SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1348/2005-R

El recurrente, en su condición de Alcalde de Quillacollo alega que las autoridades edilicias de turno en la gestión 1996, dispusieron ilegalmente la expropiación de los terrenos de Wilfredo Aramburo Oropeza -co-recurrido- ordenando a la conclusión de dicho trámite el pago a favor del expropiado; ante cuyo incumplimiento, inició proceso civil de pago de indemnización por expropiación contra la Alcaldía Municipal de Quillacollo, el que concluyó el “2002” 2000; empero, tanto el trámite de expropiación, como el referido proceso civil fueron sustanciados ilegalmente, puesto que en ese orden, al tratarse de terrenos rústicos, la competencia para proceder a la expropiación era del Instituto Nacional de Reforma Agraria y la de sustanciar el proceso civil de la jurisdicción agraria; asimismo, no se notificó al Ministerio Público con ninguna de las actuaciones de dicho proceso, no obstante que la institución demandada, era una entidad del Estado; vicios procesales que - a decir del recurrente- no pueden sustentarse  bajo la supuesta cosa juzgada, por cuanto los bienes del patrimonio de la nación constituyen propiedad pública inviolable conforme lo dispuesto por los arts. 2 y 137 de la CPE. En consecuencia, corresponde dilucidar si los hechos demandados ameritan conceder la tutela solicitada.