SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0911/2004-R

El abogado Constantino Escobar amplió la demanda expresando que su representado fue secuestrado bajo las órdenes del recurrido Adan Verástegui y conducido a la Dirección de la P.T.J. y a la Fiscalía adscrita, donde pretendieron iniciar alguna acción y al no existir indicios ni fundamentos, el Ministerio Público y el recurrido Franz Gonzáles dispusieron su libertad, pero pernoctó una noche para preservar su seguridad ya que merodeaban por el lugar los mismos sujetos que lo secuestraron. Sin embargo, una vez que la Fiscalía concluyó que no había motivo para iniciar la acción y presentar imputación, su representado fue virtualmente entregado a esos sujetos quienes lo trasladaron a las oficinas del co-demandado Adan Verastegui  donde estuvo detenido y privado de libertad. Por ese motivo solicitó al recurrido conversar con su cliente, momento en el cual aparecieron varias personas y de forma amenazante le preguntaron si era o no su abogado, por lo que no tuvo otra alternativa que negarlo. Inmediatamente se trasladó a la PTJ a denunciar el hecho, frente a lo cual  el co-demandado Director de la PTJ mandó a decir que no podían intervenir oficinas privadas y envió a un funcionario policial a ver lo que podía hacer, pero la privación de libertad de su representado se mantuvo sin que el Ministerio Público ni la PTJ la hayan dispuesto.

Por su parte el abogado Armando Pérez Mamani, amplió la demanda señalando que el 14 de abril su representado denunció al Ministerio de Gobierno un intento de secuestro a sus hijos. Además que el martes 27 recibió una llamada de parte del co-demandado Adan Williams Verastegui indicándole que en su despacho se encontraba su representado junto a un grupo de personas con la intención de dar solución a los problemas del Municipio, por lo que le pidió el pase profesional o la firma de un memorial de desistimiento del recurso de nulidad que se tramita en Sucre, proceso que dio origen a los actos ilegales y arbitrarios. De su parte, explicó que extendería el pase solicitado una vez se le cancele sus honorarios profesionales, motivo por el cual le comunicaron con su cliente, quien le expresó que estaba siendo presionado y que no le dejaban salir en libertad.

Agregó que en el secuestro de su representado, su familia también fue agredida, por lo que sus miembros comunicaron oportunamente al Tribunal Constitucional  sobre los hechos y que existía el temor fundado de que iba a ser presionado a desistir del recurso directo de nulidad, además que denunciaron los hechos a Derechos Humanos y al Ministro de Gobierno.