SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0661/2004-R

La recurrente señala que sus mandantes otorgaron un poder concreto a favor de Pablo Ramiro Carrasco Escobar para obtener un préstamo, sin embargo, éste utilizando el poder conferido suscribió con el Banco Unión S.A. una escritura pública (2072/96) respecto a un contrato de otorgamiento de línea de crédito con garantía hipotecaria del inmueble de propiedad de Jadiel Garrón Aldana y Miriam Romero de Garrón -ahora representados por la recurrente- hasta la suma de $US35.000.-; haciéndoles figurar como aceptantes y co-deudores, sin que hubieran otorgado consentimiento expreso y menos, reconocido a su mandatario como deudor principal; posteriormente Pablo Ramiro Carrasco Escobar, suscribió otra escritura pública (260/1997) sobre contrato de mutuo o préstamo con garantía real, bajo la modalidad de línea de crédito por la suma de $US35.000.-, con el mismo Banco Unión, para capital de operaciones, actuando éste en calidad de prestatario y haciendo actuar a sus representados como garantes; por lo que al no haber el mandatario y prestatario cancelado las obligaciones que contrajo por sí y ante sí, el Banco ejecutó su saldo deudor de $US22.000.- en agosto de 1999, proceso en el cual se embargó la casa de los esposos Garrón Romero y, posteriormente, se adjudicó en remate a favor del Banco acreedor mediante escritura pública 891/2001 de 23 de abril, todo esto a espaldas de sus poderconferentes. Situaciones estas, que restringirían y suprimirían los derechos al debido proceso, a la defensa y a la propiedad de sus mandantes. En consecuencia, corresponde, analizar en revisión, si tales aseveraciones son ciertas, y si dan lugar o no a brindar la tutela que otorga el art. 19 de la CPE.