SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1154/2005-R

III.3. Otro motivo para declarar la improcedencia del presente recurso estriba en la existencia de hechos y derechos controvertidos, por cuanto tanto el recurrente como el recurrido aducen ser legítimos adjudicatarios de la caseta en cuestión, acusándose mutuamente de la restricción del derecho al trabajo, pues uno y otro alegan que no se les permite la realización de su actividad de venta de carne, por lo que esta controversia previamente deberá ser dilucidada en las instancias que correspondan según se tiene referido precedentemente, por lo que en tanto no exista certidumbre respecto a quién es el legítimo adjudicatario de la caseta, no es posible otorgar la tutela solicitada, puesto que para ello se requiere que tanto los hechos como los derechos estén plenamente consolidados. En ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de este Tribunal, citando para el efecto la SC 1370/2002-R, de 11 de noviembre, en la que se estableció el siguiente razonamiento:

         “(...) el ámbito del amparo constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales”.