a)
Sostienen que la norma impugnada en sus forzados fundamentos reconoce que es atribución de la Cámara baja, cuando sea el caso y exista denuncia, remitir ante la Comisión de Ética de dicha Cámara las denuncias para que sea dicha Comisión la que en definitiva conozca y resuelva la misma. Empero, añaden que en sus casos, la referida Cámara baja no obstante que conocía que no existe denuncia en contra suyas, ha autorizado a su Presidencia la remisión de listas de diputados por supuestas faltas éticas ante la Comisión de Ética, con lo cual se ha vulnerado sus derechos fundamentales de naturaleza civil y política, como ser: a) a la presunción de inocencia, prevista por el art. 16 parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE), 14 parágrafo II del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y art. 11 del Pacto de San José de Costa Rica, puesto que no obstante no existir denuncia alguna se ha ordenado la activación de un procedimiento disciplinario siendo tratados como infractores de normas éticas con los daños y efectos que dicha actitud conlleva; b) el derecho al debido proceso, previsto por el art. 16 parágrafo IV de la Constitución Política del Estado (CPE), 14.I del Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos y 8 del Pacto de San José de Costa Rica, por cuanto al ordenar la remisión de nombres de diputados que se encuentren participando políticamente, entre los que están los suyos, sin que se considere que no existe ninguna denuncia, se los ha condenado por anticipado y se ha viciado el procedimiento disciplinario al ser evidente la ausencia de imparcialidad y transparencia, lo cual no solo atenta a sus derechos fundamentales, sino también a la institucionalidad del país; c) el derecho a ejercer la ciudadanía y a ser elegibles, previsto por el art. 40 de la CPE por cuanto se ha puesto en riesgo sus derechos fundamentales a participar del proceso democrático eleccionario, que busca devolver la estabilidad al país.