SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0539/2004-R

III.1.  En el caso examinado se constata que en la localidad de Challapata, el 2 de junio de 2003 a convocatoria del Presidente del Comité Cívico y dos miembros del Comité de Vigilancia se promovió una reunión de los pobladores del municipio de Challapata que desembocó en la determinación de bloquear el camino Oruro - Potosí como presión para lograr la renuncia de los miembros del Concejo Municipal; bloqueo que se realizó los días 3, 4, 5 y 6. Los actos de presión y amenazas ejercidos han sido confirmados por el informe que elevó el Subprefecto de la Provincia Eduardo Avaroa  de 9 de junio de 2003 al Prefecto del Departamento de Oruro en sentido de que se suscitaron hechos vandálicos en los domicilios de los concejales, Alcaldía Municipal y Subprefectura (fs. 13), siendo evidente que no sólo impidieron el desarrollo de las actividades de los concejales sino que dicha acción afectó materialmente a los vehículos que transitan en la carretera  Oruro - Potosí e impidió su libre tránsito, y de no haberse tomado conocimiento de la renuncia escrita de los recurrentes no se hubiera levantado la presión efectuada. De hecho, los recurrentes en virtud de las medidas extremas tomadas por algunos de los pobladores, mediante notas dirigidas al Presidente del Concejo Municipal y entregadas al Prefecto del Departamento, formularon sus renuncias las que fueron aceptadas en sesión  convocada por el Presidente del Concejo.

De lo brevemente señalado se colige que si bien existen dos situaciones que pueden distinguirse: una referida a los medios de presión infligidos contra los recurrentes con el objeto de que éstos renuncien a su investidura, y otra, al tratamiento que se le da en el Concejo Municipal a las renuncias presentadas por los recurrentes, su consideración y aceptación; sin embargo, tales situaciones están de tal manera interrelacionadas que corresponde su análisis y comprensión en el contexto general de los sucesos que se suscitaron.