AUTO CONSTITUCIONAL 156/2005-CA

José Alberto Carrasco Vidaurre y Blanca Albina López de Carrasco dentro del proceso coactivo civil seguido por el Banco Mercantil S.A. en contra de ambos, solicitan al juez de la causa, promueva recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad contra los arts. 48, 49, 50 y 51 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia familiar de 28 de febrero de 1997, Ley 1760 (LAPCAF). 

Refieren que el 27 de julio de 1998 suscribieron un contrato de préstamo y constitución de garantías con el Banco Mercantil S.A., reprogramado el 10 de diciembre de 2001 mediante escritura pública de contrato de préstamo y garantías por $us.109.628.34, en el que se ha establecido por el Banco, prácticamente como contrato de adhesión, el cumplimiento de la cláusula vigésima segunda en la cual refiere que el deudor y la garante de modo expreso, definitivo e inmodificable renuncian a los trámites del proceso ejecutivo y de manera libre y voluntaria se someten a la ejecución coactiva civil de garantías sobre créditos hipotecarios y prendarios establecidos en los arts. 48 a 51 de la LAPCAF.

Argumentan que la normativa de los arts. 48 al 51 de la LAPCAF ha logrado vulnerar principios y valores fundamentales de la CPE y los arts. 90 y 190 del Código de Procedimiento Civil; rt. 519 del Código Civil y art. 35 de la CPE en concordancia con el Pacto de San José de Costa Rica, Convención de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos que tutelan la protección de derechos humanos y garantías fundamentales referentes a la garantía del debido proceso y seguridad jurídica, se concluye que los arts. 48 al 51 de la LAPCAF vulneran y atentan bienes jurídicos protegidos de la CPE, de las garantías del debido proceso y seguridad jurídica enmarcadas dentro de la aplicación de los arts. 16 y 7 de la CPE.