SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1001/2004-R

El recurrente arguye que dentro del proceso coactivo fiscal seguido contra sus representados y otro por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación: 1) se los juzgó sin prueba alguna, careciendo dicho Ministerio de personería, sin que figure el acta de juramento de desconocimiento de domicilio, ni se les haya nombrado defensor de oficio, habiendo sido notificados con la sentencia y pliego de cargo en forma irregular; 2) en obrados no se observan los informes de auditoria interna que supuestamente acreditarían la fuerza coactiva de la acción; 3) el Ministerio no planteó su demanda a tenor de lo señalado por los vocales co-recurridos que se refiere a un proceso coactivo de oficio no aplicable al proceso que se siguió contra sus mandantes, y al ser uno de los demandados una persona fallecida, las autoridades recurridas debieron anular obrados. Corresponde, en revisión, analizar si en este caso se debe otorgar la tutela buscada por el actor.