SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1528/2005-R

El recurrente en el escrito de 21 de octubre de 2005 (fs. 10 a 12 vta.), manifiesta que el 21 de septiembre de 2005, su representado fue conducido por funcionarios policiales a la cárcel pública de San Pablo de Quillacollo, en cumplimiento a un mandamiento de condena solicitado el 10 de septiembre de 2005, por Juana Lily Pérez en nombre de Gerardo Vásquez, sin representación ni mandato y que fue ordenado por la Jueza recurrida mediante proveído de 9 de septiembre de 2005, encontrándose actualmente detenido.

Relata que el 31 de julio de 1992, Gerardo Vásquez Morales instauró querella contra  Zacarías Tarquino Tiñani y otro, y que por Auto inicial de 18 de agosto de 1992 se amplió la misma contra su representado por la supuesta comisión de los delitos previstos en los arts. 198, 203, 337 y 23 del Código penal (CP), dictándose Auto de procesamiento de 10 de octubre de 1994 que remitido al plenario, su representado fue declarado rebelde y contumaz a la ley en audiencia de 24 de octubre de 1995, designándole defensor de oficio a Edwin Mamani Orellana, sin que conste en el expediente memorial de aceptación del cargo con el respectivo juramento de ley, por lo que a solicitud de la querellante fue sustituido por Rosse Mary Álvarez, sin que tampoco exista memorial de aceptación jurada, dictándose Sentencia de 12 de noviembre de 1998, luego de cuatro años de iniciado el trámite, condenándose a su representado a la pena de tres años de reclusión que le fue notificada mediante edictos, siendo apelada por el querellante y uno de los co procesados, sin que empero la defensora lo haya hecho por su representado, quedando así en completo estado de indefensión, siendo remitido el proceso a la Sala Penal Segunda que por Auto de Vista de 28 de junio de 1999 confirmó la Sentencia, con la modificación de incrementar la pena a cuatro años de presidio, la que una vez ejecutoriada, la parte civil tramitó la reparación de daños civiles, concluido lo cual y ante el descuido del interesado se archivó el expediente, hasta que se solicitó su desarchivo por Juana Lily Pérez Mejía, sin acompañar poder suficiente, lo que no fue observado por la Jueza recurrida y lo más grave es que solicitó mandamiento de condena, firmando como abogada y por la interesada, mereciendo el Auto de 8 de septiembre de 2005, habiendo presentado otro memorial el 10 de septiembre de 2005, recibido por el Secretario la misma fecha, que sin embargo es providenciado el 9 de septiembre lo que significa que el mandamiento de condena fue ordenado antes de ser solicitado por quien no es parte legitimada para hacerlo, atentando contra el debido proceso y provocando la detención ilegal de su representado.