

III.2. En el caso que se examina, el recurrente aduce que su representado no fue debidamente citado y notificado con la demanda y Auto de Admisión, con la declaratoria de rebeldía y sentencia dictada dentro del proceso de asistencia familiar que Nely Cáceres Segovia siguió en su contra.

Con relación a la citación con la demanda y Auto de admisión, el art. 129.I del CPC establece: “Toda nulidad por falta de forma en la citación, quedará cubierta si no es reclamada antes o a tiempo de la contestación.” Por lo que, si bien es evidente que existía un error en la fecha del Auto de admisión de la demanda de asistencia familiar, Auto con el que fue notificado personalmente el representado, el 10 de julio de 2001, no es menos cierto que éste no efectuó reclamo alguno al respecto, de manera que tal defecto quedó superado a tenor de lo previsto por el citado art. 129-I del CPC.

Respecto a la notificación con la declaratoria de rebeldía, de los antecedentes procesales remitidos a este Tribunal se constata que efectivamente el representado no fue notificado con el Auto de 29 de agosto de 2001 en que se lo declaró rebelde, que a tenor de lo dispuesto por el art. 68 del CPC aplicable a la demanda de asistencia familiar conforme al art. 383 del CF, debía habérselo notificado mediante cédula en su domicilio.

De la misma manera, tampoco fue notificado con la Sentencia de 22 de octubre de 2003 que se dictó en su contra y que fijó como asistencia familiar la suma de Bs250.- mensuales a favor de su hija menor Vania Tracy Ledezma Cáceres, no obstante que después de las citaciones con la demanda y reconvención, todas las notificaciones deben ser hechas en secretaría del juzgado o tribunal, salvo aquellas que deban efectuarse en forma personal o por cédula como son -entre otras- las notificaciones con las sentencias, como establecen los arts. 133 (modificado por el art. 14 de la LAPCAF) y 137 del CPC, última norma que concuerda con lo dispuesto por el art. 247 de la LOJ que de manera expresa establece la nulidad o reposición de obrados por falta de notificación con la sentencia.

Necesariamente se debe notificar al demandado con dicho actuado jurisdiccional, cual prevé la SC 558/2004-R, de 13 de abril, y conforme señala la SC 1825/2003-R, de 8 de diciembre la notificación con la liquidación de asistencia familiar es personal. Estas exigencias no se cumplieron en el caso de autos, pues no se notificó al demandado con la planilla de liquidación ni con la Sentencia, en forma personal y menos aún por edicto. Consiguientemente, no se cumplió con el objetivo de comunicarle sobre la resolución que determinó su obligación familiar, y si bien es cierto que el mandamiento de apremio a raíz del cual Nelson Ledezma Ovando se encuentra detenido en la cárcel pública de “San Pablo”, emana de autoridad competente, sin embargo fue expedido sin el cumplimiento previo de las formalidades legales -como se explicó precedentemente-, por lo que se ha vulnerado el debido proceso y como efecto de ello el derecho a la libertad física, convirtiendo dicha detención en indebida, pues la Jueza recurrida antes de emitir el mandamiento de apremio debió asegurarse que el demandado sea notificado con la sentencia, liquidación y el respectivo emplazamiento de pago.

En consecuencia, la Jueza de hábeas corpus, al declarar procedente el recurso, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo, con la modificación de que la nulidad de obrados abarca hasta que el representado del actor sea notificado con la declaratoria de rebeldía.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 18.III, 120.7ª de la CPE, 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional, con los fundamentos expuestos resuelve APROBAR la Resolución cursante de fs. 51 a 55, pronunciada el 13 de noviembre de 2004 por la Jueza de Sentencia de Quillacollo, Cochabamba.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No firma el Magistrado, Dr. José Antonio Rivera Santivañez, por estar en uso de su vacación anual.

Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera

PRESIDENTE

Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán

DECANO

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Felipe Tredinnick Abasto

MAGISTRADO