AUTO CONSTITUCIONAL 0005/2006-CA

II.2.  Bajo la premisa de que el art. 120 inciso 1) de la CPE establece  como una de las atribuciones del Tribunal Constitucional el control de constitucionalidad de las leyes, decretos y resoluciones no judiciales, es decir, un control normativo a que se activa a través de dos vías, la del recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad y la del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, este último como una vía de control concreto; cabe hacer notar que el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad, busca verificar la compatibilidad de la disposición legal impugnada con los principios, preceptos y normas de la Constitución; con el objeto de depurar el ordenamiento jurídico mediante dicho examen de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas, pero de manera abstracta, -como su nombre lo indica-, no relacionadas a un caso concreto o particular; tal cual lo establece el art. 54 de la LTC al señalar que: “El recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad procederá contra toda ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, contraria a la Constitución Política del Estado como acción no vinculada a un caso concreto”.

Al respecto, la Sentencia Constitucional 0075/2004 de 13 de julio, a tiempo de declarar infundado un recurso de esta naturaleza, por referirse a un caso concreto y no abstracto, señaló que: “En el correcto sentido de estas normas, encontramos que el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad no puede recaer sobre resoluciones que, como en el presente caso, se han dado en situaciones concretas. RS 215976 de 4 de julio de 1995, dictada por el entonces Presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada, motivo del recurso que se examina, tiene precisamente esa característica: la de referirse a un caso concreto emergente del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia dentro del recurso directo de nulidad que había interpuesto Elena Yanguas y otros, resultando de ello la nulidad de las Resoluciones Ministerial y Suprema 01318 de 26 de julio de 1968 y 155613 de 26 de enero de 1971, respectivamente, por las que se hizo dotación de tierras en el fundo rústico “El Palomar””.